El proyecto de ley 19, que busca garantizar servicios de salud las 24 horas, los siete días de la semana en todo el país, y que actualmente se discute en una subcomisión de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo de la Asamblea Nacional, representa una aspiración para miles de panameños que dependen del sistema público de salud.
La iniciativa, presentada por el diputado independiente Betserai Richards, resulta atractiva a primera vista y ha sido recibida con beneplácito por la ciudadanía. Sin embargo, el texto no detalla los mecanismos concretos para su ejecución ni indica cómo se financiarán los recursos humanos e infraestructura necesarios.
Para conocer la viabilidad del proyecto, La Prensa entrevistó al exministro de Salud José Manuel Terán, quien dirigió el ministerio entre 1999 y 2001 y cuenta con amplia experiencia en gestión sanitaria y planificación de políticas públicas.
¿Considera que Panamá tiene la capacidad real —presupuesto, médicos e infraestructura— para garantizar salud 24 horas, los siete días de la semana, en todo el país?
Sería lo ideal, pero, en este momento, Panamá no cuenta con la capacidad. El proyecto suena atractivo y es bien recibido por la ciudadanía, pero si no viene acompañado de una ejecución presupuestaria clara y de los recursos humanos necesarios, se quedará en una propuesta populista.
Peor aún, podría generar mayor insatisfacción ciudadana al no poder cumplirse en la práctica. No es solo cuestión de voluntad política; es una cuestión de logística, de recursos, de planificación y de coordinación. Para cumplir con la promesa de servicios 24/7, necesitaríamos personal médico y técnico especializado disponible en todo el territorio, algo que hoy no existe en la magnitud que demanda esta iniciativa.
[Lea aquí la iniciativa legislativa:]
Adjuntos
7418.pdf¿Quién pagará la cuenta de extender los servicios de salud: el Estado, los pacientes o los trabajadores, como advierten algunos dirigentes?
El Estado, definitivamente. Así lo establece el propio proyecto de ley, que señala que será el Ejecutivo quien lo reglamente. Ahora bien, en materia de salud, las necesidades son infinitas y los recursos muy limitados. Si consideramos la cantidad de instalaciones que se pretende incluir, hablar de una implementación real resulta prácticamente imposible.
No se trata solo de financiar más centros; también hay que mantener el personal, equipamiento, insumos y programas de atención continua. Si esto no se planifica con base en cifras reales, lo único que lograremos será crear expectativas que no podrán cumplirse, lo que generará descontento y frustración entre la población.
¿Por qué el Ejecutivo debe asumir esta responsabilidad?
Tuve la oportunidad de revisar algunas estadísticas. Según el proyecto, la medida impactaría directamente a centros y puestos de salud, en total 758 instalaciones que deberían funcionar de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Pero la propuesta va más allá: establece que, en cada región de salud —que no necesariamente coincide con las provincias— el Estado debe garantizar al menos dos instalaciones de segundo nivel abiertas las 24 horas.
Con estos cálculos, Panamá necesitaría construir aproximadamente ocho hospitales adicionales en distintas regiones para cumplir con la ley. Esto no se puede realizar en el plazo perentorio de seis meses que se plantea para su entrada en vigencia. Además, de los 758 puestos de salud, subcentros y centros, un total de 156 no funcionan actualmente en el país, según datos del Ministerio de Salud (Minsa).
Aunque es un anteproyecto bien intencionado, resulta irrealizable sin un sustento financiero sólido y sin el recurso humano necesario. La responsabilidad del Ejecutivo es inevitable, porque solo el Estado tiene la capacidad legal y administrativa de reglamentar, financiar y supervisar esta iniciativa a nivel nacional.
Sin embargo, esto requerirá muchos recursos y tiempo, y la satisfacción del paciente probablemente tardará años en lograrse, considerando la falta de personal especializado y la necesidad de construir ocho nuevos centros y duplicar otros.
José Manuel Terán, exministro de Salud
El proyecto de ley responde a una iniciativa ciudadana real, pero su éxito dependerá de cómo se atiendan la disponibilidad de recursos humanos, la financiación, las condiciones laborales y el suministro de insumos".
¿Entonces no resulta viable la propuesta?
