La cosecha de café en Costa Rica, que cada año recibe a miles de familias indígenas panameñas en busca de sustento, también revela una tragedia poco conocida: niños que mueren mientras acompañan a sus padres en esta migración laboral.
Un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la principal institución de investigación criminal de Costa Rica, revela que, entre 2020 y febrero de 2026, al menos 19 menores de edad —hijos de trabajadores Ngäbe-Buglé procedentes de Panamá— murieron en la zona cafetalera de Los Santos, víctimas de enfermedades prevenibles, condiciones precarias de alojamiento y un limitado acceso a los servicios de salud.
En el denominado Eje Cafetero del sureste costarricense, donde cada temporada llegan cientos de familias desde Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas para participar en la recolección del grano, la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes ha convertido a los niños en las principales víctimas de un sistema que, según la investigación judicial, presenta graves fallas en materia de protección social y atención sanitaria.
La zona cafetera
La zona cafetalera de Los Santos se extiende por unos 863 kilómetros cuadrados y comprende comunidades ubicadas entre las montañas del sureste de Costa Rica. Allí, la llegada de trabajadores temporales representa un motor económico fundamental durante los meses de cosecha, pero también expone las profundas desigualdades que enfrentan las familias migrantes que cruzan la frontera para sobrevivir.
El recorrido de estas familias suele comenzar en comunidades del sur de Costa Rica, como San Vito o Pérez Zeledón, antes de emprender el ascenso hacia las zonas altas cafetaleras. En autobuses públicos o transportes contratados por intermediarios, atraviesan el Cerro de la Muerte hasta llegar a cantones como Dota, Tarrazú, León Cortés y Frailes.
El cambio de ambiente representa uno de los primeros desafíos. Muchas familias dejan atrás zonas cálidas de Panamá y se instalan en montañas donde las temperaturas pueden descender considerablemente durante la temporada de cosecha. Para los bebés y niños pequeños, este cambio climático ocurre en medio de condiciones habitacionales que, según el informe del OIJ, no siempre garantizan protección adecuada.
Al llegar a las fincas, los trabajadores son ubicados en estructuras temporales conocidas popularmente como “baches”. Estos espacios, construidos para alojar a los recolectores durante la temporada, presentan en muchos casos deficiencias estructurales, falta de servicios básicos y una ubicación alejada de centros médicos o comercios.
La investigación judicial describe viviendas improvisadas, hacinamiento y familias completas compartiendo espacios reducidos. En algunos casos, los albergues se encuentran en zonas de difícil acceso, donde la falta de transporte, comunicación y atención sanitaria inmediata aumenta los riesgos, especialmente cuando un niño presenta síntomas de enfermedad.
El informe señala que algunos patronos han normalizado estas condiciones al comparar la situación de los trabajadores con las dificultades que enfrentan en sus comunidades de origen en Panamá. Esa percepción, advierten los investigadores, contribuye a que no se impulsen mejoras suficientes en los lugares donde permanecen las familias durante la cosecha.
La trazabilidad
En el ámbito migratorio existe el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria, creado para registrar y dar seguimiento a los trabajadores agrícolas mediante códigos QR y facilitar el control sobre aspectos laborales y sanitarios. Sin embargo, la investigación del OIJ concluye que este mecanismo no está funcionando de manera efectiva en la zona.
Uno de los principales obstáculos es la migración irregular que continúa ocurriendo por pasos montañosos, lo que dificulta que todas las familias sean incorporadas al sistema. Como resultado, algunos trabajadores y sus hijos permanecen fuera de los registros oficiales y con mayores dificultades para acceder a servicios de protección.
A esto se suma la limitada supervisión de los albergues. Aunque los propietarios de las fincas deben gestionar permisos de aforo ante el Ministerio de Salud para cumplir con los requisitos iniciales, el seguimiento durante la temporada de cosecha es prácticamente inexistente. Para el OIJ, esta ausencia de controles deja a muchas familias en una situación de abandono institucional.
