El Ministerio de la Presidencia presentará ante el Consejo de Gabinete una propuesta para llevar ante la Asamblea Nacional, que permita prorrogar la ayuda social que reciben los 480 afectados de los enfrentamientos ocurridos del 6 al 10 de julio de 2010 en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
Actualmente, a unos 82 jornaleros que sufrieron daños en la visión durante estos enfrentamientos el Estado les concedió una pensión vitalicia mensual de $800 y otros 400 reciben una pensión de $200. No obstante, la Ley 28 de 4 de mayo de 2015 que regula este apoyo económico establece que en este último grupo la ayuda debe ser revisada cada tres años.
Precisamente, este mes de octubre concluye ese periodo y hasta el momento las víctimas no tenían una respuesta sobre el futuro de la pensión. Muchos de ellos tienen cientos de perdigones incrustados en sus músculos, huesos y órganos como riñones e hígado.
Jacinto Quintero, coordinador del Comité 8 de Julio, indicó que uno de los acuerdos con la Presidencia es que la ayuda se mantendrá hasta 2025, sobre todo porque muchos de los perjudicados por los enfrentamientos han visto desmejorado su estado de salud en los últimos años.
Además, subrayó que solicitaron se designe al menos un oftalmólogo en Bocas del Toro, ya que actualmente hay este tipo de especialistas en la provincia y deben viajar hasta la ciudad de Panamá para recibir atención.
Se conoció que una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, encabezada por el viceministro de la Presidencia, Carlos García, atendió en el Anfiteatro de la Presidencia a los miembros del Comité 8 de julio.
García calificó de “positiva” la reunión y explicó que como una de las prioridades del Ministerio de la Presidencia se le dará seguimiento a los tratamientos médicos que reciben los afectados en la Caja de Seguro Social, indemnizaciones, el proceso de legitimizar el derecho de los herederos y la evaluación para certificar posibles afectados, entre otros procesos que se requieran dentro de la ley.