No, no es viable. Por eso los anteproyectos de ley deben estar realmente sustentados. La primera fuente debe ser el Minsa; los datos están disponibles públicamente en su página web, con estadísticas de 2024.
Ahí se puede diferenciar claramente entre una propuesta congruente y otra llena de retórica que, al final, no tiene posibilidades de ejecutarse. La idea de servicios de salud 24/7 es positiva, pero, sin un plan de recursos humanos, infraestructura, financiamiento y supervisión, se queda en una promesa vacía. Además, la satisfacción del paciente no se logra de manera inmediata; requiere años de consolidación del sistema, seguimiento de indicadores y ajustes permanentes.
¿Qué deberían hacer los legisladores para que un proyecto de salud sea realmente viable?
Cualquier anteproyecto debe venir acompañado de un análisis técnico y financiero sólido. Esto incluye una evaluación de la capacidad del personal médico, la cantidad de hospitales y centros requeridos, el presupuesto disponible y los tiempos de implementación realistas. Además, es fundamental priorizar regiones con mayor déficit de servicios y ajustar las metas de acuerdo con los recursos existentes. Solo así se puede transformar una buena intención en un proyecto ejecutable y sostenible.
¿Por qué es importante planificar la formación de personal de salud a largo plazo?
La formación de profesionales de la salud requiere tiempo: desde la educación básica hasta especializaciones, hablamos de más de 15 años. Por eso, cualquier plan debe ser estratégico, no limitado a un gobierno o a un quinquenio. Esto asegura que tengamos suficientes médicos y especialistas para cubrir las necesidades del país en el futuro.
Actualmente, ¿cuál es la situación del recurso humano en salud en Panamá?
Existe una escasez notable de especialistas. Por ejemplo, contamos con muy pocos neurólogos y neurocirujanos. Esto demuestra que debemos formar más especialistas y garantizar que todos los médicos estén capacitados y comprometidos con el sistema, incluyendo la rendición de cuentas y la medición de resultados.
¿Qué responsabilidad tiene el Estado en la formación y regulación de profesionales de la salud?
El Estado tiene la obligación de asegurar que los médicos completen los dos años de internado obligatorios, para que puedan ejercer dignamente en todo el territorio. Además, debe planificar la educación y formación de manera integral, de forma que haya suficientes profesionales capacitados para sostener el sistema de salud.
¿Qué papel juegan la medición de resultados y la planificación financiera en la salud pública?
No estamos acostumbrados a medir resultados ni a calcular cuánto cuesta realmente una atención en salud. Para que el sistema funcione, debemos conocer estas cifras y planificar los recursos humanos, infraestructura y presupuesto necesarios, basándonos en datos reales y no en improvisaciones.
¿Qué sucede con los planes de salud a largo plazo, como el Libro Blanco?
Muchos planes, como el Libro Blanco, han sido elaborados con estudios exhaustivos, pero pierden continuidad con cada nuevo gobierno. La clave es retomar estas propuestas sólidas y adaptarlas, asegurando seguimiento y continuidad política para que se conviertan en proyectos sostenibles.
¿Cómo debería ser el sistema sanitario panameño hacia 2040 o 2050?
Debe ser un sistema integral, competitivo y planificado. Esto incluye una formación de recurso humano adecuada, infraestructura suficiente y un presupuesto sostenido. Solo así podremos garantizar servicios de calidad y cobertura en todo el país, sin depender de soluciones temporales o promesas incumplidas.
El proyecto de ley 19 refleja la urgencia de mejorar los servicios de salud en Panamá, pero, como advierte Terán, sin planificación, financiamiento y recursos humanos adecuados, la iniciativa corre el riesgo de quedarse en promesas incumplidas.
La discusión en la Asamblea Nacional deberá considerar no solo el deseo de garantizar atención continua, sino también la capacidad real del Estado para implementarla sin generar insatisfacción ni sobrecargar al sistema y a los trabajadores de salud.
Perfil del entrevistado:
Cargos
Médico de atención primaria con enfoque en estilos de vida saludables, incluyendo salud integral, nutrición y actividad física.
Miembro de la Junta Directiva de la Clínica Hospital San Fernando, Panamá.
Ministro de Salud de la República de Panamá.
Miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y del Comité Económico Nacional.
