La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) atraviesa actualmente una encrucijada que podría redefinir su sostenibilidad en el mediano plazo. La alta tasa de devolución —que oscila entre 37% y 40%— continúa presionando sus ingresos y revela una estructura de comercialización que no logra colocar la totalidad de los billetes emitidos.
A ello se suma la expansión de la venta clandestina, que erosiona sus finanzas con pérdidas estimadas entre $250 y $300 millones, una cifra que compromete su capacidad de aporte social.
Además, la institución enfrenta el reto impostergable de la modernización digital, como ya ocurre en otros países de la región, como Costa Rica y Colombia. No obstante, cualquier transformación tecnológica debe equilibrarse con una realidad social: alrededor de 14 mil vendedores dependen directamente de esta actividad para su sustento.
La Prensa consultó a la entidad sobre el escenario actual. La LNB aporta cada año entre $108 y $112 millones al Estado y detalló que, por el momento, no tiene ningún proyecto encaminado a digitalizar el juego de lotería tradicional.
Sin embargo, adelantó que la administración trabaja, en conjunto con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en una evaluación integral para redefinir la estructura de premios y revisar la comisión que reciben los billeteros. La lotería física, aseguró, se mantendrá sin cambios. La última actualización en la escala de premios se realizó hace 25 años, un dato que evidencia el rezago del esquema vigente.
“Al hablar de migrar a una plataforma digital, es fundamental recordar que la Lotería Nacional de Beneficencia tiene una enorme responsabilidad social: proteger al billetero”, subrayó la entidad, al referirse a los más de 14 mil vendedores que dependen de esta actividad en todo el país.
Venta clandestina
Actualmente, la venta clandestina no solo compite con el sistema oficial, sino que incluso supera los aportes anuales que la LNB entrega al Estado. Según cifras de la propia entidad, las pérdidas derivadas de esta práctica pueden alcanzar hasta $300 millones al año, una suma que contrasta con los $108 a $112 millones que la institución transfiere anualmente al fisco.
Se trata de una hemorragia financiera que erosiona la función social de la lotería, concebida originalmente para beneficiar a sectores vulnerables. El fenómeno no es nuevo, pero ha escalado a niveles preocupantes. Ya no se trata solo del chance local: también se vende de forma clandestina lotería de Costa Rica, Nicaragua y otras modalidades extranjeras.
Una de las mayores inquietudes es que este mercado ilegal pueda estar vinculado con operaciones de lavado de dinero. Frente a ese escenario, la entidad informó a este medio que ha intensificado las coordinaciones interinstitucionales y las acciones de fiscalización para frenar la clandestinidad, al tiempo que refuerza las campañas de docencia y sensibilización sobre las implicaciones legales y económicas que conlleva esta práctica.
Lo llamativo es que, a diferencia de la lotería oficial, estos grupos clandestinos han incorporado herramientas digitales básicas para agilizar la apuesta y el pago, operando con mayor flexibilidad y rapidez. Por ejemplo, permiten apostar a números específicos sin las restricciones que existen en la venta oficial. Además, ofrecen la impresión inmediata de boletos o la confirmación vía dispositivos móviles.
Devolución
Otro reto es la alta tasa de devolución dentro de la Lotería, que se sitúa entre 37% y 40%. Esto significa que casi cuatro de cada diez billetes impresos regresan a la institución sin venderse, lo que genera costos de impresión y logística que no se recuperan.
A pesar de este escenario, en la recta final del gobierno anterior (2019-2024), la Lotería Nacional de Beneficencia suscribió un contrato que amarra por una década más el modelo tradicional de impresión de billetes. El 29 de febrero de 2024, a pocos días del relevo administrativo, la entidad firmó con Impresora Técnica Especializada, S.A. (Itesa) un acuerdo por aproximadamente $129.6 millones para la producción de billetes y chances hasta 2034.
La decisión, adoptada en medio de cuestionamientos por una tasa de devolución elevada, no solo compromete recursos a largo plazo, sino que también reduce el margen de maniobra en momentos en que se debate la digitalización y la sostenibilidad financiera de la institución.
Qué sucede en otros países
En Costa Rica, la Junta de Protección Social (JPS) ha empezado a introducir cambios tecnológicos para incorporar la venta de lotería digital sin desplazar al vendedor tradicional. Para 2025 y 2026, la institución anunció la entrega de dispositivos móviles con impresora incorporada a los billeteros autorizados, con el objetivo de que puedan comercializar lotería digital mientras continúan ofreciendo fracciones y enteros de manera presencial.
En Colombia, la modernización de las loterías ha avanzado sin desmontar por completo la red tradicional de vendedores. Varias loterías departamentales han abierto canales de venta en línea que permiten adquirir billetes a través de plataformas digitales, mientras los sorteos incorporan tecnologías como generadores de números aleatorios y transmisiones en vivo para reforzar la transparencia.
En su momento, en Panamá se dio la implementación de los juegos electrónicos Lotto y Pega 3, operados bajo contrato con la Lotería Nacional de Beneficencia, que quedaron en el centro de una disputa legal tras la firma de una adenda que extendió hasta 2033 el acuerdo con Scientific Games LLC.
La modificación contractual fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que el cambio debió someterse a una nueva licitación pública y no resolverse mediante una extensión del contrato original. Aunque la Sala Tercera admitió las acciones legales, no suspendió provisionalmente la ejecución del acuerdo, por lo que ambos juegos continúan operando mientras el máximo tribunal decide si la ampliación se ajustó o no a la Ley de Contrataciones Públicas.
Según la LNB, al cierre proyectado de 2025, la Lotto y el Pega 3 representan el 6% de las ventas totales de la institución, mientras que su incidencia en la utilidad neta es mayor. En 2025, estas modalidades digitales generaron una utilidad de $3.1 millones, lo que equivale a un margen del 10.3% sobre sus ventas específicas.
“En la actualidad, estamos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá emita un fallo relativo a las tres demandas sobre la constitucionalidad o no del contrato, específicamente en cuanto a su objeto y término”, indicó la entidad a este medio.
En medio de este escenario, y mientras otros países avanzan hacia la modernización, en Panamá el debate apenas comienza y está condicionado por contratos vigentes, litigios en la Corte Suprema y la continuidad de los billeteros. El dilema no es solo tecnológico ni financiero, sino institucional: de su resolución dependerán la rentabilidad y la función social de la entidad.
