Un conjunto de 39 organizaciones ambientales, académicas, turísticas y comunitarias, entre ellas el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) y la Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), exigió la reubicación inmediata de los 29 privados de libertad trasladados recientemente por el Gobierno al Parque Nacional Coiba.
En su pronunciamiento, también reclamaron al Consejo Directivo del área protegida que asuma su rol de vigilancia y garantice el cumplimiento de la Ley 44 de 2004, que prohíbe la ocupación humana en el sitio, salvo para fines de administración, investigación científica y ecoturismo.
El Parque Nacional Coiba, considerado una de las áreas protegidas más importantes de Panamá, fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco en 2005, debido a su valor ecológico excepcional.
En sus ecosistemas habitan más de 70 especies endémicas y especies de relevancia global como la ballena jorobada, el tiburón ballena y la tortuga carey, lo que lo posiciona como uno de los principales refugios de biodiversidad marina del Pacífico oriental.
Los arrecifes
A esta riqueza se suman unas 1,700 hectáreas de arrecifes de coral, incluido el segundo más grande del Pacífico, además de su integración al Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), considerado candidato a Reserva de la Biosfera transfronteriza.
Organizaciones como la Fundación para la Protección del Mar (Promar) y MarAlliance advierten que cualquier alteración en el régimen de protección del parque puede generar impactos irreversibles en sus ecosistemas.
Las organizaciones recordaron que el artículo 28 de la Ley 44 de 2004 estableció la obligación de trasladar a los privados de libertad que permanecían en el antiguo penal dentro del parque hacia otras instalaciones, a más tardar un año después de la entrada en vigencia de la norma. También dispuso que las infraestructuras existentes fueran entregadas al Ministerio de Ambiente para su administración mediante el Consejo Directivo del parque.
Sin embargo, los firmantes cuestionaron que dicho Consejo Directivo no haya sido consultado antes de la reciente decisión de reubicar a los privados de libertad en el área protegida, a pesar de que en él participan instituciones del Estado y actores de la sociedad civil.
Entre las organizaciones que expresaron preocupación también figura la Fundación Naturaleza y la Red Nacional en Defensa del Agua de Panamá, que señalan una debilidad en la gobernanza ambiental del área.
Otras advertencias
El pronunciamiento advierte además que la medida podría afectar la actividad turística en Coiba, uno de los destinos naturales más visitados del país, con impacto en economías locales vinculadas al ecoturismo. Actores del sector, como el Panama Dive Center y la Cámara de Turismo de Santa Catalina, han sido parte de las organizaciones firmantes que alertan sobre posibles efectos negativos en la imagen internacional del parque.
Los firmantes —entre ellos el Frente Santeño contra la Minería y el Proyecto Primates Panamá— calificaron como insuficientes las acciones adoptadas por el Consejo Directivo para revertir la situación.
Por ello, exigieron al Ministerio de Gobierno desistir de la medida y pidieron una actuación inmediata del Ministerio de Ambiente y del Consejo Directivo de Coiba, antes de que el caso trascienda a escala internacional y comprometa la credibilidad del área protegida.
