El consejo de gabinete del presidente Laurentino Cortizo, dio luz verde a un contrato entre el Ministerio de Seguridad Pública y la empresa Marbez Distributions, por $3 millones 343 mil 476, para el suministro de comida (desayuno, almuerzo y cena) de los migrantes que llegan a Darién y son recibidos en las estaciones de recepción migratoria de San Vicente y Lajas Blancas.
De acuerdo con la Resolución de Gabinete 132 del pasado 6 de diciembre, el contrato es para atender cuentas pendientes con la empresa, correspondiente al periodo entre enero y el 11 de agosto de este año. El documento explica que Marbez Distributions, compañía que de acuerdo con el Registro Público tiene como presidente a Rubén Prestan Mejía, ha brindado el servicio desde el 15 de septiembre de 2020, para lo que se le refrendaron distintos contratos hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, después que se venció el último, no existe un documento contractual que obligue a la empresa a continuar con el suministro, pero lo ha proporcionado “de buena fe”.
El país ya ha invertido casi $70 millones en el cuidado y alimentación de migrantes sin recibir apoyo ni de organismos internacionales, ni de ninguno de los países por donde pasan en primera instancia estas personas.
Cada día, miles de migrantes llegan a Panamá después de atravesar la selva de Darién. Su propósito es seguir la travesía por Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos. De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Migración, entre enero y el 4 de diciembre de este año, arribaron a esta provincia 500 mil 330 caminantes. El doble de los que llegaron en 2022, cuando se contaron 248 mil 284 migrantes.
Buena parte de los que usan esa ruta son personas de Venezuela, Haití y Ecuador. Hasta el 4 de diciembre, el 64% de ellos eran venezolanos (319 mil 977).
Recientemente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados alertaron que la crisis migratoria que vive el continente americano se puede profundizar y que los países de la región tienen que atender el problema de forma integral.
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El 8 de septiembre de este año, autoridades panameñas anunciaron una serie de medidas para contener la crisis. Entre ellas, cambios en los puestos de control, reforzar las deportaciones a través de vuelos charter, y “barreras” marítimas, para evitar que lanchas con migrantes provenientes de Colombia ingresen al océano Pacífico y el mar Caribe, del lado de Panamá. Sin embargo, hasta ahora los responsables de seguridad del país no han dado un reporte sobre el impacto de estas medidas.
También se lanzó la campaña Darién no es una ruta, es una jungla, con el propósito de advertir los peligros que acarrea la travesía.
Mientras que el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, aseguró que se calcula en unas 20 libras diarias las que desechan los migrantes en parques naturales y en áreas protegidas. Además, dijo que han calculado más de medio millón de metros cúbicos de tierra erosionada en estos pasos. “Esto está ocasionando grandes impactos ambientales negativos a nuestras áreas protegidas, Panamá tiene que tomar alguna decisión”, agregó.
