La Universidad de Panamá (UP) se prepara para el proceso electoral interno del próximo 1 de julio, en el que seis candidatos aspiran a la rectoría de la principal casa de estudios superiores del país. La elección definirá la conducción académica, administrativa y política durante el periodo 2026-2031.
El padrón electoral asciende a 77,015 votantes en todo el país, distribuidos en 4,030 docentes, 3,983 administrativos y 69,002 estudiantes.
El proceso involucra a docentes, estudiantes y personal administrativo de los dos campus de la capital, los nueve centros regionales universitarios, así como sus extensiones y anexos en todo el país.
La contienda se desarrolla en medio de un debate sobre el futuro de la educación superior pública en Panamá, con énfasis en la modernización académica, la investigación científica, la transparencia en la gestión y la sostenibilidad financiera.
Los aspirantes a la rectoría son: Roberto Ah Chong, de la nómina “Ah Chong Akometiendo” (verde); César García, de “Experiencia para transformar y voluntad para servir” (blanco); Migdalia Bustamante Villarreal, con la propuesta “Primera mujer en la rectoría” (turquesa); Corina Pérez Coronado, de “La Universidad como cabeza y no cola” (dorado); Denis Javier Chávez, de “Juntos por el cambio” (caqui); y José Emilio Moreno Rodríguez, de “Unidos por la UP” (crema).
Las campañas han girado en torno a la actualización curricular, la digitalización de procesos administrativos y académicos, el fortalecimiento de la investigación, la mejora de la infraestructura y la vinculación con el sector productivo. A ello se suma el debate sobre la autonomía universitaria y el rol de la educación superior pública en la formación profesional del país.
Campaña en marcha dentro de los campus
En paralelo, el ambiente electoral ya es evidente en los distintos campus universitarios, donde afiches, murales y material de propaganda de las distintas nóminas cubren facultades y edificios administrativos.
Además, los candidatos mantienen recorridos activos por aulas, escuelas y centros regionales, en un intento por reforzar sus propuestas directamente con la comunidad universitaria.
El proceso se rige por normas internas que establecen requisitos de participación, etapas de campaña y mecanismos de votación, con ponderaciones definidas para cada estamento, lo que lo convierte en un ejercicio de amplio alcance y alta participación académica.
La rectoría concentra decisiones clave sobre políticas académicas, administración de recursos, investigación y proyección social, además de la relación con el Estado.
En los últimos años, la universidad ha enfrentado retos relacionados con la actualización de sus programas, la infraestructura de sus facultades y centros regionales, y el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica.
Presión presupuestaria y límites de crecimiento
Para 2026, la institución manejará un presupuesto de $317.5 millones, distribuidos en $297.4 millones para funcionamiento y $20 millones para inversión. Inicialmente, se habían solicitado $410 millones, lo que evidencia una brecha significativa entre las necesidades operativas y la asignación final.
En este contexto, el rector Eduardo Flores Castro advirtió en enero pasado que alrededor de 5,000 aspirantes quedarían por fuera, pese a cumplir con los requisitos académicos, debido a limitaciones de infraestructura, recursos humanos y capacidad instalada.
La universidad enfrenta por primera vez en 90 años un presupuesto inferior al del año anterior, lo que ha reducido su margen de expansión. La proyección de ingreso se mantiene entre 13,000 y 14,000 nuevos estudiantes, pero el sistema ya opera al límite de su capacidad física y financiera.
“Se quedarán por fuera alrededor de 5,000 estudiantes que querían entrar, por falta de espacios físicos, equipos de laboratorio y falta de personal docente”, señaló el rector. La cifra supera los cerca de 3,000 aspirantes rechazados en el 2025 por las mismas razones.
El problema estructural se agrava por un déficit cercano a $10 millones en servicios personales, lo que limita la contratación de docentes. Actualmente, la universidad sostiene a unos 200 profesores mediante fondos de autogestión.
La presión es más evidente en carreras de alta demanda. Derecho mantiene uno de los mayores niveles de solicitudes, mientras que en Medicina más de 3,400 estudiantes compitieron por apenas 200 cupos este año.
En el área de nuevas tecnologías, aunque se han impulsado programas como ciberseguridad y Big Data, la licenciatura en Inteligencia Artificial fue suspendida por restricciones financieras.
Pese a estas limitaciones, las autoridades sostienen que no se ha reducido el nivel de exigencia académica. El índice predictivo de admisión continúa como mecanismo de selección para garantizar estándares de calidad.
El propio rector ha advertido que, sin un incremento sostenido del financiamiento, el país corre el riesgo de frenar el desarrollo de la educación superior pública, en una institución que concentra cerca de la mitad de la población universitaria nacional.
Más allá de la elección de nuevas autoridades, el proceso electoral se desarrolla en medio de una tensión entre demanda social, restricciones presupuestarias y capacidad de respuesta institucional.
El resultado de estos comicios no solo definirá la próxima administración, sino también el modelo de educación superior pública que se proyectará en un contexto de mayores exigencias y menores márgenes de financiamiento.
En ese equilibrio entre expansión, acceso y recursos, la universidad llega a esta elección con una pregunta de fondo que trasciende los nombres en competencia: cómo sostener su rol histórico sin que las limitaciones actuales redefinan su futuro.
Como parte de la cobertura especial del proceso electoral, el diario La Prensa publicará entrevistas individuales con los candidatos a la rectoría, en el orden en que aparecen en la papeleta de votación, con el objetivo de dar a conocer sus propuestas, visiones de gestión y prioridades sobre el futuro de la principal casa de estudios superiores del país.
