En Panamá, el acceso a derechos fundamentales como la salud, el agua potable y la educación continúa marcado por profundas desigualdades territoriales y sociales. Así lo confirma el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Panamá 2025, presentado recientemente por la Defensoría del Pueblo, que advierte que miles de personas siguen viendo limitado el ejercicio de sus derechos por razones tan básicas como el lugar donde nacen o viven.
El documento, elaborado a partir de quejas ciudadanas, visitas defensoriales, inspecciones de campo y monitoreos institucionales realizados en todo el país, señala que, pese a avances normativos y esfuerzos puntuales, persisten fallas estructurales que afectan con mayor fuerza a comunidades rurales, comarcales e indígenas, así como a otros grupos históricamente excluidos.
Uno de los ejes centrales del informe es el derecho a la salud. La Defensoría del Pueblo documenta que las quejas por demoras en la asignación de citas, cirugías postergadas, escasez de medicamentos y deficiencias en la atención de urgencias continúan siendo recurrentes en el sistema público.
Estas limitaciones se agravan fuera del eje urbano, donde la distancia geográfica, la infraestructura deteriorada y la limitada capacidad instalada dificultan el acceso oportuno y continuo a los servicios. Desde un enfoque de derechos humanos, el informe subraya que la atención en salud no puede depender ni del lugar de residencia ni de la capacidad económica de las personas, una condición que todavía no se garantiza plenamente.
De hecho, las autoridades del Ministerio de Salud reconocen que el principal desafío no radica en la cantidad de médicos, sino en la forma en que se distribuyen los médicos generales y especialistas en el territorio. Esta desigualdad provoca que regiones del interior y áreas de difícil acceso cuenten con servicios médicos insuficientes, lo que afecta tanto la atención primaria como la atención quirúrgica y otros servicios críticos.
El problema se hace evidente en provincias como Bocas del Toro y en hospitales regionales como el Gustavo Nelson Collado, en Chitré, donde la falta de especialistas limita el acceso a atención médica especializada.
Sobre el tema, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, indicó que la fragmentación institucional continúa afectando a la población, a pesar de los esfuerzos recientes para mejorar el abastecimiento de medicamentos y fortalecer la atención primaria.
“Panamá necesita un sistema de salud articulado, con una ruta unificada de atención y abastecimiento. La población sigue sintiendo las demoras, pero ya se están dando pasos importantes”, expresó.
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Agua potable: una carencia que se repite
El acceso al agua potable aparece como otra de las principales preocupaciones recogidas en el informe. La Defensoría del Pueblo registra interrupciones prolongadas del suministro, escasez y deficiencias en los sistemas de potabilización en distintas regiones del país, situaciones que comprometen derechos básicos como la salud, la alimentación y la higiene.
Leblanc resaltó la persistencia de brechas en el acceso al agua potable, especialmente en comunidades rurales, urbanas y comarcales. Las interrupciones prolongadas, la falta de monitoreo de las fuentes y la infraestructura obsoleta continúan afectando este derecho. La Defensoría del Pueblo reconoce acciones recientes orientadas a modernizar sistemas y ampliar la capacidad instalada, pero advierte que se requiere una planificación más sólida y sostenida para garantizar un acceso equitativo y seguro.
En zonas del interior, como Azuero, y en comunidades rurales y vulnerables, la falta de mantenimiento preventivo y el rezago histórico en infraestructura han derivado en crisis recurrentes que evidencian la ausencia de una planificación sostenible y de respuestas estructurales a largo plazo.
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Un ejemplo de ello es la situación de la región de Azuero, cuya población no cuenta con agua apta para el consumo humano directamente del grifo desde el pasado 27 de mayo, debido a la contaminación de los afluentes que abastecen las principales plantas potabilizadoras.
Educación en condiciones desiguales
En el ámbito educativo, las inspecciones defensoriales revelaron centros escolares con infraestructura deteriorada, carencia de servicios básicos como agua y electricidad, mobiliario en mal estado y déficit de personal. Estas condiciones, advierte la Defensoría, no solo afectan el proceso de aprendizaje, sino que amplían las brechas entre regiones y vulneran el derecho de niñas, niños y adolescentes a educarse en entornos seguros y dignos.
El informe recuerda, además, que Panamá acumula una pérdida significativa de días de clases presenciales en los últimos años, producto de la pandemia y de conflictos prolongados, una situación que ha profundizado las desigualdades educativas, especialmente en las zonas ya rezagadas.
Mujeres, niñez y adolescencia: protección insuficiente
La situación de mujeres, niñas, niños y adolescentes ocupa un espacio relevante en el documento, ya que se identifican barreras persistentes en el acceso a mecanismos de protección frente a la violencia de género, con respuestas institucionales fragmentadas, demoras en la atención y una débil articulación entre las entidades responsables.
El aumento de femicidios y las denuncias reiteradas de violencia doméstica evidencian, según el informe, una deuda del Estado en materia de prevención, atención oportuna y sanción efectiva. A ello se suma la situación de la niñez y adolescencia, marcada por violencia escolar, discriminación racial y étnica, limitaciones en el acceso a la salud mental y debilidades en los sistemas de protección, especialmente en comunidades indígenas, afrodescendientes, de personas con discapacidad o en movilidad humana.
Migración, discapacidad y vejez
El informe dedica un apartado a la movilidad humana, en el que alerta sobre los riesgos que enfrentan las personas migrantes, en particular mujeres, niñas, niños y adolescentes, tanto en la ruta migratoria como en los procesos de retorno. Entre las principales afectaciones se identifican la exposición a la violencia, las dificultades para acceder a servicios de salud y saneamiento, y la falta de información clara y accesible.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo documenta las barreras que continúan enfrentando las personas con discapacidad y las personas mayores para acceder a servicios, empleo, espacios públicos y mecanismos de participación. Las quejas por falta de accesibilidad, ausencia de ajustes razonables y respuestas institucionales tardías reflejan una exclusión persistente que limita su autonomía y el ejercicio pleno de una vida digna.
En sus conclusiones, la entidad advierte que el panorama descrito confirma la persistencia de brechas profundas en el acceso a derechos básicos, que afectan de manera desproporcionada a personas en situación de pobreza y a comunidades rurales, comarcales e indígenas.
Cerrar estas brechas, señala el informe, requiere fortalecer la presencia del Estado en el territorio, mejorar la coordinación interinstitucional, garantizar presupuestos adecuados y colocar el enfoque de derechos humanos como eje transversal de las políticas públicas. Mientras esto no ocurra, los derechos humanos seguirán siendo, para amplios sectores de la población, una promesa incompleta más que una realidad cotidiana.
En su balance general, Leblanc destacó que el país enfrenta retos profundos, pero también avances que deben preservarse y ampliarse.
