El recién electo presidente del Consejo Municipal de San Miguelito y representante del corregimiento de Belisario Porras, César Caballero, fue condenado a cinco años de prisión por peculado en perjuicio de la Universidad de Panamá (UP).
La información consta en el Edicto 9 del 5 de enero de 2022, emitido por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial, a raíz de que su defensa tramitara un recurso de casación.
Según el documento, además del edil, el proceso penal incluye a otras cuatro personas por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, contra la Universidad de Panamá.
Caballero, quien recibió fondos de la descentralización paralela, es uno de los representantes de corregimiento allegados al diputado Raúl Pineda, también del PRD.
De hecho, su junta comunal recibió $6.6 millones de dólares de la descentralización paralela, lo que lo hace el representante de corregimiento de San Miguelito que más fondos recibió, provenientes de la Autoridad Nacional de Descentralización.
Caballero fue escogido como presidente del Consejo Municipal de San Miguelito para el periodo julio-diciembre de 2023.
El secreto
Saber qué funcionarios electos por votación ejercen cargos públicos pese a tener condenas de prisión por la comisión de un delito penal, es una verdadera odisea.
El abogado Ernesto Cedeño se embarcó en este proyecto después de conocer que miembros del Consejo Municipal de Panamá ejercen cargos pese a tener condenas en sus expedientes. Ha enviado notas al Ministerio de Gobierno, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que le entreguen información al respecto, pero hasta ahora no ha recibido lo que pide. Incluso, ha tenido que recurrir a la Procuraduría de la Administración, que vigila la conducta de los funcionarios.
La primera solicitud de información fue dirigida a la Contraloría General de la República, el 5 de diciembre de 2022.
El 5 de enero de 2023, la Contraloría, a través de la Nota No. 26-2023-LEQ/CE, le respondió que, en términos generales, esa entidad no tiene forma de verificar si algún funcionario que ejerce un cargo de elección popular ha sido condenado penalmente con sentencia en firme.
Luego, el 10 de enero, Cedeño envió al ministro de Gobierno, Roger Tejada, una nota en la que pide la referida lista. El 3 de febrero pasado, Tejada le respondió que, de conformidad con las atribuciones legales establecidas en la Ley 19 de 3 de mayo de 2010, que dicta el régimen de organización de ese ministerio, tiene vedada la competencia para emitir criterios o dar un algún tipos de respuesta sobre la materia consultada.
También en enero, Cedeño presentó solicitudes similares a la Corte Suprema de Justicia y al procurador general de la Nación, Javier Caraballo, pero tampoco recibió una respuesta.
