La crisis del agua en Panamá debe asumirse como un tema de seguridad nacional, al mismo nivel que la defensa del territorio o la estabilidad institucional del Estado, advirtieron especialistas de Iniciativa Ciudadana y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ambas organizaciones coincidieron en que los problemas más visibles del suministro —fugas, baja presión y deficiencias en la calidad del servicio— no responden a la falta de agua disponible, sino a fallas estructurales de gestión e institucionalidad que el país ha postergado por décadas.
Este fue el mensaje central del Foro del Agua 2025, realizado el 27 de agosto bajo el lema Agua para todos: Gobernanza, Equidad y Acceso, organizado por La Prensa.
Abdiel Cano, miembro de la Comisión Intergremial de Agua y de la Iniciativa Ciudadana, recalcó de forma enérgica que el agua debe ser vista como un tema de seguridad nacional. Durante su exposición subrayó tres ejes prioritarios: la necesidad de un nuevo marco regulatorio, un modelo de negocio con un operador estatal fuerte y un plan de inversiones estratégicas en infraestructura hídrica.
Según Cano, el nuevo marco regulatorio debe unificar competencias dispersas y establecer reglas claras; el modelo de negocio requiere un operador estatal sólido y con capacidad técnica; y el plan de inversiones debe enfocarse en rehabilitar infraestructura, culminar plantas potabilizadoras —como las de Arraiján y Gamboa— y ampliar proyectos en comunidades como Chepo y Pacora (Panamá Este).
Cano, quien fue director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), advirtió: “Así como cuidamos nuestras fronteras, nuestro territorio y nuestras instituciones en materia de seguridad nacional, igualmente debe asumirse el tema hídrico”.
Actualmente, Panamá alcanza solo un 40% de implementación en la gestión integrada de los recursos hídricos, por debajo del promedio mundial (57 %) y apenas por encima del promedio regional de América Latina y el Caribe (39 %).
Este rezago, sumado a la fragmentación institucional —con más de 15 entidades, 34 leyes y 3,500 juntas rurales operando sin coordinación—, debilita la capacidad de respuesta frente a sequías, inundaciones y la creciente contaminación de ríos como La Villa, Estibaná y Pacora.
De acuerdo con Cano, estudios de la ONU evidencian que la demora en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en agua y saneamiento, responde a la falta de coordinación entre instituciones, lo que dispersa los esfuerzos mientras la calidad del recurso hídrico se deteriora.
Como medida inmediata, Cano recomendó crear un Consejo Nacional de Seguridad Hídrica, presidido por el presidente de la República y con participación de ministros y directores clave, para garantizar decisiones al más alto nivel.
A mediano y largo plazo, propuso la conformación de una Autoridad Nacional de los Recursos Hídricos que integre al Idaan, la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección de Cuencas del Ministerio de Ambiente, bajo un esquema corporativo con junta directiva profesional, transparencia y controles modernos.
También resaltó la necesidad de rescatar y aprobar un plan maestro para el área metropolitana de Arraiján y La Chorrera, junto con un plan estratégico para el interior del país. Entre las prioridades mencionó la ampliación de potabilizadoras en Chepo y Pacora, la posible construcción de una nueva planta y el desarrollo de fuentes alternas como el río Indio, reservorios multipropósitos y acuíferos. Subrayó además la importancia de usar con responsabilidad el nuevo mapa hidrogeológico elaborado por MiAmbiente, evitando la sobreexplotación de los recursos.
BID plantea retos y reformas urgentes
María Eugenia de la Peña, especialista líder de Agua y Saneamiento del BID, coincidió en que los problemas de Panamá no obedecen a falta de disponibilidad, sino a una deficiente gestión y gobernanza. Explicó que, aunque el país cuenta con suficientes fuentes hídricas, persisten fallas en saneamiento, mantenimiento de infraestructura, medición del consumo y reducción de fugas, lo que limita el acceso equitativo y de calidad.
Desde la perspectiva del BID, los principales desafíos son: la brecha rural-urbana en el acceso a agua y saneamiento; la falta de apoyo e inversión en acueductos rurales —muchos gestionados por juntas comunitarias sin asistencia técnica—; la dependencia financiera del Idaan, que solo cubre el 70 % de sus costos operativos; y los bajos niveles de facturación y cobro.
De la Peña agregó que las pérdidas de agua por redes obsoletas impiden aprovechar nuevas plantas potabilizadoras, mientras que la limitada flexibilidad administrativa y la falta de autonomía restringen la capacidad de respuesta en compras urgentes y gestión de personal.
El BID recordó que en las últimas tres décadas ha apoyado diversos intentos de transformación del Idaan —desde propuestas de sociedades anónimas estatales hasta la creación de una Autoridad del Agua—, pero ninguno prosperó.
Hoy se impulsa un contrato de asistencia técnica, aunque los avances se frenan por la estructura organizativa rígida de la institución.
La especialista del BID sugirió evaluar modelos más autónomos y flexibles, como empresas públicas bajo régimen comercial o autoridades estatales descentralizadas, inspiradas en experiencias exitosas en Medellín, Monterrey y Brasil. Destacó que la voluntad política y el consenso social son indispensables para concretar la transformación.
El organismo instó a Panamá a invertir entre 0.5 % y 1 % del PIB en agua y saneamiento, con el fin de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recalcó la necesidad de priorizar la sostenibilidad, la planificación a largo plazo y la creación de un ente técnico rector que coordine la política hídrica más allá de los ciclos políticos.
Ambos expositores coincidieron en que el agua en Panamá no falta; lo que falta es voluntad para actuar.
Cano concluyó: “La seguridad hídrica no depende de tener abundancia, sino de una gestión adecuada. Lo que falta es “voluntad y coraje”. Por su parte, De la Peña señaló: “Las propuestas, los antecedentes y las leyes están. Solo falta decidir qué camino tomar, y ya están todos los elementos para construirlo”.
