El presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Institutos y Centros de Enseñanza Superior (Alcices), Cornley Williams Jones, denunció que el Decreto Ejecutivo No.56 del 10 de octubre, emitido por el Ministerio de Educación (Meduca), que establece nuevos requisitos para la selección y el nombramiento de docentes, representa un “ataque directo” y una medida “discriminatoria e ilegal” contra los institutos superiores del país.
Según Williams, el decreto “introduce tratamientos discriminatorios en los numerales 15, 16 y 17 del artículo 31, al crear una clasificación que no existe en la Ley Orgánica de Educación ni en la Ley 389 de 2023 (que regula el funcionamiento de los institutos técnicos). El decreto inventa una subcategoría entre técnico universitario y técnico no universitario, algo que la ley no reconoce”, afirmó.
El Decreto 56 establece nuevos requisitos y procedimientos para la selección, el nombramiento y el traslado del personal docente, de supervisión y de directores de primer y segundo nivel de enseñanza en el Meduca. Este decreto sustenta el concurso de nombramiento docente para el año 2026, en el cual se han habilitado 3,500 plazas.
En el caso del artículo 31, se establece la puntuación para cada título académico, la cual será de carácter acumulativo. Para el técnico superior no universitario en la especialidad indica: 10 puntos para el primer título, 4 para el segundo y 1 para el tercero.
A criterio del dirigente de los institutos y centros de enseñanza superior, la nueva normativa reduce el puntaje de los títulos obtenidos en institutos superiores privados para concursos docentes, mientras que un técnico universitario recibe 13 puntos y uno cursado en la Normal de Santiago obtiene 15. “Es una disminución directa del valor académico de nuestros títulos”, aseguró.
Además, denunció que el artículo 33 del decreto limita a solo tres los títulos de técnicos superiores válidos, restringiendo el derecho a la educación y afectando la formación continua. “¿Quién puede decirle a un panameño cuántas carreras puede estudiar? Es arbitrario e inconstitucional. Esto restringe el derecho a la educación y desconoce el rol que estas instituciones cumplen desde hace más de 25 años”, sostuvo.
Para el presidente de Alcices “existe una contradicción, ya que el propio Meduca, que ahora devalúa los títulos técnicos, ha utilizado durante años a los institutos superiores como organismos capacitadores (OCAS) para la formación docente. Es irónico: el ministerio firma nuestros diplomas, aprueba nuestros programas y aun así pretende bajar nuestro valor”, cuestionó.
Ante estas afectaciones, Alcices y otros gremios han presentado al menos seis demandas de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y anunciaron que seguirán interponiendo más acciones.
En el país existen existen 104 institutos superiores, entre públicos y privados, con una matrícula de 20 mil estudiantes. Datos del Alcices revelan que la tasa de inserción laboral es del 85%, con una fuerte demanda en sectores como salud, administración y contabilidad.
Por su parte, el secretario de Alcices, Manuel Salvatierra, recordó que la Ley 389, en su artículo 36, establece que los estudios realizados en institutos superiores deben ser reconocidos para continuar licenciaturas en universidades, lo que demuestra que estas instituciones forman parte integral del sistema de educación superior. Sin embargo, el Decreto 56 —al reducir puntajes y crear distinciones no contempladas en la ley— estaría “desviando la misión” de este nivel educativo.
Salvatierra señaló que los institutos superiores cumplen un papel clave en la economía nacional, al formar en corto tiempo el talento técnico que Panamá necesita. En un momento de dificultades económicas y ante la demanda de empresas que aseguran que “faltan panameños calificados”, el decreto, dijo, desvaloriza los títulos técnicos.
También criticó que “el Gobierno se declare proempresa, mientras el Meduca envía señales contrarias al reducir el valor académico de carreras que han permitido a miles de panameños insertarse laboralmente o crear micro, pequeñas y medianas empresas”. “No tiene sentido que el propio Estado nos use como centros de capacitación, pero luego limite nuestro aporte y ponga obstáculos”, señaló.
Destacó que el artículo 45 de la Ley 389 reconoce los institutos superiores como centros de capacitación para organismos gubernamentales, por lo que consideró que el Decreto 56 “infringe directamente” esa normativa.
Meduca busca garantizar competencia justa
Ante estas denuncias, la viceministra académica, Agnes de Cotes, aclaró que la normativa surge con el fin de mejorar el aseguramiento y la calidad de la educación, ordenando los criterios de evaluación en los concursos docentes.
Indicó que, antes del decreto, los aspirantes podían presentar una cantidad ilimitada de títulos técnicos, universitarios o no universitarios, lo que desequilibraba la competencia y permitía que algunos docentes acumularan puntajes muy altos, a veces por encima de quienes tenían maestrías o doctorados, #lo que desmejoraba la calidad del concurso”.
Recordó que en el sistema anterior, los técnicos no universitarios sumaban 12 puntos y los universitarios 15, lo que —multiplicado por varios diplomas— podía superar a docentes con estudios de posgrado.
Con el Decreto 56 se estableció un tope máximo de 15 puntos y un máximo de tres títulos superiores. “Con esta medida se busca garantizar competencia justa, coherente y ética, evitando ventajas obtenidas únicamente mediante la acumulación de cursos técnicos, muchos de ellos virtuales y cursados simultáneamente”.
“El decreto también regula la presentación de títulos de bachiller, garantizando orden y transparencia en los concursos, sin impedir que los docentes sigan formándose”, agregó.
De Cotes destacó que la normativa también contribuye a frenar la venta de títulos y la proliferación de certificaciones dudosas, una situación que —según indicó— aún está bajo investigación. “Existen denuncias de títulos falsos… era un negocio, y esto es lo que se está terminando”, apuntó.
Con respecto a las demandas interpuestas en la CSJ, el asesor legal del Meduca, Jaime Castillo, informó que no tienen conocimiento de una sola demanda admitida formalmente contra el Decreto 56 de octubre de 2025.
Aclaró que “hasta la fecha solo se ha presentado una demanda de contención administrativa contra el Decreto 56, interpuesta el 17 de octubre de 2025, la cual aún no ha sido admitida ni rechazada por la Sala Tercera. Una vez concluido ese trámite, el ministerio deberá responder dentro del período establecido por la ley”.
El asesor legal manifestó que el decreto, vigente y aplicado desde este año, busca asegurar la calidad de la enseñanza y regular los concursos de selección y nombramiento de docentes. La normativa establece límites en la valoración de títulos técnicos y otros certificados para garantizar que las plazas sean ocupadas por profesionales con la formación requerida.
Castillo también recordó que, bajo regímenes anteriores, algunos docentes acumulaban múltiples títulos de menor jerarquía, en detrimento de quienes contaban con licenciaturas, maestrías o doctorados, afectando la calidad del servicio educativo. Incluso hay investigaciones internas por el tema de la venta de títulos.
El asesor legal informó que el Meduca registra al menos 100 denuncias por títulos falsos, algunas en coordinación con el Ministerio Público. Estos casos están bajo investigación.
