El 27 de octubre de 2025, en el Día del Estudiante, la comunidad de Mironó, en la comarca Ngäbe Buglé, vivió una tragedia que pone en evidencia los serios peligros a los que se enfrentan miles de estudiantes indígenas en Panamá. Dos niñas perdieron la vida al intentar cruzar la quebrada La Pita para regresar a sus hogares después de un día escolar. Con estas dos muertes, ya suman cuatro las víctimas mortales en lo que va del año en la comarca, todas mujeres.
El incidente, que también involucró a otros tres estudiantes que lograron salvarse, ocurrió en un trayecto conocido por su peligrosidad debido a la corriente de los ríos y la precariedad de los puentes. Este trágico evento ha puesto nuevamente en evidencia una de las mayores crisis educativas que vive el país: la inseguridad en los trayectos hacia la escuela y la falta de infraestructura adecuada.
Mientras se lamentan las muertes de las niñas, los expertos en educación insisten en que este es solo un síntoma de un problema más profundo y extendido en las comarcas indígenas de Panamá.
La tragedia de Mironó no es un caso aislado. Desde 2018, Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fudespa) han documentado un alto número de muertes por ahogamiento entre niños y jóvenes, principalmente en zonas rurales y comarcales.
De acuerdo con el estudio titulado Educación Mortal: Crisis Sistemática de Ahogamientos Infantiles en la Comarca Ngäbe Buglé, entre el 60% de los fallecidos en estas situaciones tenían entre 5 y 12 años. La mayoría de estos incidentes ocurrieron mientras los estudiantes se dirigían a la escuela o regresaban de ella.
El riesgo para los niños que viven en zonas rurales es constante. Las quebradas, los ríos caudalosos y los caminos intransitables son solo algunas de las barreras que enfrentan diariamente. A menudo, los estudiantes deben cruzar puentes improvisados de bambú o usar poleas para atravesar ríos, exponiéndose a un peligro inminente.
Nivia Rossana Castrellón, especialista en Educación, resaltó la importancia de comprender el derecho a la educación desde una perspectiva más amplia, que incluya la accesibilidad. “El derecho a la educación entraña cuatro pilares fundamentales: asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de la calidad de la educación”, señala Castrellón. Sin embargo, para los niños en la comarca Ngäbe Buglé, la accesibilidad se ve gravemente comprometida por la falta de infraestructura adecuada.
“Los niños deben poner a diario en la balanza su derecho a la educación frente al riesgo de perder la vida”, agregó la experta. “O estudiar, o arriesgarse. Y la realidad es que muchos eligen arriesgarse, porque en estas comunidades el acceso a la educación es visto como la única vía para mejorar su calidad de vida”, añadió.
Un contexto de desigualdad y exclusión
El análisis sobre la situación de los estudiantes en las comarcas revela una desigualdad estructural en el acceso a la educación. El promedio de escolaridad en las comarcas indígenas es de apenas 5 años, mientras que a nivel nacional es de 9.5 años. Además, el acceso a la educación secundaria se ve obstaculizado por la lejanía de las escuelas y la precariedad de las infraestructuras, que no están adaptadas a las necesidades de los niños, subrayó Castrellón.
“La mayoría de estos niños tienen un acceso muy limitado a internet. Las alertas sobre los cambios climáticos, como la formación de cabezas de agua en los ríos, se dan muchas veces por mensajes de texto o por medios informales, como las radios comunitarias”, indicó Castrellón. “Eso es un problema grave, porque a menudo las alertas no se dan a tiempo, y los niños se arriesgan sin saber el peligro que corren”.
Propuestas para solucionar la crisis
Ante este panorama, la experta en educación ha propuesto diversas acciones concretas que podrían salvar vidas y mejorar el acceso a la educación en las comarcas. La primera de ellas es la declaración de una emergencia territorial en las áreas más afectadas, especialmente alrededor de los ríos Cricamola y sus afluentes, donde ya se han perdido al menos nueve vidas debido a accidentes de este tipo.
“Es imperativo que el Estado tome medidas urgentes para garantizar que los niños no tengan que arriesgar sus vidas todos los días. No podemos seguir permitiendo que los niños vayan a la escuela sabiendo que pueden morir en el intento”, recalcó Castrellón.
Las medidas propuestas incluyen la construcción de zarzos y puentes seguros en las áreas más vulnerables, así como la creación de un sistema de educación a distancia para las comunidades más apartadas.
Además, Castrellón planteó la necesidad de modificar los calendarios escolares, adaptándolos a las temporadas de lluvia y otros factores climáticos que ponen en peligro la vida de los estudiantes. El uso de tecnologías innovadoras, como drones para la búsqueda y rescate en zonas de difícil acceso, también ha sido sugerido como una forma de reducir el riesgo de muertes.
Inversión en educación y oportunidades
Una de las propuestas más fuertes de la experta Castrellón es la necesidad de equilibrar las oportunidades de educación en todo el país, comenzando por un diagnóstico profundo de las necesidades reales de las comarcas. Este diagnóstico debe considerar no solo la infraestructura, sino también la calidad educativa, la formación de los docentes y la implementación de programas interculturales bilingües que respeten la identidad de los niños indígenas.
“Los niños de la comarca tienen un enorme potencial. He trabajado con muchos jóvenes de estas áreas, y su interés por la ciencia y la tecnología es impresionante. Lo único que necesitan son oportunidades”, comentó Castrellón, quien mentorea a más de 25 jóvenes de diferentes comunidades indígenas.
Uno de sus mentoreados, un joven de la comarca, se encuentra actualmente en la Universidad de Nanjing, China, realizando una maestría en epidemiología. “Este tipo de historias nos demuestra que, si les damos las herramientas adecuadas, estos jóvenes pueden transformar no solo sus vidas, sino también las de sus comunidades”.
El mensaje es claro: no podemos seguir arriesgando las vidas de nuestros niños. Si realmente aspiramos a una nación democrática e inclusiva, debemos asegurarnos de que todos los panameños, sin importar su lugar de origen, tengan acceso a oportunidades educativas de calidad, y lo más importante: que puedan asistir a la escuela sin poner en peligro sus vidas.
Es urgente que se tomen medidas inmediatas para garantizar que el derecho a la educación no dependa del sacrificio ni del riesgo. El Estado debe invertir en infraestructura adecuada, en educación a distancia, en el fortalecimiento de las radios comunitarias, y en la formación de docentes capaces de atender las particularidades de la educación en las comarcas indígenas.
Si Panamá quiere avanzar hacia un futuro inclusivo y justo, debe empezar por garantizar que todos sus niños, en cualquier rincón del país, puedan estudiar en condiciones seguras, dignas y de igualdad. La vida de nuestros niños no debe ser una moneda de cambio en el camino hacia la educación.
