El millonario mercado del marisco, en el corregimiento de Calidonia, proyecto insignia del alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, sigue envuelto en la polémica.
El pasado 25 de octubre, el procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitó que se declare “ilegal” la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por medio de la cual se traspasaron varias fincas de la cinta costera a la Alcaldía de Panamá, para la construcción y desarrollo del nuevo mercado del marisco, a un costo de $43 millones.
González entregó su opinión, por escrito, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte de la demanda contencioso administrativa presentada por la firma forense Bufete De Sanctis, en representación de la exvicealcaldesa Raisa Banfield y otros ciudadanos como Carlos Eduardo Varela, Luis Eduardo Alfaro y Angélica Maytín, esta última exdirectora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
Dicha resolución emitida por el MEF el 24 de enero de 2022 y que lleva la firma del ministro Héctor Alexander, está suspendida provisionalmente por la Sala Tercera de la Contencioso Administrativo de la CSJ, desde el pasado 25 de julio.
El procurador subraya que se han “transgredido” la Ley 38 de 2000 (que regula el procedimiento administrativo general), así como varios artículos de la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia) que guardan relación con la obligación de las entidades estatales de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar sus intereses y derechos, concretamente los relacionados con la construcción de infraestructuras y con la zonificación.
Otro aspecto que menciona González es que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene la competencia en la administración, supervisión e inspección de la cinta costera, y era esa entidad la que estaba autorizada para disponer sobre su uso y necesidades futuras.
“Al haber sido emitida [la resolución] por la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas se infringió el principio de legalidad contenido en el artículo 34 de la Ley 38 de 2000, al asignar al Municipio de Panamá el uso del mencionado inmueble, propiedad de la Nación, para el desarrollo de la nueva sede del mercado del marisco en la cinta costera”, subraya el procurador.
González plantea que el MEF aplicó de manera “errónea” el artículo 8 del Código Fiscal, el cual señala que la administración de los bienes nacionales corresponde a ese ministerio, ya que el artículo 2 de la Ley 97 de 1998 indica que esa cartera tiene entre sus atribuciones administrar, conservar y vigilar los bienes que pertenecen a la República, “con excepción de aquellos cuya tutela le esté atribuida expresamente a otra institución”.
En este caso, la cinta costera está bajo la administración y supervisión del MOP.
El debate
A pesar de lo planteado por el procurador de la Administración en su nota, fechada el pasado 28 de septiembre, el abogado José Alejandro Quiodettis, en representación del Municipio de Panamá, solicitó a la Corte que dejara sin efecto la suspensión provisional que pesa sobre la resolución del MEF.
El abogado del Municipio argumentó que la cesión de las fincas no requiere de consulta ciudadana, como “erróneamente” se ha interpretado en la demanda.
También el MEF emitió un “informe explicativo” en el cual defendió la legalidad de su actuación y manifestó que la resolución demandada “no está viciada”, pues fue emitida por la autoridad competente; también planteó que no se requería de una consulta ciudadana.
Carlos Eduardo Varela, uno de los demandantes, subrayó que el procurador de la Administración hizo un buen análisis y guarda la “esperanza” de que la Sala Tercera tome muy en cuenta esta opinión.
“Guardamos la esperanza que la Corte Suprema de Justicia juegue su papel de control de la legalidad y falle a favor de la comunidad. Esperamos que los magistrados comprendan la gravedad de lo que el alcalde [José Luis Fábrega] quiere hacer en la cinta costera”, puntualizó el también abogado.
Otras organizaciones -como la Red Ciudadana Urbana de Panamá- solicitan al alcalde que se enfoque en resolver los problemas prioritarios del distrito capital, en lugar de insistir con obras con el mercado del marisco y, más recientemente, un desfile y unas luces de Navidad, por $5.7 millones.
