En momentos en que el Ministerio de Educación (Meduca) se dispone a invertir $273 millones en equipos tecnológicos para su sistema educativo, se reabre un debate de fondo que incomoda a las soluciones rápidas: ¿qué es lo que realmente mejora la educación? ¿La tecnología o lo que ocurre dentro del aula?
La discusión vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en las políticas públicas de la región: la apuesta por la digitalización como atajo para resolver problemas estructurales que, según expertos, están mucho más arraigados.
Para Javier González, director y cofundador del Laboratorio de Investigación e Innovación para América Latina y el Caribe, Summa, y presidente de la Agencia de Calidad de la Educación de Chile, la respuesta no está en la compra de equipos ni en la expansión tecnológica acelerada, sino en un factor menos visible, pero decisivo: las prácticas pedagógicas dentro del aula.
Así lo planteó en una entrevista concebida por La Prensa, en la que analizó el alcance de la inversión tecnológica, las debilidades del sistema educativo panameño y la evidencia internacional sobre qué funciona realmente para mejorar el aprendizaje.
Más allá del gasto: qué se logra en educación
La pregunta que atraviesa el debate es directa: ¿puede una inversión de esta magnitud en tecnología educativa mejorar la calidad del sistema educativo?
González responde desde una perspectiva de prudencia en el uso de los recursos públicos y basada en la evidencia disponible. Señala que el dinero destinado a la educación es limitado, por lo que su impacto no depende tanto de la cantidad que se invierte, sino de cómo se utiliza y en qué se prioriza.
En el caso de Panamá, recuerda que los datos internacionales muestran que el país aún no cumple con metas clave de inversión educativa, tanto en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) como con la proporción del gasto público destinado al sector. Esa brecha, sostiene, obliga a elevar el estándar de evaluación antes de comprometer inversiones de gran escala.
La evidencia: tecnología con impacto limitado
El siguiente punto del análisis se centra en la evidencia internacional. Según González, la literatura académica —incluidos estudios comparados y revisiones sistemáticas— no respalda la idea de que la tecnología educativa, por sí sola, tenga un impacto consistente en los aprendizajes.
En ese contexto, cita el Global Education Monitoring Report de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), uno de los documentos más influyentes en política educativa global, que ha advertido sobre los resultados limitados de la digitalización cuando no está acompañada de cambios pedagógicos profundos.
“La relación entre tecnología y aprendizaje es, en el mejor de los casos, débil”, resume el investigador.
Y en algunos contextos, añade, es directamente inexistente.
Más allá del impacto, González advierte sobre un problema menos visible: la sostenibilidad financiera.
La tecnología —explica— suele presentarse como una inversión única, cuando en realidad implica costos permanentes. Mantenimiento, licencias, actualización de software, reposición de equipos y soporte técnico forman parte de un gasto continuo.
En países con restricciones fiscales como Panamá, advierte, este factor puede convertirse en una carga estructural si no se planifica con realismo.
Experiencias en la región: resultados dispares
El análisis se apoya también en experiencias regionales. En algunos países, como Perú, inversiones masivas en tecnología educativa no lograron mejoras significativas en matemáticas o lenguaje.
En contraste, menciona el caso del programa Ceibal en Uruguay, que permitió avances importantes en acceso y conectividad, aunque con resultados más limitados en el impacto directo sobre los aprendizajes.
El punto, insiste, no es que la tecnología sea negativa, sino que no puede convertirse en el eje central de la política educativa.
“Lo que explica las mejoras sostenidas no es la tecnología, sino lo que ocurre dentro del aula”, afirma.
El núcleo del problema: la enseñanza
Ese es el eje central de su análisis. Según la evidencia que maneja Summa, los sistemas educativos que logran mejoras sostenidas lo hacen a partir del fortalecimiento del llamado núcleo pedagógico: la relación entre docente, estudiante y contenido.
Dentro de ese espacio identifica cuatro prácticas con impacto comprobado: retroalimentación formativa, metacognición (aprender a aprender), aprendizaje colaborativo y desarrollo socioemocional.
Estas prácticas, señala, muestran resultados consistentes en distintos países y contextos. En cambio, la tecnología, cuando se implementa sin cambios pedagógicos profundos, tiende a generar efectos marginales.
El diagnóstico para Panamá apunta a una desconexión estructural. Estudios realizados junto a actores locales indican que el acompañamiento pedagógico en las aulas es limitado, poco frecuente y poco articulado con la formación docente continua.
En muchos casos, las escuelas reciben supervisión apenas unas pocas veces al año, una frecuencia insuficiente para transformar prácticas de enseñanza consolidadas.
Para ilustrarlo, González cita modelos como el de Sobral en Brasil, donde la mejora educativa se ha basado en un acompañamiento intensivo y semanal dentro del aula.
Allí, la supervisión permite observar, corregir y ajustar la enseñanza de forma constante. Esa frecuencia, sostiene, es una de las claves del progreso sostenido.
Inteligencia artificial: promesa y riesgo
La entrevista incorpora además uno de los debates emergentes en educación: la inteligencia artificial.
González reconoce su potencial, pero advierte sobre riesgos que aún no están suficientemente incorporados en la discusión pública.
Uno de ellos es el “cognitive offloading”: la tendencia de los estudiantes a delegar procesos cognitivos en sistemas de inteligencia artificial en lugar de desarrollarlos por sí mismos.
A ello se suman preocupaciones socioemocionales: menor capacidad de atención sostenida, aumento de la ansiedad y reducción de la tolerancia a la frustración. Incluso, menciona estudios que alertan sobre posibles efectos en la formación ética de los estudiantes cuando los sistemas refuerzan decisiones sin suficiente cuestionamiento crítico.
Para González, el desafío no es rechazar la tecnología, sino definir su lugar dentro del sistema educativo.
Debe estar —insiste— subordinada a un modelo pedagógico claro, con docentes preparados y objetivos de aprendizaje definidos.
El problema de fondo, sin embargo, es más amplio.
Brechas territoriales, desigualdad de acceso, limitaciones en zonas rurales e indígenas y problemas de alimentación escolar siguen afectando directamente el aprendizaje.
“Un niño que no está bien alimentado o que no asiste con regularidad a clases difícilmente puede aprovechar cualquier herramienta educativa”, advierte.
Evaluar para decidir
El último componente del análisis apunta a la evaluación. González insiste en la necesidad de sistemas robustos y sostenidos de medición del aprendizaje.
Menciona pruebas internacionales como PISA de la OECD, junto con evaluaciones regionales y pruebas formativas que permitan tomar decisiones basadas en evidencia.
Sin esos instrumentos, advierte, la política educativa opera a ciegas.
Hacia el final de la entrevista, González sintetiza su visión en una idea central: los sistemas educativos no mejoran por acumulación de tecnología, sino por la transformación sostenida de lo que ocurre dentro del aula.
Esa transformación requiere tiempo, acompañamiento, evaluación y continuidad.
En ese marco, la inversión de $273 millones no es descartada, pero sí relativizada.
Puede ser un componente, afirma, pero no el eje del sistema.
La advertencia final no apunta contra la tecnología, sino contra la ilusión de que pueda sustituir reformas estructurales pendientes. El desafío, concluye, no es digitalizar la educación, sino lograr que enseñar y aprender cambien —de forma real, medible y sostenida— dentro del aula.
