El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció durante su discurso ante la Asamblea Nacional que, durante este año, se abrirá un diálogo nacional con miras a la redacción de una nueva ley de educación que sustituya la Ley 47 de 1946, vigente desde hace casi ocho décadas. La iniciativa busca modernizar el sistema educativo panameño y adecuarlo a las exigencias del mundo actual.
Según explicó el mandatario, el objetivo central es actualizar el marco legal que rige la educación, a fin de mejorar la calidad del aprendizaje, optimizar los procesos administrativos, enfrentar los problemas del sector con mayor eficiencia y administrar de mejor manera los recursos públicos destinados a la educación.
Mulino fue enfático al señalar que el sistema educativo actual, administrados no responde a las realidades ni a los retos del contexto global, lo que —a su juicio— limita la generación de igualdad de oportunidades para los estudiantes. “La educación panameña no está a la altura de las circunstancias de este nuevo mundo. Está desactualizada”, afirmó.
El presidente adelantó que el proceso comenzará con una fase participativa, en la que se escuchará a todos los sectores vinculados al sistema educativo, incluidos docentes, estudiantes, padres de familia y otros actores sociales. Subrayó que este intercambio de ideas debe darse en espacios de diálogo y análisis, y no mediante protestas o paralizaciones.
“A partir de esas propuestas, empezaremos a trabajar en un borrador de una ley que responda a las exigencias de un mundo dinámico, de un país que avanza y de una juventud que necesita herramientas reales para tener éxito en la vida”, recalcó.
Mulino sostuvo que la reforma educativa es una prioridad nacional y la comparó con la responsabilidad de un padre que busca garantizar el mejor futuro posible para sus hijos. En ese sentido, manifestó su aspiración de que la nueva legislación educativa se convierta en uno de los principales legados de su administración, sentando bases firmes para el desarrollo del país.
El anuncio marca el inicio de un proceso que podría significar uno de los cambios estructurales más importantes en el sistema educativo panameño desde la promulgación de la Ley 47 de 1946.
La última modificación a la Ley Orgánica de Educación (Ley 47) se dio a través de la Ley 34 del 6 de julio de 1995, que modificó, derogó y adicionó artículos para modernizar el sistema educativo. Esta reforma estableció bases para la Evaluación Nacional de la Calidad Educativa (Sinece), reestructuró aspectos del Ministerio de Educación (Meduca) y de las universidades, y creó nuevas carreras técnicas intermedias, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la educación panameña.
Sin embargo, en 1997 se registra una huelga nacional en desacuerdo a las modificaciones y con el cambio de gobierno en 1999, las modificaciones quedaron abandonadas.
Bloise plantea reforma educativa desde la Asamblea
Por su parte, el diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, se refirió a los anuncios recientes sobre una posible reforma educativa, subrayando su respeto a la separación de poderes entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo.
Bloise explicó que, desde que asumió la presidencia de la comisión, se ha venido trabajando en modificaciones puntuales a la Ley Orgánica de Educación, con el objetivo de presentar durante este año una reforma educativa de mayor alcance. Indicó que estos esfuerzos se han desarrollado desde el ámbito legislativo, de manera independiente.
El diputado aclaró que no ha sostenido conversaciones con el Ejecutivo sobre la iniciativa de reforma educativa anunciada recientemente, por lo que señaló que conoce pocos detalles sobre los pilares en los que se sustentaría dicha propuesta. No obstante, manifestó su total disposición a participar en un proceso de diálogo amplio e inclusivo.
Piden cautela ante cambios a la Ley de Educación
En tanto, Humberto Montero, dirigente del sector magisterial, reiteró que la Ley 47, Orgánica de Educación, vigente desde 1946, fue creada para reorganizar y fortalecer el sistema educativo panameño y que, aunque se trata de una normativa antigua, ha sido modificada a lo largo de los años para responder a nuevas realidades. Señaló que su objetivo central siempre ha sido garantizar la educación como un derecho humano fundamental e integral.
Montero indicó que los problemas estructurales del sistema educativo no se deben al incumplimiento del magisterio, sino a la falta de ejecución de los lineamientos establecidos en la propia ley por parte de los distintos gobiernos. Añadió que muchas disposiciones han quedado solo en el papel, pese a estar claramente definidas en la normativa vigente.
Con respecto a la posibilidad de impulsar cambios a la Ley de Educación mediante un proceso de participación de todos los sectores, con el fin de construir una normativa más robusta, recordó experiencias previas, como el Compromiso Nacional por la Educación (Ley 59 de 2018) y otras reformas recientes, en las que las propuestas del sector educativo no fueron tomadas en cuenta, pese a los amplios procesos de consulta.
El dirigente magisterial aclaró que no se oponen a una verdadera transformación educativa, pero consideran que no es el momento adecuado para promover una nueva reforma legal, debido a las tensiones actuales con el Gobierno y a antecedentes de falta de inclusión en la toma de decisiones. Subrayó que el tema debe ser evaluado con cautela, al tratarse de un asunto sensible que impacta directamente el futuro del sistema educativo nacional.
