El proceso de integración de los servicios de salud entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) avanza hacia una etapa decisiva este año, al convertirse en una de las prioridades del Gobierno. El plan de las autoridades ya está trazado.
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció que en marzo próximo se entregará al presidente de la República, José Raúl Mulino, un primer informe con los avances del trabajo que realiza la mesa técnica creada para unificar los servicios públicos de salud.
“Tenemos una mesa de integración bien elaborada. El señor presidente nos ha pedido que para marzo le presentemos un primer pantallazo de cómo van las cosas”, señaló Boyd Galindo, quien reconoció que se trata de un proceso complejo, por la cantidad de actores, estructuras y normativas involucradas, pero que, a su juicio, traerá beneficios significativos para la población.
La integración Minsa–CSS no es un tema nuevo en la agenda pública. El Ejecutivo oficializó en noviembre de 2025 la creación de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, un organismo adscrito al Minsa que tendrá la responsabilidad de coordinar y dar seguimiento al proceso de integración de los servicios sanitarios del país.
De acuerdo con lo explicado previamente por autoridades, el objetivo central de la comisión es evitar la duplicación de servicios, optimizar el uso de la infraestructura existente y garantizar que los pacientes, asegurados o no, puedan recibir atención oportuna, sin barreras institucionales.
No obstante, desde que se anunció la activación del proceso, dos actores del sistema de salud han expresado preocupaciones. La Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) y la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás han advertido sobre posibles riesgos para la autonomía financiera de la institución de seguridad social y han solicitado claridad sobre cómo se manejarán los recursos, el personal y la toma de decisiones en un sistema integrado.
Ante estas inquietudes, Boyd Galindo insistió en que la integración no significa que una institución “absorba” a la otra ni que la CSS deba asumir cargas adicionales. “A veces se malinterpreta y se piensa que una institución va a cargar a la otra, y no es así”, afirmó.
Como ejemplo de la interdependencia que ya existe entre ambas redes, el ministro recordó que hospitales del Minsa, como el Nicolás A. Solano, en La Chorrera; el hospital Santo Tomás, y el Instituto Oncológico Nacional, atienden actualmente a una mayoría de pacientes asegurados. En algunos casos, dijo, más del 60 % y hasta el 70 % de las personas atendidas cuentan con seguro social, lo que evidencia que la separación institucional no ha impedido, en la práctica, la coexistencia de servicios.
Pese a la existencia de dos sistemas formales, la atención cruzada entre el Minsa y la CSS ocurre desde hace años, muchas veces sin mecanismos claros de compensación financiera ni coordinación clínica, lo que genera ineficiencias y tensiones administrativas.
Uno de los ejes centrales del proceso de integración, según el ministro, es el fortalecimiento de la atención primaria. Boyd Galindo aseguró que el objetivo es que los ciudadanos puedan acceder a servicios médicos cerca de sus hogares, reduciendo la presión sobre los hospitales de referencia y evitando desplazamientos innecesarios.
“Lo que queremos es que cada persona pueda atenderse cerca de su casa. Esto va de la mano con el fortalecimiento de la atención primaria, para que cada panameño tenga acceso a atención médica prácticamente en el patio de su casa”, sostuvo.
La integración del sistema de atención tomará alrededor de dos años y se iniciará de forma gradual en las provincias de Herrera y Los Santos, según explicó Carlos Abadía, asesor del Minsa y uno de los responsables técnicos del proceso.
Abadía indicó que la meta es que el sistema integrado esté plenamente operativo hacia finales de 2027, de modo que los años siguientes se destinen a ajustes y al perfeccionamiento del modelo. A su juicio, el plazo responde a una lección aprendida de intentos fallidos anteriores: extender demasiado el proceso lo expone a cambios políticos que terminan por revertirlo.
“No podemos plantear esto a cinco años. Tiene que consolidarse dentro de este período de gobierno y quedar blindado como una política de Estado”, sostuvo.
Personal médico
En cuanto al recurso humano, Boyd Galindo informó que el año pasado se nombraron más de 1,500 profesionales de la salud y que se logró incorporar de forma permanente a 2,170 funcionarios que mantenían contratos temporales o de tiempo definido. Según explicó, esta regularización no se realizaba desde hace más de una década.
“Logramos incluirlos dentro de la estructura de contratos indefinidos. En total, fueron más de 2,000 personas”, detalló.
Aun así, el ministro reconoció que persiste una escasez de médicos especialistas, sobre todo en el interior del país. Para enfrentar esta situación, el Minsa trabaja en la articulación de los nombramientos con el uso de herramientas de inteligencia artificial, que permitirán optimizar la asignación de especialistas y facilitar la atención a través de sistemas de referencia y telemedicina.
Millonaria inversión
Boyd Galindo también anunció inversiones superiores a los 1,400 millones de dólares en más de 40 proyectos de infraestructura en el sector salud. Entre las obras mencionadas figuran la culminación del hospital de Metetí, la pronta entrega del hospital Aquilino Tejeira y la inauguración del hospital de San Isidro, un proyecto que permaneció abandonado por más de 10 años y que beneficiará a cerca de 300,000 personas.
También se prevé el inicio de la construcción del hospital de Panamá Norte, así como el hospital de Muná, en la comarca, y la reactivación del hospital de Curundú, otro proyecto largamente postergado.
Estas inversiones, según el titular de Salud, serán una prueba clave para medir si la integración Minsa–CSS se traduce en mejoras reales en el acceso, la calidad y la sostenibilidad del sistema de salud, o si se limita a un reordenamiento administrativo sin impacto tangible para los pacientes.
Mientras el Gobierno avanza en la elaboración de su primer informe, el debate sobre la integración continúa abierto. La expectativa de distintos sectores es que el proceso se maneje con transparencia, participación técnica y claridad normativa, para evitar que una reforma largamente esperada termine replicando los problemas estructurales que ha arrastrado el sistema de salud panameño durante décadas.
Estas inversiones y el avance del proceso de integración marcarán una prueba clave para el Gobierno, en un sistema de salud que durante décadas ha operado de forma fragmentada y que ahora busca consolidarse como una política de Estado.
