La Encuesta Nacional de Discapacidad corre el riesgo de no llevarse a cabo en 2023, como lo había programado la Secretaria Nacional de Discapacidad (Senadis).
Lo anterior, en vista de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó a la Senadis $13.9 millones de los $31 millones que solicitó como presupuesto para 2023.
Iris Mercedes González de Valenzuela, directora de la Senadis, subrayó que la última encuesta de ese tipo que se realizó en el país, con el fin de conocer la población con discapacidad, data de 2007 con lo cual hay una mora en el tema.
La funcionaria indicó que lo ideal es que estas encuestas o estudios se actualicen cada 10 años, para que se puedan dictar las políticas públicas adecuadas en materia de discapacidad.
“Nosotros estamos generando políticas públicas con una estadística de al menos hace 15 años. Nada se puede manejar con ese tipo de estadística, porque sabemos que nuestra población ha aumentado y con las secuelas de la covid-19 ha aumentado mucho más”, acotó.
González de Valenzuela manifestó que además de la encuesta se verán perjudicados los proyectos que desarrolla la entidad en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya que una parte debe ser financiada por el Estado.
Por ejemplo, con esos proyectos se busca incrementar la eficiencia de los sistemas de identificación y certificación de la discapacidad. También expandir los servicios de diagnóstico temprano y rehabilitación, y se contribuirá a mejorar la calidad de los servicios educativos disponibles para los estudiantes con discapacidad. En total, se beneficiarán estudiantes con discapacidad en 477 centros educativos de áreas rurales del país.
De acuerdo con la directora de la Senadis, la última encuesta arrojó que en el país había 370 mil 53 personas con discapacidad, pero se estima que luego de la covid-19 esa cifra aumentó entre un 2% o 3% debido a las secuelas que dejó el virus en las personas que se contagiaron.
“Para confirmar esa cifra en Panamá necesitamos realizar la segunda encuesta sobre discapacidad”, remarcó la funcionaria, y precisó que el costo del estudio es de $3.3 millones.
La primera fase de esta encuesta arrancaría a principios de 2023 con una validación por parte de la sociedad civil organizada.
