El proyecto de ley 255, que busca reconocer y otorgar idoneidad profesional a los instrumentadores quirúrgicos en Panamá, ha generado un intenso debate dentro del sector salud, mientras la iniciativa continúa su análisis en una subcomisión de la Asamblea Nacional.
La propuesta legislativa busca regular la profesión de técnicos y licenciados en instrumentación quirúrgica en Panamá y permitir que estos profesionales puedan desempeñar formalmente funciones dentro de los quirófanos del país. Según la propuesta, el objetivo es reconocer una labor que ya se realiza en hospitales públicos de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa), así como en centros hospitalarios privados, pero que actualmente no cuenta con un marco legal ni con idoneidad oficial.
Sin embargo, la iniciativa ha sido duramente cuestionada por gremios de enfermería y técnicos en enfermería. La Dirección Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud (Minsa) expresó su rechazo al proyecto, al señalar que podría vulnerar funciones que históricamente han formado parte del ejercicio profesional del personal de enfermería dentro de los salones de operaciones.
La directora nacional de Enfermería del Minsa, Eusebia Calderón de Copete, advirtió que el trabajo en quirófano implica una atención integral al paciente y no solo la manipulación de instrumentos. Según explicó, el personal de enfermería posee la formación clínica necesaria para garantizar la seguridad del paciente antes, durante y después de una cirugía.
En esta misma línea se mantiene la Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos en Enfermería (Anpate), que sostiene que el proyecto podría provocar conflictos de competencias dentro de los equipos médicos. Su presidenta, Vielka Rosero, ha señalado en medios de comunicación que los técnicos en enfermería han desempeñado tareas de instrumentación durante al menos seis décadas y que una nueva regulación podría afectar la organización del trabajo en los quirófanos.
Durante la presentación del proyecto de ley 255, el pasado 20 de enero, en la Asamblea Nacional, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep), Felipe de Jesús Ríos, planteó que la enfermería cuenta con más de 125 años de historia, además de una formación académica sólida y debidamente regulada.
Ríos destacó que las enfermeras, incluidas las perioperatorias, poseen la preparación y las competencias necesarias para laborar en los salones de operaciones, así como oportunidades de formación a nivel de especialización y posgrado.
Asimismo, manifestó en esa ocasión que “el país ya cuenta con perfiles profesionales definidos, por lo que la creación de nuevas regulaciones que dupliquen funciones resulta innecesaria y perjudicial”, al tiempo que hizo un llamado respetuoso al rechazo del proyecto de ley 255.
Por su parte, los instrumentadores quirúrgicos rechazan que exista una “guerra laboral” y aseguran que su profesión complementa el trabajo del equipo médico. Argumentan que reconocer su idoneidad permitiría fortalecer la atención especializada y mejorar la organización de los servicios quirúrgicos.
Han señalado que por años han buscado una idoneidad para ejercer en Panamá, así como una base legal para que se reconozca la profesión.
En Panamá, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) forma a licenciados en instrumentación quirúrgica. Mientras que a nivel privado, en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCYT) se ofrece el técnico en instrumentación quirúrgica, entre otros.
De acuerdo con datos mencionados durante el debate legislativo, en el país existen unos 200 instrumentadores quirúrgicos formados que actualmente no cuentan con reconocimiento profesional ni con oportunidades laborales formales dentro del sistema de salud.

El proyecto de ley 255, impulsado por el diputado James Acosta, se mantiene actualmente en una subcomisión, en la que varios diputados, entre ellos Yarelis Rodríguez, han sostenido reuniones con distintas asociaciones para escuchar a los actores involucrados.
Se estima que estos encuentros continuarán durante las próximas dos semanas y que posteriormente el tema será abordado formalmente en la subcomisión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social.
Una vez concluido ese proceso, se elaborará un informe que será entregado al presidente de la comisión, Edwin Vergara, tras lo cual se iniciaría el primer debate del proyecto en la Asamblea Nacional.


