La desigualdad en el acceso a vacunas y tratamientos quedó al descubierto con la llegada de la covid-19. Mientras algunos países lograron inmunizar a gran parte de su población en cuestión de semanas, otros tuvieron que esperar meses e incluso años para recibir dosis que pudieron salvar miles de vidas. La experiencia dejó una lección contundente: la próxima pandemia no puede volver a encontrar al mundo dividido.
Con ese antecedente aún presente, la atención internacional se traslada esta semana a Ginebra, donde, del 27 de abril al 1 de mayo, se reanudará la sexta reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (Parte B) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un momento decisivo para el futuro Acuerdo de Pandemia que se negocia desde hace más de dos años.
El objetivo es ambicioso: construir un marco global que permita responder de forma más rápida, coordinada y equitativa ante futuras emergencias sanitarias. Sin embargo, el punto que mantiene trabadas las conversaciones sigue siendo el mismo desde el inicio: cómo garantizar que el intercambio de información científica se traduzca en acceso real a vacunas, diagnósticos y tratamientos.
El PABS, el punto más sensible de la negociación
En el centro de ese debate está el llamado Anexo sobre Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios, conocido como PABS. Este mecanismo busca establecer reglas para que los países que compartan muestras de virus o datos genéticos no queden en desventaja, sino que puedan acceder de forma equitativa a los productos que se desarrollen a partir de esa información.
Sin ese anexo, acordado en el marco del tratado aprobado en 2025, el futuro acuerdo no puede entrar en vigor. El tiempo comienza a jugar en contra: esta ronda de negociaciones es vista como una de las últimas oportunidades antes de la Asamblea Mundial de la Salud.
El trasfondo es claro. Durante la pandemia de covid-19, la distribución desigual de vacunas marcó una profunda brecha global: mientras algunos países aseguraron dosis en tiempo récord, otros dependieron de donaciones o esperaron durante meses el acceso a suministros básicos.
Esa experiencia ha convertido al PABS en el eje más sensible de la negociación. Más que un mecanismo técnico, se ha transformado en la prueba de si el nuevo sistema global de salud podrá corregir las fallas del pasado o reproducirlas bajo nuevas reglas.
Organizaciones de salud pública, como AIDS Healthcare Foundation (AHF-Panamá), han advertido que el riesgo es que, sin compromisos vinculantes, el acceso vuelva a depender del poder de compra de cada país. Por ello, han insistido en que el acuerdo debe garantizar una distribución obligatoria de beneficios en todas las fases de una emergencia sanitaria, incluyendo pandemias, alertas internacionales y periodos interpandémicos.
También han planteado que estas obligaciones no pueden quedar sujetas a negociaciones bilaterales posteriores, sino que deben definirse de antemano, incluyendo reservas de vacunas, diagnósticos y tratamientos, así como transferencia de tecnología y compromisos financieros.
Otro de los puntos que genera mayor debate es la necesidad de establecer mecanismos de trazabilidad y control mediante contratos estandarizados y registros de usuarios que eviten vacíos en el acceso y uso de la información científica.
En paralelo, también se cuestionan los modelos de “doble vía”, que separan el acceso de la distribución de beneficios, al considerarse que podrían debilitar el sistema y abrir espacios para nuevas desigualdades.
“La pandemia de Covid-19 dejó una lección clara: compartir información no garantiza acceso equitativo. América Latina, con solo el 8 % de la población mundial, concentró cerca del 30 % de las muertes. El Anexo PABS es la oportunidad para corregir esa falla estructural y asegurar que esto no se repita”, indicó Natasha Dormoi, coordinadora de AHF-Panamá.
Desde Panamá, la negociación se sigue con especial atención. El país cuenta con capacidad de vigilancia epidemiológica, aunque no produce vacunas a gran escala.
El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) ha expresado su respaldo al mecanismo de distribución equitativa y considera que su aprobación sería clave para fortalecer la preparación ante futuras emergencias sanitarias.
El PABS garantizaría a Panamá el acceso al 10 % de suministros donados y a otro 10 % a precios asequibles, una medida que podría significar una garantía real de acceso oportuno a herramientas médicas en situaciones críticas.
La discusión se extiende incluso al terreno de la propiedad intelectual, donde se plantea que las reglas deben responder a criterios de salud pública y no convertirse en una barrera para el acceso a tecnologías desarrolladas a partir de recursos compartidos.
Con las negociaciones en Ginebra, el desafío vuelve a ser político más que técnico: si el mundo está dispuesto a cerrar un acuerdo que corrija las brechas expuestas por la covid-19 o si, una vez más, la equidad quedará como una promesa pendiente ante la próxima pandemia.
