La regulación del transporte por plataformas en Panamá generó una ola de reacciones en redes sociales, en su mayoría críticas, tras una consulta (no científica) realizada por La Prensa a sus lectores sobre el nuevo decreto que establece reglas para los llamados “taxis de lujo”.
Entre decenas de comentarios, predominó el rechazo a la medida. Expresiones como “no”, “no estoy de acuerdo” y variantes más enfáticas se repitieron ampliamente.
Uno de los temas más recurrentes fue la desconfianza hacia la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Varios usuarios cuestionaron la capacidad de la entidad para fiscalizar el nuevo modelo, señalando que aún persisten problemas en el transporte tradicional, especialmente en el servicio de taxis.
“Primero regulen los taxis”, “no han podido ordenar lo que ya existe” y “no pueden con los amarillos” fueron ideas que se repitieron en múltiples intervenciones.
Otro eje central del debate fue el rol de las prestatarias, que concentró críticas constantes. Usuarios advirtieron que el decreto podría beneficiar a estos intermediarios, a quienes acusan de encarecer el sistema y concentrar los cupos de operación. Comentarios como “es un negocio para las prestatarias”, “más dinero para los mismos” y “otro negociado” se repitieron en distintas formas.
También hubo coincidencias en torno a la percepción de corrupción o intereses políticos detrás de la medida. Varios participantes sugirieron que la regulación responde más a beneficios económicos para ciertos sectores que a una mejora del servicio.
En paralelo, una parte significativa de los comentarios defendió el modelo actual de plataformas como Uber o inDrive, destacando su eficiencia, comodidad y mejores condiciones frente al transporte tradicional. En ese sentido, algunos usuarios consideraron que la regulación podría deteriorar un servicio que, a su juicio, “sí funciona”.
Otra preocupación recurrente fue el posible impacto económico en los conductores, especialmente aquellos que utilizan estas plataformas como fuente de ingreso. Algunos comentarios alertaron sobre mayores costos, trámites y requisitos que podrían dejar fuera del sistema a quienes no puedan cumplirlos.
Aunque en menor medida, también se registraron opiniones a favor de la regulación, principalmente bajo el argumento de que el sector requiere orden, control y pago de impuestos, así como condiciones similares a las exigidas a los taxis.
