La Defensoría del Pueblo identificó una serie de riesgos que viven los menores de edad migrantes, que transitan por el territorio panameño, al tiempo que pide una efectiva coordinación entre países vecinos para abordar este problema.
En un informe sobre la “Situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en movilidad y en zonas de fronteras”, la Defensoría plantea una serie de situaciones que tienen que ser atendidas por el Estado panameño.
Entre los riesgos a los que están expuestos los menores que hacen su travesía por el territorio panameño, la Defensoría resalta el de morir o desaparecer por falta de rutas seguras, detención por razones de inmigración y la falta de información pública y datos desagregados de los menores que conforman el flujo migratorio mixto inverso.
También advierte sobre la exposición a diferentes tipos de violencia, incluyendo la sexual, trata y tráfico de personas, situaciones de abuso y separación familiar. Otro punto que resalta es la falta de acceso a salud, educación, alimentación, para mujeres gestantes, lactantes y menores de 5 años, y servicios de protección especializada para los menores.
De acuerdo con los datos divulgados por la Defensoría en 2024 se reportó el ingreso al país 64,764 menores de edad, mientras que en los primeros siete meses de 2025: 474.
El flujo migratorio por Darién cayó en julio de este año un 98% y la Defensoría informa que siguen ingresando embarazadas y menores de edad.
La entidad reiteró que debe continuarse con las investigaciones sobre los delitos cometidos y combatir la impunidad.
Recomendaciones de la Defensoría
Los NNA (niños, niñas y adolescentes) en el contexto de la movilidad humana y los de las comunidades de acogida, deben ser tratados ante todo como Niños; hay que proteger la integralidad de sus derechos, atender sus necesidades y potenciar sus capacidades. Lo cual requiere un mayor compromiso de los sistemas locales de protección.
Es fundamental que todas las entidades del Estado comprendan y apliquen el Principio de Interés Superior en cualquier toma de decisión que pueda afectar a NNA; para ello debe tenerse en cuenta los estándares internacionales contenidos en la Observación 14 (2013) del CDDN (Convención sobre los Derechos del Niño) y lo establecido en la Ley 285 de 2022 (artículos 7 al 10).
Panamá debe fortalecer la gobernanza migratoria con enfoque de DDHH (Derechos Humanos), especialmente en favor de los NNA y sus familias, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Esto incluye lo establecido en la Convención Americana de DDHH (1969), Convención sobre trabajadores migratorios (1990), los Principios Interamericanos sobre DDHH de personas migrantes de la CIDH (2019), la Observación General N.º 6 del CDDN (2005) y la Opinión Consultiva 21/2014 de la Corte IDH, entre otros.
La respuesta del Estado frente a los nuevos desafíos de las dinámicas migratorias y la movilidad humana debe ser flexible, adaptable y contar con la experiencia adquirida en los últimos años.
Trabajar de manera coordinada con Costa Rica y Colombia para establecer rutas de movilidad seguras.
Apoyar a los gobiernos locales y comunidades de acogida en la gestión adecuada de los flujos migratorios mixtos.
Garantizar la atención especializada y protección prioritaria e integral a los NNA que viajan separados y/o no acompañados; las mujeres gestantes, lactantes, los hogares monoparentales y las familias con NNA.
Promover el acceso a información sobre rutas seguras de movilidad, brindar asistencia legal y garantizar el derecho a solicitar protección internacional.
Fortalecer la protección prioritariza y especializada de todos los NNA que se encuentran en el territorio nacional, atendiendo las obligaciones legales contenidas en la ley 285 de 2022 sin ningún tipo de distinción o discriminación.
Socializar y garantizar la aplicación efectiva del protocolo para la identificación y atención a NNA no acompañados y/o separados en contexto de movilidad humana en Panamá.
La entidad plasma en su reporte que se analizó la situación de los niños, niñas y adolescentes en Panamá, entre 2024 y julio de 2025, y que se realizaron visitas a las provincias de Darién, Chiriquí, Colón y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala. Además, que se realizaron entrevistas con instituciones, organizaciones y líderes locales, y se aplicaron formularios para valorar la respuesta institucional.
