El país enfrenta uno de los desafíos más apremiantes en materia ambiental: ordenar y planificar varias de sus regiones, para evitar conflictos en el uso potencial de suelos y la destrucción y la degradación de los bosques.
De hecho, actualmente la Autoridad de Turismo de Panamá lleva a cabo un proceso de elaboración de planes de ordenamiento territorial en seis distritos, dentro de los cuales hay varias áreas protegidas.
Estas regiones son los distritos de Bocas del Toro, en Bocas del Toro; Boquete y Tierras Altas, en Chiriquí; Pedasí, en Los Santos; Soná, en Veraguas y Taboga, en Panamá. Se trata de áreas que han crecido con una limitada planificación, pero que cuentan con un gran valor ecológico y turístico.
Mientras se elaboran esos planes, el Ministerio de Ambiente, de forma paralela, lleva a cabo un proceso de evaluación ambiental estratégica, el cual no es más que instrumento que contempla conservación del ambiente y el desarrollo sostenible, dentro de los planes de ordenamiento territorial.
Es decir, lo que un estudio de impacto ambiental es para un proyecto u determinada obra de construcción, la evaluación ambiental estratégica se aplica a un nivel superior en políticas, planes y programas. El fin es el mismo: cuidar el medio ambiente.

La consulta
En ese contexto, se convocó un proceso de consulta pública con el fin de recibir comentarios y observaciones, hasta el próximo 16 de junio, sobre la evaluación ambiental estratégica para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial de los seis distritos turísticos.
Benito Russo, director de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente, subrayó que el plan de ordenamiento territorial no implica modificación a las áreas protegidas, ya que cada reserva ecológica tiene su propia normativa.
“En el proceso de evaluación ambiental estratégica se miran riesgos y oportunidades para el desarrollo del territorio que tiene un potencial turístico. Lo interesante es que estos planes de ordenamiento están tomando en cuenta los factores climáticos en cuanto a resiliencia y adaptabilidad al cambio climático”, apuntó.
En palabras de Russo, la evaluación ambiental estratégica es un instrumento de gestión ambiental, como lo son los estudios de impacto ambiental en los proyectos.
También explicó que mientras la Autoridad de Turismo elabora estos planes de ordenamiento territorial, el Ministerio de Ambiente realizará el proceso de evaluación estratégico con el cual se alimentará de información a los planes de ordenamiento territorial y viceversa.
“Nuestra expectativa es que estos planes de ordenamiento tomen en cuenta los factores críticos de decisión, que están enmarcados en conservación del ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible”, puntualizó.

La necesidad
En términos generales, urbanistas y ecologistas consideran que si una determinada región no cuenta con un ordenamiento territorial adecuado, hay más probabilidades de que sea propensa a inundaciones, deslizamientos de tierra o tenga inconvenientes con servicios básicos como el agua, la energía eléctrica o la recolección de la basura.
A juicio de Susana Serracín, parte de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, una evaluación ambiental estratégica contribuye a mejorar los planes de ordenamiento territorial, toda vez que analiza y diagnostica determinada problemática, lo que brinda una base científica para los tomadores de decisiones.
“Es una herramienta que contribuye a garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos y se aplica antes de la toma de decisiones, permitiendo de este modo potenciar los beneficios y disminuir los impactos”, apuntó.
De acuerdo con la ambientalista, con la evaluación estratégica se asegura, de esta forma, un debate estructurado, para avanzar como país y poder organizar los territorios de la zona.
El informe titulado “Los principales problemas ambientales de Panamá”, elaborado por el equipo técnico de la Dirección de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente, identificó, jerarquizó y analizó las causas que contribuyen con la destrucción y degradación de los recursos naturales del país.
En ese documento, la falta de ordenamiento territorial fue evaluada como el problema que más daños ocasiona a los recursos naturales.
