La violencia sexual continúa siendo una de las manifestaciones delictivas que más afecta a Panamá. Su crecimiento sostenido y, en muchos casos, silencioso mantiene en alerta a organizaciones de la sociedad civil y a organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que han advertido sobre el impacto de estos delitos, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.
Las cifras oficiales reflejan que el problema no solo persiste, sino que muestra una tendencia ascendente.
Entre enero y mayo de 2026, el Ministerio Público contabilizó 2,665 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, frente a las 2,339 registradas en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 14%.
En términos prácticos, durante los primeros cinco meses del año se presentaron casi 18 denuncias diarias, lo que equivale a un delito sexual denunciado aproximadamente cada hora y 20 minutos.
Mayor incidencia
Los delitos con mayor incidencia fueron el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, que aumentó de 774 a 1,006 denuncias, un crecimiento del 30%, y la violación, que pasó de 885 a 887 casos, manteniéndose prácticamente sin variación. En conjunto, ambos delitos concentraron más del 70% de todas las denuncias registradas en el período analizado, lo que evidencia el peso que tienen estas conductas dentro de la criminalidad sexual del país.
Las estadísticas también muestran un incremento en delitos que afectan directamente a menores de edad. La corrupción de personas menores de edad aumentó un 32%, al pasar de 118 a 156 casos, mientras que la pornografía infantil registró uno de los mayores incrementos, con un 52%, al subir de 27 a 41 denuncias.
Asimismo, las denuncias por violación doblemente agravada crecieron un 10% y los actos libidinosos un 9%, consolidando una tendencia al alza en varias modalidades de violencia sexual.
Aunque algunos delitos registraron disminuciones, como el acoso sexual (-14%), la explotación sexual (-38%) y la posesión de pornografía infantil (-9%), estas reducciones no fueron suficientes para revertir el aumento general de las denuncias.
Registro pendiente
En este contexto, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Seguridad Pública tienen previsto reunirse esta semana para abordar la implementación del Registro Oficial de Ofensores Sexuales, una herramienta planteada como mecanismo de prevención ciudadana.
La iniciativa busca fortalecer el control sobre las personas condenadas por delitos sexuales y facilitar el acceso a información que permita reducir riesgos, especialmente para niños, niñas y adolescentes.
Como se recordará, en octubre de 2025 la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley 176, que estableció el acceso público al Registro Oficial de Ofensores Sexuales. Un mes después, el presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 501 de 2025, que formalizó esta medida. La normativa busca que la ciudadanía tenga acceso a información sobre personas condenadas por delitos sexuales y fortalecer los mecanismos de protección para las poblaciones más vulnerables.
La Ley 501 de 2025 establece que el Registro Oficial de Ofensores Sexuales deberá incluir los datos de personas mayores de edad que hayan sido condenadas mediante sentencia ejecutoriada por delitos contra la libertad e integridad sexual.
La información disponible permitirá identificar a ofensores sexuales condenados y deberá ser utilizada con fines preventivos, especialmente en espacios donde exista contacto con poblaciones vulnerables.
La normativa también contempla mecanismos para la emisión de certificaciones relacionadas con antecedentes sexuales, con el objetivo de que instituciones públicas y privadas puedan verificar si una persona representa un riesgo para menores de edad u otras personas protegidas por la ley.
