La Defensoría del Pueblo solicitó este jueves 14 de agosto una investigación exhaustiva por la muerte de una menor de 5 meses en el distrito de Calobre, provincia de Veraguas, caso en el que, según reportes preliminares, habría intervenido un supuesto “curandero”.
En un comunicado, la institución lamentó el fallecimiento y extendió sus condolencias a los familiares, advirtiendo que la pérdida de una vida infantil constituye una tragedia que interpela a toda la sociedad y obliga a reforzar los mecanismos de protección de la niñez establecidos por la ley.
De acuerdo con la información, la menor recibió atención y orientación médica en el Centro de Salud Aristides Vallester tras presentar síntomas de vómito y diarrea; sin embargo, no fue hospitalizada ni sometida a tratamiento urgente, incluyendo canalización, luego de que el padre se negara tras alegar que un curandero les recomendó que no fuera inyectada porque estaba “ojeada”.
Esthepany de La Rosa, directora médica de la instalación, informó que le comunicaron a los padres sobre el proceso de relevo de responsabilidad, pero se retiraron de las instalaciones de salud sin firmar el documento. Solo retiraron los medicamentos.
#Veraguas | Informamos sobre el sensible fallecimiento de una menor en la comunidad de Pandura, Calobre. Reiteramos a la población que la atención médica oportuna y el seguimiento a las indicaciones de los profesionales de salud son pasos esenciales para proteger y salvar vidas. pic.twitter.com/fsVMMhxFs1
— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) August 12, 2025
Según la Defensoría, el artículo 33 de la Ley 285 de 2022 faculta a los centros de salud —públicos o privados— a intervenir de forma inmediata cuando la vida o integridad de un menor esté en riesgo, incluso ante la negativa de los padres o tutores.
La Defensoría recordó que, en estos casos, la normativa obliga a activar de inmediato a la Policía de Niñez y Adolescencia y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida. También enfatizó que la ley reconoce a los padres como primeros responsables de la salud y bienestar de sus hijos, y que este deber no puede ser reemplazado por creencias, costumbres o prácticas contrarias a la preservación de la vida.
La entidad manifestó su preocupación por la presunta intervención del curandero y pidió al Procurador General de la Nación ejercer las acciones penales correspondientes tanto contra él como contra los padres de la menor. Asimismo, solicitó al Ministerio de Salud investigar si se aplicaron de manera correcta los protocolos médicos y hospitalarios en este caso.
“Respetamos la diversidad cultural y las distintas cosmovisiones, pero ninguna tradición puede justificar la privación del derecho fundamental a la vida de una niña”, destacó la Defensoría, recordando que la Constitución, la Ley 285 de 2022 y los tratados internacionales ratificados por Panamá establecen que el interés superior del niño prevalece en cualquier circunstancia.
La institución informó que ya presentó la denuncia correspondiente y anunció que dará seguimiento al desarrollo de las investigaciones.
