Han transcurrido dos meses desde que dos niñas estudiantes perdieron la vida al intentar cruzar la quebrada La Pita, en la comunidad de Mironó, comarca Ngäbe Buglé, cuando regresaban a sus hogares tras una jornada escolar. El hecho ocurrió en plena temporada lluviosa y volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan miles de estudiantes indígenas, obligados a atravesar ríos y quebradas sin infraestructura adecuada para acceder a la educación.
Con estas muertes, ya suman cuatro los estudiantes fallecidos en lo que va del año 2025 en la comarca, todos en circunstancias relacionadas con el cruce de afluentes. Los casos han reavivado el debate sobre la falta de infraestructura básica en zonas rurales e indígenas, así como la urgencia de implementar medidas sostenidas que garanticen el derecho a una educación segura.
La tragedia de Mironó se registró el 27 de octubre, fecha en la que se conmemoraba el Día del Estudiante. Dos días después, el 30 de octubre, el presidente José Raúl Mulino anunció, durante su conferencia de prensa semanal, la construcción de 100 puentes peatonales tipo zarzo en distintas regiones del país. El anuncio fue presentado como una respuesta a los riesgos que enfrentan comunidades vulnerables para acceder a escuelas, centros de salud y otros servicios esenciales.
Sin embargo, a dos meses de la promesa presidencial, el proyecto aún no ha superado la fase de planificación. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a La Prensa que la primera fase del Plan Nacional “100 Puentes Zarzo para la Comarca Ngäbe Buglé” está prevista para iniciar en el verano de 2026 y contempla la construcción de los primeros 50 puentes peatonales.
Esto significa que, mientras las obras se concentrarían en un periodo sin clases, el año escolar en curso concluyó sin que se implementara una sola solución concreta para reducir los riesgos que enfrentan los estudiantes durante sus trayectos diarios.
De acuerdo con la información suministrada por el MOP, al menos 12 de estas estructuras se construirán en la comunidad de Cascabel, en puntos considerados estratégicos para la conexión con centros educativos y áreas residenciales. También se prevé la ejecución de obras en las regiones de Ñö Kribo, Nedrini y Kädriri, donde la falta de infraestructura obliga a estudiantes, docentes y residentes a cruzar ríos y quebradas que, durante el invierno, se tornan intransitables.
Las autoridades explicaron que la selección de los sitios se realiza en coordinación con líderes comunitarios y autoridades locales, tomando en cuenta factores como la cantidad de estudiantes beneficiados, la frecuencia de los cruces y el nivel de riesgo de los afluentes durante la temporada lluviosa. No obstante, el MOP no detalló los criterios técnicos utilizados para priorizar unas comunidades sobre otras ni precisó el cronograma exacto de ejecución de las obras.
El diseño de los puentes zarzo, según el MOP, responde a las características geográficas y sociales de cada comunidad. Las estructuras están concebidas como pasos peatonales livianos, pero resistentes, capaces de soportar el tránsito diario de personas y de adaptarse a terrenos irregulares.
La entidad indicó que el objetivo es garantizar soluciones funcionales y sostenibles, con una vida útil estimada superior a los diez años, siempre que se cumplan los ciclos de mantenimiento establecidos.
Las autoridades estiman que esta primera fase del plan beneficiará a más de 10 mil personas, entre ellas estudiantes, docentes, adultos mayores y población en general. La construcción de los puentes permitiría mejorar el acceso a los centros educativos, reducir el ausentismo escolar durante la temporada lluviosa y facilitar el traslado hacia centros de salud y actividades económicas locales.
Retos técnicos y condiciones de ejecución
El MOP reconoció que la ejecución de proyectos de infraestructura en la comarca Ngäbe Buglé presenta desafíos técnicos y logísticos considerables. La topografía irregular, el difícil acceso a muchas comunidades y la limitada infraestructura vial encarecen los costos de construcción, que pueden llegar a triplicarse en comparación con obras similares en áreas urbanas.
