El Órgano Ejecutivo prorrogó por seis meses adicionales el precio tope de venta al por menor del agua embotellada en las provincias de Herrera y Los Santos, una medida que busca garantizar el acceso de la población a este producto mientras persisten los efectos de la crisis hídrica que afecta a la región de Azuero.
La decisión fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo No. 10 de 12 de junio de 2026 del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), publicado en la Gaceta Oficial, que extiende la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 24 de 12 de junio de 2025, mediante el cual se estableció temporalmente el control de precios para diversas presentaciones de agua embotellada.
De acuerdo con el decreto, el Gobierno considera necesario mantener la regulación debido a la persistencia de una demanda extraordinaria de agua embotellada en Herrera y Los Santos, producto de la contaminación de los ríos La Villa y sus afluentes, situación que dio origen a la declaración de estado de emergencia en ambas provincias en junio de 2025.
El documento señala que la medida busca evitar incrementos injustificados de precios, el acaparamiento y la especulación por parte de agentes económicos, con el fin de garantizar que la población pueda acceder a un bien considerado de primera necesidad.
La crisis hídrica en Azuero cumplió un año el pasado 27 de mayo. En esa fecha de 2025, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) suspendió operaciones en cuatro plantas potabilizadoras de Herrera y Los Santos tras detectar problemas en la calidad del agua de los ríos La Villa y Estivaná.
Desde entonces, miles de residentes han dependido, en distintos momentos, de agua embotellada, camiones cisterna y otras alternativas para cubrir sus necesidades básicas, mientras las autoridades continúan trabajando en soluciones que permitan garantizar un suministro de agua potable seguro y estable en la región.
La nueva prórroga estará vigente durante seis meses adicionales y se sustenta en las facultades del Estado para regular temporalmente los precios de determinados bienes y servicios cuando existan circunstancias extraordinarias que puedan afectar a los consumidores.