Costa Rica cuenta con programas dirigidos a proteger a los hijos de los trabajadores migrantes. Entre ellos están la Comisión Institucional de Asuntos Migratorios y las llamadas Casas de la Alegría, centros de atención para niños de entre 0 y 12 años que ofrecen alimentación, cuidado y seguimiento básico de salud con apoyo de cooperativas cafetaleras, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Estos centros funcionan durante la jornada de recolección, generalmente entre las 5:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde, mientras sus padres trabajan en los cafetales. Sin embargo, los esfuerzos existentes no han logrado detener una cadena de muertes infantiles que revela problemas más profundos.
Muertes infantiles
Los datos recopilados por el OIJ muestran la magnitud del problema. Un estudio realizado entre enero de 2020 y febrero de 2026 identificó inicialmente 17 muertes infantiles en la región. Tras una revisión específica de casos vinculados con la población Ngäbe-Buglé, la cifra aumentó a 19 levantamientos de cuerpos. La mayoría de las víctimas eran menores panameños.
La bronconeumonía aparece como el principal enemigo silencioso. Diez de los 19 fallecimientos estuvieron relacionados con esta enfermedad respiratoria, que afecta los pulmones y que, según los investigadores, pudo haberse evitado en muchos casos mediante vacunación, atención médica temprana y seguimiento preventivo.
Los registros también incluyen otras tragedias: muertes asociadas a parasitosis intestinal, fallecimientos durante partos realizados en condiciones inadecuadas y suicidios de adolescentes. Uno de los casos más alarmantes ocurrió en un albergue de Frailes, donde un bebé de 10 meses murió mientras otros ocho niños presentaban problemas respiratorios graves sin recibir atención médica oportuna.
Para el OIJ, el punto común en estos casos es la falta de acceso efectivo a la salud preventiva. La investigación sostiene que muchas de estas muertes pudieron evitarse con medidas básicas como completar los esquemas de vacunación, detectar enfermedades a tiempo y establecer canales de comunicación efectivos entre los patronos y las autoridades.
Más allá de los fallecimientos, el informe advierte sobre un proceso de “deshumanización” de la población migrante. Los investigadores cuestionan que una actividad económica que depende de miles de trabajadores temporales no siempre esté acompañada de las garantías mínimas de salud, seguridad y dignidad para quienes participan en ella.
El documento aclara que el objetivo no es señalar a los productores cafetaleros, cuya actividad es fundamental para la economía local, sino exigir una mayor responsabilidad institucional y empresarial. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y las municipalidades deben fortalecer las inspecciones y garantizar que las familias tengan mecanismos efectivos para solicitar ayuda cuando un menor enferma.
Nuevas medidas
En medio de este escenario, Panamá y Costa Rica anunciaron este sábado 18 de julio que buscan fortalecer la protección sanitaria de esta población migrante. Ambos países firmaron un Memorando de Entendimiento para implementar el Carné Sanitario Binacional, una herramienta que permitirá dar continuidad a la atención médica de los trabajadores agrícolas Ngäbe-Buglé durante sus desplazamientos temporales.
El acuerdo, suscrito por los ministros de Salud de Panamá y Costa Rica, establece un sistema para compartir información clínica bajo protocolos de confidencialidad, incluyendo registros de vacunación y seguimiento de enfermedades crónicas.
La medida busca reducir las barreras de acceso a los servicios de salud que enfrentan estas comunidades durante la movilidad laboral entre ambos países y fortalecer la vigilancia epidemiológica en las zonas fronterizas. El carné tendrá una vigencia de seis meses y comenzará a distribuirse cada julio, coincidiendo con los ciclos de migración agrícola.
Para las autoridades el carné representa un primer paso para garantizar continuidad en la atención médica de una población que cruza fronteras siguiendo la temporada agrícola. Sin embargo, el desafío sigue siendo mayor: asegurar que las familias Ngäbe-Buglé que sostienen la cosecha de café no tengan que enfrentar la enfermedad y la pérdida de sus hijos en medio de la búsqueda de un mejor futuro.