En algunos casos, el traslado de materiales requerirá el uso de helicópteros, mientras que en otros será necesario recurrir a rutas marítimas, lo que incrementa la complejidad operativa del proyecto. A ello se suman las condiciones climáticas adversas, particularmente las lluvias frecuentes, que dificultan las labores constructivas y limitan los periodos efectivos de trabajo.
Estas condiciones obligan a planificar las obras en función de las estaciones del año, concentrando los trabajos en los meses de verano para reducir riesgos y retrasos. No obstante, esta dependencia del clima también representa un desafío para el cumplimiento de los plazos previstos.
El MOP indicó que la durabilidad de los puentes zarzo dependerá, en gran medida, del uso adecuado de la infraestructura por parte de las comunidades y del cumplimiento de los programas de mantenimiento. Para ello, se contempla la participación de las autoridades locales y de las propias comunidades en labores de supervisión y cuidado de las estructuras.
Mientras tanto, en comunidades como Mironó, la expectativa se mantiene en torno a la materialización de los anuncios oficiales. Padres de familia y docentes han reiterado la necesidad de soluciones inmediatas que eviten nuevas tragedias, especialmente durante la temporada lluviosa, cuando los riesgos se incrementan.
El MOP no especificó el monto total de inversión del proyecto. No obstante, el presidente Mulino indicó que se utilizarán 29 millones de dólares, obtenidos de la venta de 122 mil toneladas de concentrado de cobre almacenadas en la mina de Donoso, para obras sociales, entre ellas la construcción de los puentes zarzo.
Trayectos peligrosos y largos
A pesar de los anuncios y los planes en curso, la realidad cotidiana de muchos estudiantes indígenas sigue marcada por trayectos peligrosos y largos recorridos para llegar a la escuela. Para Nivia Rossana Castrellón, especialista en educación, el problema debe analizarse desde una visión más amplia del derecho a la educación, que incluya la accesibilidad.
“El derecho a la educación entraña cuatro pilares fundamentales: asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de la calidad educativa”, explicó. Sin embargo, en la comarca Ngäbe Buglé, la accesibilidad se ve gravemente comprometida por la falta de infraestructura adecuada.
“Los niños deben poner a diario en la balanza su derecho a la educación frente al riesgo de perder la vida. O estudian, o se arriesgan”, advirtió. “Y muchos eligen arriesgarse, porque en estas comunidades la educación es vista como la única vía para mejorar su calidad de vida”.
El análisis de la situación educativa en las comarcas revela una desigualdad estructural. El promedio de escolaridad en las comarcas indígenas es de apenas cinco años, frente a 9.5 años a nivel nacional. Además, el acceso a la educación secundaria se ve limitado por la lejanía de los centros educativos y la precariedad de las infraestructuras, que no están adaptadas a las necesidades de los estudiantes.
A ello se suma el limitado acceso a internet. “Las alertas sobre cambios climáticos, como las cabezas de agua, suelen difundirse por mensajes de texto o a través de radios comunitarias, muchas veces de forma tardía”, señaló Castrellón. “Eso expone a los niños a riesgos que no siempre pueden prever”.
Durante los últimos 25 años, entre 55 y 70 personas —en su mayoría niños— han muerto ahogadas al intentar cruzar ríos de la comarca Ngäbe Buglé para asistir a la escuela. Esta cifra refleja una crisis documentada por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE).
En su informe Educación mortal: crisis sistemática de ahogamientos infantiles en la comarca Ngäbe Buglé, estas organizaciones advierten que el derecho a la educación se ha convertido en un riesgo letal debido al abandono estatal, la marginación histórica y la falta de infraestructura básica.
El informe califica la situación como una crisis humanitaria prolongada y una grave violación de derechos humanos, ya que no se trata de accidentes inevitables, sino de las consecuencias de un sistema que ha fallado de manera reiterada, poniendo en riesgo la vida de los menores a cambio de su acceso a la educación.
