Un fallo judicial que ordena el reintegro y el pago de salarios caídos a la docente Benilda González, del Centro Educativo Básico General Manuel Urbano Ayarza, en Cativá, provincia de Colón, quien fue sancionada durante la pasada huelga magisterial, podría sentar un precedente legal con impacto directo en más de 200 educadores separados de sus cargos en circunstancias similares.
El pasado 27 de enero, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial revocó la suspensión provisional del cargo y del salario impuesta a González por el Ministerio de Educación (Meduca), al concluir que la medida vulneró principios constitucionales fundamentales y no respetó el debido proceso.
En su decisión, el Tribunal dejó claro que, si bien el Estado mantiene la facultad de investigar posibles faltas administrativas y ejercer su potestad disciplinaria, la sanción aplicada carecía de una base legal sólida. Además, determinó que no puede considerarse un simple acto administrativo de trámite una decisión que priva a un trabajador de su empleo y salario, debido a los efectos punitivos reales e inmediatos que genera en su vida personal y familiar. En consecuencia, ordenó la restitución del salario de la docente mientras se resuelve el fondo del proceso.
Abogados explican el alcance del fallo
Abogados de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá (Asomogrerp) se reunieron con docentes separados de sus cargos para explicar el alcance legal de la decisión judicial y aclarar dudas sobre los pasos a seguir. Indicaron que, una vez la resolución quede en firme, se iniciarán los procedimientos correspondientes para exigir su cumplimiento efectivo.
“Tenemos que esperar únicamente que la resolución quede ejecutoriada. Una vez eso ocurra, procederemos legalmente para que lo que el Tribunal Superior ya estableció se haga efectivo”, señalaron durante el encuentro.
Posible precedente para otros casos
El equipo legal considera que el fallo marca un punto de inflexión en los procesos disciplinarios abiertos contra docentes que participaron en la huelga. A su juicio, la resolución evidencia fallas en el debido proceso y establece un criterio que podría ser aplicado a los 298 educadores separados tras la huelga de 2025, realizada en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
Aunque la decisión no implica una absolución automática ni invalida los procesos administrativos en curso, el Tribunal estableció un principio claro: no es legal aplicar sanciones anticipadas, como la suspensión del cargo o del salario, sin una resolución firme, sin proporcionalidad y sin el pleno respeto a las garantías constitucionales.
El fallo también pone en entredicho el uso de la suspensión salarial como medida provisional, una práctica que, según el Tribunal, enfrenta serias dudas sobre su legalidad y sostenibilidad jurídica.
Reclamo gremial y llamado al diálogo
Desde Asomogrerp reiteraron que continuarán impulsando acciones legales para que los docentes afectados sean resarcidos, tanto en el plano laboral como humano, al señalar que las sanciones tuvieron efectos graves en familias que dependen del salario de los educadores.
Asimismo, hicieron un nuevo llamado al diálogo con el Meduca, con el objetivo de encontrar una salida institucional que priorice el interés de los estudiantes y permita el reintegro de los docentes sancionados.
“Con este fallo, lo que corresponde es fallar en derecho y archivar los expedientes. No han podido demostrar lo contrario”, sostuvieron, al asegurar que el equipo legal ha logrado acreditar violaciones a derechos constitucionales, incluido el derecho a un proceso digno e íntegro desde el inicio de las sanciones.
Finalmente, los abogados afirmaron que la decisión a favor de Benilda González refuerza la posibilidad real de que más de 200 educadores puedan acogerse a fallos similares en los tribunales, lo que obligaría a Meduca a revisar su actuación durante el conflicto magisterial.
Hasta el momento, el equipo legal del Meduca no ha emitido pronunciamientos sobre este asunto.
