Dirigentes magisteriales y representantes de padres de familia manifestaron su preocupación por la posible modificación de los requisitos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), que elevaría el promedio académico mínimo para acceder al beneficio.
El dirigente de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), Armando Espinosa, alertó sobre los cambios anunciados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), al señalar que el aumento del promedio mínimo podría dejar por fuera a miles de estudiantes y afectar la permanencia escolar.
Espinosa recordó que en 2010 el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) se incrementó del 5% al 7%, bajo el argumento de que ese 2% adicional serviría para financiar una beca universal dirigida a unos 800 mil estudiantes en el país, con un promedio mínimo de 3.0.
Posteriormente, el programa cambió de nombre a PASE-U y ahora, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, ha señalado que se evalúa un nuevo ajuste que elevaría el promedio exigido de 3.5 a 4.0.
Según la entidad, este cambio —que se encuentra en fase de análisis— tiene como objetivo incentivar un mayor esfuerzo académico entre los estudiantes. De concretarse, la medida impactaría a miles de beneficiarios, ya que muchas familias podrían ver afectada la elegibilidad de sus hijos si no cumplen con el nuevo promedio establecido.
Sin embargo, a criterio del dirigente magisterial, “el objetivo original de esta beca era sostener al estudiante en el sistema educativo y evitar la deserción, no premiar únicamente la excelencia académica”.
Espinosa señaló que no todos los estudiantes alcanzan promedios de 4.0 o superiores y que muchos jóvenes con calificaciones entre 3.0 y 3.8 logran destacarse posteriormente en su vida profesional.
A su juicio, factores personales, familiares y de aprendizaje influyen en el rendimiento escolar, por lo que retirar el subsidio podría afectar a estudiantes que realmente lo necesitan.
El dirigente subrayó que las becas por mérito o excelencia ya existen para quienes alcanzan altos promedios, mientras que la beca universal cumple una función social distinta. “Para los estudiantes que no logran ese promedio por múltiples razones, lo que corresponde es ayudarlos a mantenerse en la escuela”, afirmó.
Asimismo, cuestionó que se pretenda restringir un beneficio financiado con recursos públicos provenientes de impuestos que pagan todos los panameños, incluidos los padres de familia. “La pregunta es si se quiere apoyar la educación o quitarle recursos a los estudiantes, cuando ese dinero fue creado precisamente para ellos”, concluyó.
Por su parte, Ariel Hught, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anpafa), afirmó que el PASE-U debe entenderse como un subsidio de permanencia educativa y no como un premio al rendimiento académico, al considerar que su función principal es garantizar que niños y jóvenes se mantengan en el sistema escolar, especialmente en un contexto de alta vulnerabilidad social.
Hught recordó que entre 2020 y 2025 Panamá enfrentó una de las crisis educativas más profundas de su historia reciente, con una deserción escolar acumulada que superó los 40 mil estudiantes, alcanzando niveles críticos en 2020 y 2022, según cifras del Ministerio de Educación (Meduca).
A esta situación se sumó la migración de más de 35 mil estudiantes del sistema privado al oficial, reflejo del deterioro económico que afectó a miles de familias durante y después de la pandemia.
En este escenario, el padre de familia destacó que el PASE-U ha sido un apoyo clave para cubrir necesidades básicas como transporte, alimentación y útiles escolares, evitando que muchos estudiantes abandonen las aulas para incorporarse al trabajo informal. Por ello, advirtió que condicionar el subsidio únicamente al promedio académico desvirtúa su propósito original.
“No se trata de justificar la mediocridad, sino de reconocer que el rendimiento escolar está directamente relacionado con factores familiares, económicos, emocionales y sociales”, señaló Hught, quien subrayó la necesidad de políticas educativas que evalúen de manera integral la realidad del estudiante.
El presidente de los padres de familia insistió en que una política educativa moderna debe priorizar la permanencia, el acompañamiento y el desarrollo humano por encima de una calificación numérica, especialmente en contextos de desigualdad.
Por último, Hught enfatizó que el apoyo económico a la educación no debe verse como un gasto sino como una inversión social estratégica, ya que programas como el PASE-U contribuyen a reducir la brecha social, garantizar el derecho a la educación y crear las condiciones necesarias para que el mérito académico pueda desarrollarse en igualdad de oportunidades.
