Tras la reciente circular emitida por el Ministerio de Salud (MINSA) que prohíbe la exigencia generalizada de certificados de salud mental en instituciones públicas y privadas, el titular de la cartera, Fernando Boyd Galindo, aclaró este martes, que la medida no es absoluta y contempla excepciones fundamentales basadas en la seguridad ciudadana.
La normativa surge como un mecanismo para frenar prácticas que, bajo la apariencia de trámites rutinarios, vulneraban los derechos humanos y funcionaban como filtros de discriminación laboral y educativa. Sin embargo, el ministro enfatizó en TVN Noticias, que ciertos perfiles profesionales mantienen la obligatoriedad de evaluaciones psicológicas debido a la naturaleza de sus funciones.
Seguridad y responsabilidad: Las excepciones
Boyd Galindo detalló que existen cargos o posiciones laborales donde el control de la salud mental es indispensable para garantizar el bienestar de terceros. Entre las excepciones mencionadas destacan:
* Portadores de armas y personal de seguridad.
* Conductores de transporte público y colegiales.
* Docentes y personal educativo.
“Es necesario dar seguridad de que su hijo está en una escuela donde hay una persona que los va a educar adecuadamente, o que el vehículo en el que se desplaza no tendrá problemas”, señaló el funcionario, comparando este requisito con la exigencia de una licencia de conducir para cargos que requieren manejar.
Fundamentación legal y criterios técnicos
La circular se fundamenta en el Artículo 39 del Decreto Ejecutivo No. 61 de 2024. Este marco legal establece que la evaluación de salud mental solo puede justificarse cuando:
1. Exista una tarea específica de alto riesgo claramente definida.
2. La decisión esté debidamente fundamentada de forma individual.
3. Esté vinculada directamente a la protección del trabajador o de terceros.
¿Existen excepciones para estudiantes?
Al igual que en el ámbito laboral, el sistema educativo solo puede requerir una evaluación de salud mental en casos excepcionales. De acuerdo al documento, esto solo aplicaría si la carrera o actividad académica implica tareas específicas de alto riesgo o si existe una decisión debidamente fundamentada que justifique la evaluación para proteger la seguridad del estudiante o de terceros.
El MINSA fue enfático al señalar que estas evaluaciones deben ser casos “excepcionales” y nunca una solicitud generalizada para toda la población.
