En Panamá, los padres no pueden exigir judicialmente que el Estado garantice que sus hijos aprendan. Mientras en cerca del 70% de los países de América Latina existen mecanismos legales para demandar por deficiencias educativas, en el país la legislación prioriza la antigüedad docente y la burocracia administrativa por encima de los resultados de aprendizaje.
Este es uno de los planteamientos del informe “Lecciones Internacionales para la Reforma Educativa en Panamá”, elaborado por el equipo de trabajo del diputado independiente y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise.
El documento ofrece un diagnóstico técnico que utiliza datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (Summa), evidenciando la urgencia de reformar el sistema educativo.
De acuerdo con expertos de la OCDE, como Andreas Schleicher, director de Educación del organismo, y Tue Halgreen, analista principal de Políticas Educativas, el 84 % de los jóvenes de 15 años en Panamá no alcanza el nivel básico de competencia en matemáticas, según los resultados de la última prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes).
“No es que los estudiantes no asistan a la escuela; es que la escuela no les está enseñando a pensar”, señalan los expertos. Los alumnos son capaces de reproducir información, pero presentan dificultades para aplicarla en situaciones nuevas.
Además, más de 120,000 niños y jóvenes están fuera del sistema educativo, según el informe Análisis sobre la Población en Panamá, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
El documento también cuestiona la idea de que pagar una escuela privada garantice excelencia: solo el 3% de los estudiantes de colegios particulares alcanza los niveles más altos de PISA, frente al 30% en Costa Rica y 40 % en Brasil, un rezago preocupante para un país con el nivel de ingresos de Panamá, planteó Javier González, director de Summa.
De hecho, los expertos en educación de la OCDE y Summa participaron en enero pasado en un ciclo de conferencias, realizado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con el objetivo de establecer las bases y los elementos necesarios para lograr un proyecto de reformas educativas ampliamente consensuado.
Una ley anclada en el pasado
Expertos en educación plantean que la Ley 47 Orgánica de Educación, vigente desde 1946, se mantiene como uno de los principales obstáculos para mejorar la educación en Panamá. Varias disposiciones limitan la calidad del aprendizaje y frenan el progreso.
El Artículo 218 establece que los ascensos de los docentes dependen de la antigüedad y los títulos, no del desempeño en el aula ni del impacto en el aprendizaje de los estudiantes, dejando sin incentivos a quienes más se esfuerzan.
En cuanto a los requisitos para ejercer, Panamá exige únicamente educación postmedia, mientras que la OCDE recomienda al menos una licenciatura, y en muchos casos una maestría.
Otro problema crítico es la alimentación escolar. El Artículo 255 califica los comedores como “opcionales”, pese a que el 14% de la niñez sufre retraso en el crecimiento, lo que afecta directamente el rendimiento académico. A diferencia de países como Chile o Ecuador, los maestros panameños no cuentan con tiempo protegido durante su jornada para planificar sus clases, lo que dificulta la preparación y la calidad de la enseñanza.
Para la especialista en educación Nivia Rossana Castrellón, cualquier reforma educativa debe impactar directamente en la experiencia de estudiantes y docentes dentro del aula. “Una ley puede ser impecable técnicamente, pero si no cambia la realidad cotidiana, no produce resultados reales”, señaló.
Castrellón subrayó la necesidad de garantizar cobertura obligatoria hasta los 14 años y un proceso gradual de implementación, con un período de transición de cinco a diez años.
La especialista también enfatizó la formación docente de calidad, con selección rigurosa y desarrollo profesional continuo, así como un financiamiento oportuno y equitativo, programas de alimentación escolar y pertinencia curricular que prepare al estudiante para la vida productiva. Destaca la educación dual y la certificación de competencias como herramientas clave para conectar la escuela con el mercado laboral.
Castrellón advirtió que la evaluación de la reforma debe ir más allá de los indicadores generales: “Hay que observar qué ocurre realmente en las aulas: si los docentes enseñan de manera diferente, si los estudiantes desarrollan pensamiento crítico, creatividad y colaboración, y si el clima escolar es seguro. La prueba ácida de cualquier cambio educativo está en el aprendizaje efectivo dentro del aula”.
Evidencia internacional
Según Yair Velásquez, coordinador del proceso de Reforma Educativa presidido por Bloise, Panamá enfrenta una oportunidad histórica para superar lo que los expertos llaman un “rezago incómodo”. La evidencia internacional, incluida la OCDE y Summa, indica que la calidad de la inversión educativa es clave.
Sostuvo que países como Vietnam logran mejores resultados con menos recursos que Estados Unidos al priorizar la formación docente y otorgar tiempo protegido para planificar y colaborar. Sistemas exitosos como el japonés muestran que docentes mejor capacitados y apoyados generan aprendizajes más significativos.
A juicio de Velásquez, las experiencias de Colombia y Ecuador destacan la importancia de una agenda de reformas estructurada, con un mandato social claro, evaluación autónoma y apoyo pedagógico a los docentes.
Además, acotó que los pilares de la propuesta incluyen formación docente, gobernanza para la mejora, descentralización del sistema, evaluación efectiva y financiamiento equitativo, garantizando trayectorias completas hasta la educación universitaria, dijo.
Hacia una reforma con autonomía
El informe no solo diagnostica, sino que propone fundamentos para una nueva Ley Orgánica inspirada en Colombia y Ecuador, donde la autonomía escolar se combina con rendición de cuentas.
La exministra colombiana María Victoria Angulo señaló que “no se trata de mercantilizar la educación, sino de usar datos objetivos para diseñar políticas efectivas”.
La pregunta central es si la Asamblea Nacional tendrá la voluntad política para convertir estos compromisos históricos en obligaciones legales exigibles.
En tanto, la ministra de Educación, Lucy Molinar, ya ha sostenido reuniones con miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes para discutir la nueva Ley Orgánica, que actualizará la vigente Ley 47 de 1946. Según Meduca, la reforma busca que las políticas educativas respondan a los desafíos actuales y futuros.
En los encuentros participaron los diputados Jorge Bloise, Gertrudis Rodríguez, Miguel Ángel Campos, Lilia Emérita de Batista, Paulette Thomas, Osman Gómez, Yuzaida Marín y el suplente Pedro Quijano.
Por su parte, Humberto Montero, del Frente Nacional de Educadores Independientes, destacó la descentralización educativa. Aunque Panamá aprobó este modelo en 1995 mediante la Ley 28, el sistema sigue altamente centralizado 31 años después, limitando la capacidad de acción de las direcciones regionales.
La modernización del sistema educativo está actualmente sobre la mesa. Su objetivo es que las futuras políticas respondan a los retos presentes y a las necesidades de los estudiantes. La implementación dependerá del avance del proceso legislativo y del seguimiento de las instancias responsables de la educación en Panamá.
