La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) manifestó su enérgico rechazo a la manera en que la Asamblea Nacional continúa manejando los descuentos obligatorios establecidos por la Ley 6 de junio de 1987 sobre beneficios a jubilados, pensionados y tercera edad, señalando que el sector no ha recibido “reconocimiento, compensación ni participación formal” en las discusiones que afectan directamente a las farmacias independientes.
El pronunciamiento de Unprofa se da en medio del debate de tres proyectos de ley presentados en el Legislativo, los cuales buscan ampliar los beneficios para jubilados y pensionados en Panamá.
Estos proyectos, recientemente unificados en un solo texto, han provocado un intenso debate entre los defensores de los derechos de los adultos mayores y representantes del sector comercial, turístico y empresarial, que advierten sobre el impacto económico que estas medidas podrían tener en negocios pequeños y medianos.
“Resulta inconcebible que, después de más de tres décadas de sostener con recursos propios el costo de estos beneficios sociales, se pretenda seguir imponiendo obligaciones al sector sin escucharlo y sin medir su impacto real”, expresó Unprofa en un comunicado oficial.
La organización subrayó que las farmacias independientes han absorbido históricamente descuentos que equivalen a sus márgenes operativos, sosteniendo políticas sociales con fondos privados, mientras el Estado no reconoce ni compensa el esfuerzo económico que esto representa.
Según el gremio, esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de los negocios farmacéuticos independientes y podría afectar el acceso de la población a medicamentos esenciales, especialmente en comunidades fuera de la capital.
“Durante años hemos financiado estas políticas sociales sin recibir apoyo ni mecanismos que garanticen la continuidad de nuestras operaciones”, añade el comunicado.
Los representantes de Unprofa hacen un llamado a la Asamblea Nacional y a las autoridades gubernamentales para abrir un espacio de diálogo que incluya a las farmacias independientes en las decisiones sobre descuentos y compensaciones.
Advierten que, de mantenerse el modelo actual, muchas farmacias pequeñas y medianas podrían verse obligadas a cerrar, con consecuencias directas para los pacientes y para la economía local.
Además, la organización alerta sobre la falta de estudios de impacto económico y social de las nuevas iniciativas legislativas. Señalan que cualquier ampliación de beneficios sin considerar la capacidad financiera del sector privado puede generar un efecto negativo en la cadena de suministro de medicamentos y en la disponibilidad de productos farmacéuticos.
En este contexto, Unprofa insiste en que la participación activa y la transparencia son esenciales para garantizar que las políticas sociales no terminen trasladando la carga económica exclusivamente a las farmacias independientes, poniendo en riesgo tanto su viabilidad como la salud de la población panameña.
