El Consejo de Gabinete autorizó a la ministra de Educación, Lucy Molinar, a presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para modificar un artículo de la Ley Orgánica de Educación, posteriormente reformado mediante la Ley 362 de febrero de 2023, relacionado con la asignación presupuestaria del sector. La medida reabre el debate sobre cuánto debe invertir Panamá en educación pública y con qué eficiencia se administran esos recursos.
La autorización quedó consignada en la Resolución No. 28 del 21 de abril de 2026. Sin embargo, el documento, publicado este 28 de abril en la Gaceta Oficial, no precisa cuál será el cambio que impulsará el Ejecutivo, ni si la propuesta buscará reducir el piso mínimo vigente, sustituir la fórmula actual de cálculo o introducir nuevos criterios de distribución.
La reforma aprobada en 2023 otorgó prioridad presupuestaria a la educación y fijó una inversión pública mínima equivalente al 7% del producto interno bruto (PIB) a partir de 2024.
La meta de destinar el 7% del PIB a la educación no surgió de la nada. El reclamo histórico de más recursos para la educación no estaba necesariamente ligado a un porcentaje específico del PIB. Sin embargo, en la llamada mesa única del diálogo en Penonomé de 2022 —instalada para desactivar la paralización del país por los cierres de calles contra la administración de Laurentino Cortizo— algunos de los sectores presentes decidieron establecer esa meta, y la Asamblea Nacional terminó aprobando la Ley 362 un año después.
Teóricamente ese porcentaje debe enfocarse en corregir rezagos históricos en infraestructura, equipamiento escolar, conectividad y calidad educativa.
Desde el gobierno, tanto el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, como la ministra de Educación, Lucy Molinar, han sido críticos de esta fórmula pese a que está en la ley.
En septiembre de 2025, Molinar afirmó que la fórmula del 7% del PIB no era real, por lo que el gobierno evaluaba ajustes.
Posteriormente, durante una comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, sostuvo que el Ministerio de Educación (Meduca) no recibe una asignación calculada efectivamente sobre esa base.
Según explicó, el PIB mide el tamaño de la economía, pero no refleja los ingresos reales con los que cuenta el Estado para atender planillas, inversiones, deuda pública y funcionamiento institucional.
También advirtió que aplicar literalmente ese porcentaje tendría un peso considerable sobre las finanzas públicas. De acuerdo con sus cálculos, equivaldría a cerca del 43% de los ingresos corrientes del Estado y representaría aproximadamente una cuarta parte del gasto total del sector público no financiero.
“No hay un solo renglón presupuestado sobre la base del PIB”, manifestó entonces.
La tesis oficial apunta a reemplazar una métrica vinculada al crecimiento económico por otra asociada a la disponibilidad efectiva de ingresos públicos.
Fondos sin ejecutar
Nivia Rossana Castrellón, presidenta de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá, considera que antes de modificar la ley el país merece una explicación clara sobre el uso de los fondos previamente asignados al sector.
Recordó que entre 2018 y 2024 el Meduca dejó sin ejecutar $705.9 millones destinados a inversión en construcción, rehabilitación y mejoras de centros educativos.
La cifra cobra relevancia en medio de un sistema escolar que aún arrastra deficiencias básicas.
Castrellón citó un estudio de la Defensoría del Pueblo sobre 449 planteles, según el cual el 91% presenta problemas de infraestructura y el 65% registra fallas en el suministro eléctrico. A ello se suman limitaciones en el acceso a agua potable y deficiencias de mantenimiento.
Para Castrellón, si la intención del Ejecutivo es disminuir el compromiso mínimo fijado en la ley, resultaría difícil justificarlo frente a necesidades todavía no resueltas.
Según cifras citadas por la dirigente, en el primer semestre de 2025 el Meduca solo había ejecutado el 7% de su presupuesto de inversión, el porcentaje más bajo del Gobierno Central.
Mientras tanto, persistían 340 escuelas rancho y cientos de centros educativos operaban sin agua potable, sin electricidad o sin equipamiento mínimo para impartir clases en condiciones adecuadas.
Las mayores carencias se concentran en comarcas indígenas, Darién, Veraguas y Panamá Oeste, regiones donde históricamente la inversión pública ha llegado con retraso o ha resultado insuficiente frente a la demanda social.
En muchas comunidades, los estudiantes reciben clases en estructuras improvisadas, con mobiliario deteriorado y servicios básicos inestables.
Conectividad y alimentación escolar
Los rezagos también alcanzan áreas clave para la calidad educativa.
Castrellón sostiene que el 60% de las escuelas oficiales carece de acceso a internet y que, en numerosos bachilleratos en informática, los estudiantes nunca han utilizado una computadora.
La brecha digital se hizo más visible tras la pandemia, cuando la conectividad dejó de ser un complemento y pasó a convertirse en una necesidad para el aprendizaje.
A ello se suman problemas recurrentes en la alimentación escolar. Retrasos en licitaciones, refrendos y trámites administrativos han provocado, en distintos momentos, demoras en la entrega de meriendas o almuerzos a estudiantes de escuelas oficiales.
En zonas vulnerables, esos programas tienen impacto directo en la asistencia escolar, la nutrición infantil y la permanencia en las aulas.
¿Señal contradictoria?
El analista en educación Yair Velásquez sostiene que vincular la inversión educativa al PIB no es una novedad reciente ni una rareza panameña.
Se trata, afirma, de una referencia utilizada por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para medir el esfuerzo de los Estados en esta materia.
Según Velásquez, los países de la OCDE invierten en promedio 4.7% del PIB en educación, mientras que la Unesco recomienda entre 4% y 6%.
A su juicio, eliminar la referencia al PIB mientras Panamá aspira a estándares internacionales enviaría una señal contradictoria.
No obstante, Velásquez subraya que la discusión no debe agotarse en una cifra. A su juicio, lo esencial es que los recursos se traduzcan en escuelas funcionales, docentes respaldados, materiales adecuados y mejores resultados de aprendizaje.
Posición de la dirigencia docente
El dirigente magisterial Humberto Montero sostuvo que el aumento progresivo del presupuesto educativo fue resultado de años de reclamos del sector docente frente al abandono histórico de la educación pública.
Señaló que durante mucho tiempo el Ministerio de Educación operó con recursos insuficientes, mientras persistían aulas rancho, deterioro de infraestructura, falta de agua potable, deficiencias eléctricas y escasez de equipos tecnológicos.
También recordó que no todo el 7% corresponde directamente al Meduca, ya que una parte se distribuye entre universidades estatales, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).
Para Montero, cualquier modificación legal debe garantizar que el dinero llegue efectivamente a los centros escolares y no se diluya en reasignaciones o trámites burocráticos.
Con la autorización del Gabinete, el siguiente paso será la presentación formal del proyecto ante la Asamblea Nacional, instancia en la que deberá conocerse el contenido exacto de la propuesta y abrirse el debate legislativo.
Hasta ahora, la discusión pública se ha concentrado en escenarios aún no definidos: una eventual reducción del porcentaje mínimo, el reemplazo del PIB como referencia, una fórmula mixta vinculada a los ingresos corrientes del Estado o nuevas metas sujetas a resultados.
