Seis años después de la aprobación de la Ley General de Cultura de 2020, se formalizó la operatividad del Fondo Nacional de Cultura. La reglamentación del Decreto Ejecutivo No. 2, de mayo de 2026, no solo activa un mecanismo largamente postergado, sino que llega como respuesta a un sector que durante años operó en la precariedad.
Con un capital inicial de 5 millones de dólares y una asignación anual mínima de 3 millones, el Estado, a través del Ministerio de Cultura, intenta ahora traducir en recursos concretos lo que durante mucho tiempo fue apenas una promesa legal.
El fondo se configura como un sistema de recursos concursables y no reembolsables, administrado mediante un fideicomiso. Su objetivo es financiar proyectos que van desde el rescate de tradiciones y la creación artística hasta la investigación y la conservación del patrimonio histórico, en un intento por fortalecer la identidad cultural del país.
El diseño financiero apunta a garantizar cierta estabilidad. Los recursos asignados no forman parte del presupuesto ordinario de inversiones del Ministerio de Cultura, lo que les otorga mayor autonomía en su ejecución y reduce la dependencia de ajustes fiscales coyunturales.
El alcance
El alcance del fondo, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 23 de marzo, va más allá de las disciplinas artísticas tradicionales. Incluye el desarrollo de bienes y servicios culturales, la organización de festivales, la formación técnica y profesional y la adecuación de infraestructuras culturales. También incorpora la innovación social como componente estratégico.
Para asegurar resultados, el decreto establece criterios de evaluación estrictos. Se priorizarán proyectos con eficiencia operativa, capacidad de innovación y beneficios directos para poblaciones vulnerables, como niños, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas y afropanameñas.
La convocatoria está abierta a una amplia diversidad de actores. Podrán participar personas naturales, panameñas o extranjeras con residencia legal, así como universidades, organizaciones sin fines de lucro y empresas creativas. También se incluyen organizaciones culturales comunitarias con trayectoria comprobada.
El manejo de los recursos mediante fideicomiso introduce un componente de control y transparencia. Un fiduciario administrará los fondos bajo auditorías externas anuales y mecanismos de rendición de cuentas ante el Ministerio de Cultura.
La distribución
La distribución del presupuesto responde a un esquema definido: 30 % para creación artística, 25 % para investigación y formación, 25 % para difusión y movilidad, y 20 % para patrimonio y espacios públicos. El objetivo es cubrir todas las etapas del proceso cultural.
El proceso operativo iniciará cada año en el primer trimestre con la convocatoria nacional. Tras dos meses de postulación, un jurado independiente, integrado por expertos nacionales e internacionales, evaluará los proyectos con base en criterios técnicos.
La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, ha sostenido que el Fondo Nacional de Cultura se perfila como una de las apuestas estratégicas más relevantes de la entidad para dinamizar el desarrollo cultural y reforzar la identidad nacional.
