El desguace de embarcaciones muy cerca de la ciudad de Colón y sin instrumentos de gestión ambiental ha generado inquietud entre activistas y organizaciones ecológicas.
Ricardo Wong, presidente de la Fundación para la Protección del Mar (Promar), admitió que en Panamá hay bastantes barcos abandonados hace años, que deben ser removidos y desguazados.
No obstante, se refirió a lo que ocurre en la ciudad de Colón, donde se lleva a cabo esa tarea en medio de pocos controles ambientales. “Me parece que se requieren mejores instalaciones para esta actividad. Es muy delicado, porque los barcos tienen tanques de combustible o agua de lastre”, dijo.
En palabras de Wong, el país tiene un problema con todas esas naves que han quedado allí en Colón y hay que buscar una solución que cumpla con instrumentos ambientales adecuados.
Datos de la Autoridad del Canal de Panamá dan cuenta de que solo en los fondeaderos de Colón se han detectado 14 naves hundidas en el lado oeste y 5 en el este.
Más allá, estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) precisan que en el país existen 70 embarcaciones en estado de abandono.
En tanto, el abogado ambiental Harley Mitchell hijo recordó que la abogada Yamilka Arauz presentó en 2021 –a título personal– una denuncia administrativa ante el Ministerio de Ambiente contra la empresa J.A.M. Marine Dockyard, S.A., por carecer de estudio de impacto ambiental para operar un desguazadero en Colón.
“Resulta lamentable que las autoridades no detengan este tipo de actividades contaminantes”, dijo Mitchell, y agregó que hay un desorden en este tema que debe ser regulado, pues la Autoridad Marítima está otorgando permisos para desguazar en cualquier parte, sin control ambiental.
Wong y Mitchell coincidieron en que cualquier astillero o desguazadero necesita de estudio de impacto ambiental.
Auditoría ambiental
Sobre la denuncia citada por Mitchell, el Ministerio de Ambiente informó que a dicha empresa –que recibió un permiso de operación de uso de fondo de mar de la Autoridad Marítima–, se le pidió una “auditoría ambiental obligatoria” debido a que esa operación representa un “riesgo al ambiente”, y con el fin de realizar un diagnóstico y verificar si cumple con las leyes ambientales.
Según la entidad, esa auditoría debe ser entregada en el último trimestre de este año; así se sabrá si la empresa incumple alguna norma ambiental.
Además, el ministerio informó que su Dirección Regional en Colón sigue un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa por una denuncia ambiental que está en trámite.
“Nuestra Dirección realizó una inspección a solicitud de la empresa, encontrándola operando, por lo que en este sentido el auditor ambiental será el que indicará si dicha organización puede operar en ese sitio”, indicó el ministerio al responder por escrito preguntas de este diario.
En julio pasado, autoridades del Ministerio de Ambiente se reunieron con representantes del Consejo Municipal de Colón para tratar el tema de las embarcaciones abandonadas y los desguazaderos en la zona.
Ambas partes coincidieron en que se requiere elaborar un protocolo para que la extracción y desguace de estos navíos se realice con el menor impacto ambiental posible y sin riesgos para quienes hagan la labor.
Diana Laguna, viceministra de Ambiente, dijo en ese momento que varios barcos hundidos están en áreas protegidas, un problema que también les inquieta.
Destacó que pese a que la entidad rectora en el tema es la Autoridad Marítima de Panamá, se realizan esfuerzos para fijar los lineamientos inherentes al proceso de extracción de estos navíos que, dijo, también afectan la actividad pesquera y turística en Colón.
La Prensa pidió una versión a la Autoridad Marítima, pero al cierre de esta edición no respondió.
A su vez, Efraín Villarreal, representante de J.A.M. Marine Dockyard, afirmó que cumplen con las leyes ambientales. “Nos solicitaron una auditoría ambiental y nosotros la presentamos. También tenemos permiso de operación”, acotó.
