Diversas organizaciones condenaron este jueves, 17 de diciembre, el proceso de detención de jóvenes universitarios que llevó a cabo la Policía Nacional tras una manifestación la tarde de este miércoles.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), por ejemplo, denunció “las actuaciones represivas y abusos de la Policía Nacional” cuando miembros de esa institución detuvieron a un grupo de jóvenes “que hacían uso de su derecho de manifestación, como lo contempla nuestra Constitución”.
“No solo las imágenes que han inundado las comunicaciones en redes y noticieros evidencian acciones desproporcionadas contra población civil desarmada, sino que múltiples reportes señalan negación o demora injustificada al derecho de defensa, al no permitir que los jóvenes, una vez detenidos, tuvieran acceso oportuno a sus abogados”, señaló la organización en un comunicado.
De acuerdo a la Fundación, “estas actuaciones por parte de la Policía Nacional no son aisladas, hacen eco de las represiones desproporcionadas que se dieron hace un año contra jóvenes manifestantes —que se oponían a las modificaciones constitucionales absurdas redactadas por diputados de la Asamblea Nacional— y se suman a múltiples actuaciones autoritarias, que desconocen los derechos humanos civiles y políticos de la ciudadanía”.
Destacó que los derechos que contempla la Constitución siguen vigentes para los habitantes del país. A su vez, exigió a la Policía Nacional y el Ministerio Público inicien investigaciones administrativas y penales contra los policías y las directrices involucradas y “que estos actos no queden impunes”.
También exigió al mandatario y al Consejo de Gabinete que revise las actuaciones del Ministerio de Seguridad y los estamentos de seguridad bajo su administración, y que dicho ministerio sea dirigido por ciudadanos con formación civil y en derechos humanos, no militar, “que recuerde que nuestra Constitución señala que “la República de Panamá no tendrá ejército”.
Igualmente, pidió a la Defensoría del Pueblo cumplir de oficio con su mandato constitucional y ser “la voz de los sin voz frente al Poder Estatal”.
“Dentro de los Derechos Humanos fundamentales está la libertad de expresión, y los instrumentos internacionales reconocen hoy el derecho de acceso a la información pública como parte inherente de derechos de libertad de expresión. Ese derecho tampoco está en cuarentena, si bien en múltiples casos documentados por medios, organizaciones y ciudadanos, durante la pandemia funcionarios retrasan injustificadamente o no contestan las peticiones de acceso a la información pública. Los decretos de emergencia tampoco suspendieron este derecho y exigimos su fiel cumplimiento y que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública cumpla con su rol de exigirlo”, agregó la organización.
27 personas, entre ellos cuatro menores de edad, fueron detenidas la tarde el miércoles luego de las protestas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y la cinta costera. Lo jóvenes gritaron consignas contra la administración del presidente Laurentino Cortizo y protestaron porque se le quitaron los bonos del programa Panamá Solidario a los menores de 25 años de edad.
Exigimos al presidente @NitoCortizo y al Consejo de Gabinete que revise las actuaciones del @MinSegPma y los estamentos bajo su administración, que dicho Ministerio sea dirigido por ciudadanos con formación civil y en derechos humanos, no militar.
— Libertad Ciudadana (@LibertCiudadana) December 17, 2020
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José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, también se pronuncio respeto a las declaraciones del director de la Policía, Jorge Miranda, quien dijo que la universitaria Ileana Correa fue denunciada por supuestamente agredir a una agente.
Vivanco sostuvo que en un video la dirigente estudiantil es golpeada repetidas veces en el rostro por una subteniente mientras está rodeada de uniformados. “Eso es brutalidad y no puede justificarse”, aseveró.
Inadmisibles declaraciones del director de la Policía Nacional de Panamá, Jorge Miranda @jomirjr. Cuando justifica los atropellos bajo el argumento de que fue una “reacción humana”, ¿está justificando la brutalidad policial? https://t.co/FHr5m9slz5
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) December 17, 2020
Vivanco también se refirió a la agresión que sufrió el fotógrafo de la agencia EFE, Bienvenido Velasco, mientras daba cobertura periodística a la manifestación. “La Policía y el Ministerio de Seguridad deben investigar estos hechos y sancionar a los responsables”, dijo.
Al respecto, la agencia de noticias EFE igualmente se pronunció respecto a los golpes que sufrió Velasco. “El Consejo de Redacción de EFE expresa su solidaridad con el compañero Bienvenido Velasco, fotoperiodista de la Agencia en Panamá, que fue agredido por la policía cuando hacía su trabajo. La violencia contra los periodistas es inadmisible”.
El Consejo de Redacción de EFE expresa su solidaridad con el compañero Bienvenido Velasco, fotoperiodista de la Agencia en Panamá, que fue agredido por la policía cuando hacía su trabajo. La violencia contra los periodistas es inadmisible.
— Consejo de Redacción de Efe (@cderedaccionefe) December 17, 2020
En tanto, la Junta Directiva provisional de la Agrupación Panameña de Corresponsales de Prensa Extranjera (Acopep), aseguró que Velasco “fue rodeado, intimidado, zarandeado y golpeado por unidades policiales mientras cubría en la Cinta Costera la detención de varios manifestantes en el marco de unas protestas”, una agresión que sufrió “pese a presentar sus credenciales”.
La asociación exhortó a las autoridades competentes “a tomar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los corresponsales de prensa extranjera y los colegas de medios nacionales durante las protestas y evitar este tipo de atropellos, que en nada benefician la imagen internacional de un país”.
Por su parte, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y el Fórum de Periodistas señalaron en comunicado que han observado con “suma preocupación” la forma cómo la Policía, bajo la dirección de Miranda, “actúa con desproporción y violentando el derecho de cobertura, lo que constituye un ataque al libre ejercicio de nuestra profesión”.
En la nota, exigieron al mandatario Cortizo y a las autoridades correspondientes a realizar las investigaciones y tomar “medidas contundentes” para evitar que continúen “las constantes actuaciones de la Policía” violatorias a derechos y libertades fundamentales.
“Las denuncias son muy graves y no pueden ser tomadas a la ligera: no se puede reprimir y golpear a personas que ya han sido esposadas y reducidas”, agrega el comunicado.
En tanto, el Movimiento Independiente sostuvo que “el abuso” en contra de los derechos humanos de los ciudadanos “ha sido constante” durante esta administración.
Señaló que el manejo de los agentes de control de multitudes “ha dejado una larga lista de denuncias por abusos contra estudiantes y periodistas de medios nacionales e internacionales, evidenciando un desconocimiento e irrespeto”.
Por ello exigieron la pronta renuncia del ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, y el director de la Policía, Jorge Miranda.
En horas de la tarde, la Defensoría del Pueblo anunció que abrió una investigación “por la vulneración al derecho de la libertad de expresión e información” así como la integridad física del fotógrafo Velasco.
