La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, reveló que la dueña de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), empresa encargada del servicio de recolección de basura en su distrito, solicitó una adenda de seis meses para continuar operando.
La petición fue presentada en una reunión mediada por el contralor general de la República, Anel Flores, lo que, según la alcaldesa, pone en evidencia los intereses políticos que subyacen en esta situación.
Hernández detalló que la dueña de Revisalud, identificada como Sandra Vélez, solicitó esta extensión para prolongar su contrato en un contexto en el que la gestión de la empresa ha estado envuelta en problemas de incumplimiento y deficiencia en el servicio.
La alcaldesa en una entrevista en Radio Panamá expresó su sorpresa por la intervención del Contralor, quien actuó como “puente” entre ambas partes, cuando, según ella, no había necesidad de su mediación. “Si la dueña de Revisalud hubiera solicitado la reunión directamente con nosotros, no habría problema”, subrayó.
Una solicitud que no convence
Aunque la solicitud de la adenda fue presentada como una necesidad administrativa para continuar el servicio de recolección de basura, la alcaldesa considera que se trata de un intento por prolongar la permanencia de una empresa con un historial cuestionado.
“No sé si se puede llamar trabajo, pero lo cierto es que la empresa no ha logrado solucionar el problema de la basura en San Miguelito”, comentó Hernández, quien también señaló que su administración ya había iniciado el proceso de licitación para buscar alternativas al servicio de Revisalud.
La solicitud de la adenda, según Hernández, es solo un capítulo más de la estrategia del Gobierno Central para intervenir en los servicios municipales, un proceso que ella considera destinado a debilitar el control local sobre los recursos y los servicios que históricamente han sido gestionados por las alcaldías.
Para la alcaldesa, el Contralor, al mediar en la solicitud de la adenda, está actuando como un “intermediario” en un proceso que debería haberse gestionado exclusivamente a nivel municipal.
¿Un ataque político?
La reunión mediada por el Contralor, lejos de ser un simple acto administrativo, se ha convertido en un punto de fricción política para la alcaldesa. Hernández no dudó en señalar que detrás de la solicitud de la adenda y la intervención del Contralor se ocultan intereses políticos. “No solo estamos hablando de un servicio de recolección de basura, sino de un intento por desestabilizar mi gestión como alcaldesa e interferir con el liderazgo político que hemos logrado construir en San Miguelito”, sostuvo.
El malestar de la alcaldesa se extiende a lo que considera una falta de coordinación y respeto por parte del Gobierno Central.
Hernández indicó que el Ejecutivo no se ha comunicado formalmente con su administración para coordinar soluciones a la crisis de la basura, lo que ha dejado a su equipo en una situación de incertidumbre respecto a los próximos pasos a seguir.
La solicitud de la adenda de Revisalud y el papel del Contralor en la mediación, según la alcaldesa, no son más que un reflejo de la tendencia centralizadora del Gobierno.
Para Hernández, si se permite que el Gobierno Central tome el control de los servicios de recolección de residuos en San Miguelito, lo que vendrá después será un proceso de centralización total de las funciones municipales. “¿Qué sigue después? ¿Será que nos quitarán el control de otros servicios? ¿Cómo quedará la autonomía municipal?”, se preguntó.
Hernández ha sido una férrea defensora de la autonomía de los gobiernos locales, insistiendo en que el fortalecimiento de las alcaldías es clave para que los servicios públicos sean más eficientes y estén más cerca de la ciudadanía. Sin embargo, la intervención del Gobierno Central en el tema de la basura, que había sido manejado por la alcaldía, es vista como un ataque a esa autonomía.
A pesar de las presiones y las tensiones políticas, Hernández subrayó que su compromiso con la comunidad de San Miguelito sigue intacto. Según la alcaldesa, la solicitud de la adenda es solo una pieza más en un rompecabezas político que busca frenar su liderazgo y desestabilizar su administración. No obstante, Irma Hernández se mantiene firme en su lucha por defender la autonomía del municipio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
“Lo que realmente le importa a la gente no es quién recoge la basura, sino cómo lo hacen. La gente necesita saber que los fondos que pagan por la tasa de aseo se están utilizando de manera correcta, no para sostener un servicio deficiente”, afirmó. La alcaldesa también recordó que su administración ya está avanzando en la creación de un sistema de recolección de residuos más eficiente y sostenible, que no dependa de empresas con un historial dudoso.
Durante una conferencia de prensa semanal, José Raúl Mulino, subrayó que la decisión no responde a disputas políticas o institucionales. “Esto no es un concurso de egos. Esto es resolverle un problema a la población de San Miguelito, que tiene todo el derecho de vivir sin basura y que, además, paga por ese servicio”, recalcó.
