“Hoy es un día histórico para San Miguelito”. Con esa frase, en un video publicado en su cuenta de Instagram, el exdiputado Juan Diego Vásquez celebró, este 19 de enero, la salida de la empresa Recicladora de Vida y Salud, S.A. (Revisalud), responsable de la recolección de basura en el distrito durante más de dos décadas.
Para Vásquez, la desvinculación de la empresa marca el cierre de un ciclo caracterizado por un servicio deficiente y una relación contractual que, según ha sido cuestionada durante años por vecinos y autoridades locales, no se tradujo en mejoras sostenidas para uno de los distritos más poblados y vulnerables del país.
“Una compañía que no cumplió su trabajo, pero sí supo cobrar”, planteó el exdiputado, subrayando el hastío acumulado por generaciones de residentes que convivieron con desechos acumulados, rutas irregulares y una constante sensación de abandono institucional.
Sin embargo, más allá de la salida de Revisalud, sus declaraciones destaparon una controversia mayor: la manera en que el servicio de recolección de basura se ha convertido en un campo de disputa política, económica e institucional.
Críticas al Ejecutivo y al Contralor
Lo más llamativo de su mensaje no fue la celebración por la salida de la empresa concesionaria, sino sus críticas directas al contralor general de la República, Anel Flores, y al gobierno central.
Vásquez calificó de “hipocresía” los argumentos utilizados para cuestionar la capacidad de la Alcaldía de San Miguelito para iniciar operaciones propias de limpieza.
“Han querido hacer ver que la Alcaldía no podía trabajar porque no tenía contratos refrendados. La mayor hipocresía del mundo. Hoy la Autoridad de Aseo está operando en San Miguelito y en otras partes de Panamá con empresas que ni siquiera tienen contratos en camino”, afirmó.
La acusación apunta a una práctica que, según el exdiputado, se ha normalizado: exigir rigor legal a ciertas instancias mientras se tolera informalidad contractual en otras, siempre que convenga políticamente. En su análisis, la preocupación del Ejecutivo no estaría centrada en mejorar el servicio de limpieza, sino en debilitar una gestión municipal independiente y políticamente incómoda.
“Ni la Autoridad de Aseo, ni el Contralor ni el gobierno están pensando en San Miguelito. Buscan quedarse con dinero que no se usará para mejorar el distrito, sino para pagar deudas de empresas”, denunció, al señalar que todo el conflicto responde a intereses económicos y políticos que poco tienen que ver con la salud pública o el bienestar ciudadano.
Un conflicto que va más allá de la basura
Pese al tono crítico, Vásquez reiteró su disposición a colaborar tanto con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), entidad estatal encargada de recolectar los desechos, como con la Alcaldía de San Miguelito para garantizar que la recolección de desechos no se vea afectada.
“Todos debemos trabajar para que la basura se recoja, pero no le mientan al país ni a San Miguelito. Querían hacer daño, pero no lo lograron. Seguiremos trabajando robustecidos”, afirmó.
Sus palabras revelan que el debate trasciende lo operativo: la pugna gira en torno al control del servicio, los flujos de dinero asociados a los contratos y la utilización política de un problema estructural que afecta directamente la calidad de vida de miles de personas.
En medio de sus señalamientos, Vásquez también hizo pública una nota enviada por el Consorcio Covelia Panamá, S.A., a la Autoridad de Aseo, en la que la empresa advierte que actualmente presta el servicio de recolección de basura sin contar con un instrumento jurídico vigente que respalde formalmente la continuidad de la relación contractual.
La información divulgada por el exdiputado añade un elemento clave al debate: según Covelia, además de operar sin contrato vigente, la empresa reclama una deuda acumulada superior a los 4.7 millones de dólares por servicios ya ejecutados.
La advertencia consta en una comunicación fechada el 14 de enero de 2026, dirigida al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en su condición de presidente de la Junta Directiva de la AAUD, bajo la referencia “Situación contractual y pagos pendientes – Contrato No. 031-2024”.
En el documento, Covelia manifiesta su “profunda preocupación” por la situación actual, tanto desde el punto de vista jurídico como operativo y financiero, al no existir —según señala— ningún instrumento legal vigente que ampare formalmente la continuidad de la prestación del servicio.
La empresa detalla que esta situación ha sido comunicada previamente a la administración de la AAUD mediante al menos tres notas formales: una del 23 de diciembre de 2025, otra del 6 de enero de 2026 y una más del 12 de enero de 2026, sin que hasta la fecha se haya regularizado el marco contractual.
Pese a ello, Covelia afirma haber continuado prestando el servicio de manera ininterrumpida, atendiendo solicitudes expresas de la propia Autoridad de Aseo, con el objetivo de salvaguardar la salud pública, la limpieza urbana y el interés general.
Este señalamiento resulta especialmente delicado si se considera que se trata de un servicio público esencial, cuya interrupción tendría efectos inmediatos en la salubridad y el orden urbano.
En la misma comunicación, la empresa sostiene que existe un adeudo significativo por servicios efectivamente ejecutados, cuya deuda acumulada al 31 de diciembre de 2025 superior a los 4.7 millones de dólares.
Señor @AnelBoloFlores podría explicarle el país por qué usted hace su trabajo con doble estándar.
— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) January 19, 2026
La Alcaldía de San Miguelito no podía arrancar sin refrendo; pero entonces la Autoridad de Aseo sí.
¿Usted tiene doble estándar o va a rechazar los refrendos de la AAUD? https://t.co/t5zHTqIMWZ
De acuerdo con Covelia, dichos montos han sido debidamente sustentados tanto técnica como administrativamente ante la AAUD, sin que hasta ahora se haya concretado una solución que permita su reconocimiento y pago. La falta de una respuesta concreta —según indica— mantiene a la empresa en un estado de incertidumbre financiera, pese a haber cumplido con los procedimientos formales para justificar los cobros.
Ante este escenario, Covelia solicitó la intervención directa del ministro Boyd Galindo y de los demás miembros de la Junta Directiva de la AAUD, a fin de que se definan con prontitud las acciones administrativas y legales necesarias para regularizar tanto la situación contractual como los pagos pendientes.
La empresa deja constancia de que su reclamo no responde únicamente a una afectación económica, sino al riesgo institucional que implica que un servicio público esencial sea prestado sin respaldo legal vigente.
Un modelo bajo cuestionamiento
El pronunciamiento de Covelia ocurre en un momento especialmente sensible para la Autoridad de Aseo, que ha sido objeto de cuestionamientos por la gestión del sistema de recolección, particularmente en distritos como San Miguelito, donde el Gobierno autorizó recientemente una intervención temporal ante el colapso del servicio.
Que uno de sus contratistas advierta que presta servicios sin contrato vigente y con una deuda millonaria pendiente añade presión sobre la administración de la entidad y reaviva el debate sobre la planificación, transparencia y sostenibilidad financiera del modelo de gestión de residuos en Panamá.
Así, mientras San Miguelito celebra el fin de una relación contractual histórica con Revisalud, el país asiste a una discusión más profunda: si la crisis de la basura es producto de empresas ineficientes, de autoridades permisivas o de un sistema diseñado para operar sin controles efectivos. Una discusión que, más allá de los discursos políticos, sigue teniendo como telón de fondo el derecho ciudadano a vivir en un entorno limpio y saludable.
