La lesión patrimonial derivada de los auxilios económicos otorgados en la pasada administración de manera irregular por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) asciende a cerca de $38 millones, según dos auditorías realizadas por la Contraloría General de la República.
La cifra fue revelada ayer por el director del Ifarhu, Carlos Godoy, durante la sustentación de dos solicitudes de traslado de partidas ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
El dato surgió cuando el diputado José Pérez Barboni preguntó cuánto dinero ha recuperado la institución de los auxilios económicos investigados por presuntas irregularidades.
Godoy respondió que el Ifarhu aún no cuenta con un balance del dinero recuperado, ya que varios expedientes permanecen en una etapa de negociación entre el Ministerio Público y las personas señaladas en los informes de auditoría de la Contraloría.
No obstante, precisó que las dos auditorías practicadas por el ente fiscalizador determinaron una lesión patrimonial cercana a los $38 millones.
“Fueron como alrededor de 38 millones de dólares”, manifestó el funcionario al referirse al monto conjunto identificado en ambas auditorías.
Recuperación de fondos depende de acuerdos con la Fiscalía
El director explicó que la recuperación de los recursos dependerá de los acuerdos que el Ministerio Público alcance con los beneficiarios investigados y que, posteriormente, el Ifarhu ejecutará los cobros correspondientes.
“Hemos tenido conversaciones con la Fiscalía. La Fiscalía nos estableció que esas personas van a hacer convenios con ellos y nosotros debemos hacer los cobros”, indicó.
Añadió que las condiciones de devolución varían según cada caso. Algunas personas deberán reintegrar el dinero de inmediato, mientras que otras podrán hacerlo mediante pagos parciales o bajo las modalidades que establezcan las autoridades.
“No es necesariamente que van a devolver todo el dinero de manera inmediata, pero sí se está recuperando el dinero”, sostuvo.
Godoy señaló que algunos beneficiarios se han acercado voluntariamente al Ifarhu para formalizar acuerdos de pago. Sin embargo, la institución no precisó cuántas personas participan en este proceso ni cuánto dinero ha sido recuperado hasta el momento.
Las investigaciones sobre los auxilios económicos comenzaron tras las auditorías efectuadas por la Contraloría a programas de asistencia financiera otorgados en administraciones anteriores. Los informes fueron remitidos al Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades penales y patrimoniales.
Aprueban traslados por $37.3 millones
En la misma sesión, la Comisión de Presupuesto aprobó dos traslados de partidas solicitados por el Ifarhu por un total de $37,788,117.
Del monto aprobado, $1,373,543 serán destinados al pago del alquiler del edificio que alberga la sede principal de la institución, ubicada en vía Argentina, mientras que $36,414,574 se utilizarán para cubrir el pago de becas, programas de estudio y compromisos correspondientes a vigencias anteriores.
Durante su intervención, Godoy informó que el Ifarhu ocupa el edificio de vía Argentina desde 2011 y que, desde entonces, ha desembolsado aproximadamente $23 millones en concepto de alquiler.
Añadió que la institución evalúa adquirir el inmueble, cuyo avalúo ronda una cifra similar a la pagada por arrendamiento durante los últimos 15 años.
Diputado cuestiona préstamos para estudiantes de aviación
Durante la discusión presupuestaria, el diputado Jonathan Vega expuso el caso de estudiantes que recibieron préstamos del Ifarhu para cursar carreras de aviación en Aviation Training Center, centro educativo que cerró operaciones en 2012.
Según el diputado, varios estudiantes no pudieron concluir su formación tras el cierre de la escuela, pero continúan pagando los préstamos otorgados por la entidad.
Vega sostuvo que el Estado no debería trasladar toda la responsabilidad a los estudiantes cuando los recursos públicos fueron entregados a una institución privada que dejó de prestar el servicio educativo.
Consultado sobre este caso, el director del Ifarhu no respondió de fondo al planteamiento ni precisó cuántos beneficiarios mantienen esas obligaciones financieras o si la entidad contempla algún mecanismo para revisar su situación.
El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los mecanismos de supervisión estatal de los programas financiados con recursos públicos a través de instituciones privadas, así como la responsabilidad de las entidades encargadas de garantizar que los beneficiarios reciban la formación para la que fueron asignados esos fondos.
