Las asociaciones de padres de familia de las escuelas oficiales del país contarán con un nuevo marco regulatorio tras la entrada en vigor de la Ley 544 del 21 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial.
La nueva normativa, que deberá ser reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo de seis meses, regula la organización y el manejo de los fondos de las asociaciones de padres de familia de los centros educativos oficiales de educación básica general y media del Ministerio de Educación (Meduca). Además, establece mecanismos de rendición periódica de cuentas ante los padres de familia y acudientes.
La ley fue impulsada por la diputada independiente Patsy Lee, quien explicó que la iniciativa surgió tras las denuncias de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de estas asociaciones registradas en los últimos años.
Según Lee, en cinco centros educativos se han presentado denuncias por un monto superior a 188 mil dólares. Entre los casos mencionó el IPT Don Bosco, con presuntas irregularidades por 124 mil dólares; el Colegio José Remón Cantera, con más de 17 mil dólares; y la Escuela Stella Sierra, con alrededor de 15 mil dólares, entre otros.
Entre los cambios más importantes, la Ley 544 establece una nueva estructura para las asociaciones de padres de familia, integrada por la Asamblea General, como máxima autoridad; el Consejo de Delegados; y la Junta Directiva. Asimismo, crea el Consejo de Vigilancia, un órgano autónomo encargado de fiscalizar las actividades y supervisar el manejo del patrimonio de la asociación.
En cuanto al control de los recursos, la norma dispone que todos los aportes y donaciones deberán depositarse exclusivamente en una cuenta corriente de un banco estatal, con el fin de garantizar un manejo transparente de los fondos.
Además, establece que todos los pagos deberán efectuarse mediante cheque con la firma conjunta del presidente y el tesorero, y prohíbe el uso de efectivo, salvo para gastos menores a través de una caja menuda, cuyo monto no podrá superar los 500 dólares.
La Junta Directiva también estará obligada a presentar informes financieros trimestrales y anuales, los cuales deberán publicarse en los murales escolares o en plataformas digitales para conocimiento de toda la comunidad educativa.
En materia de sanciones, la Ley 544 considera faltas graves el uso indebido de fondos, la manipulación de procesos electorales y los actos de discriminación o acoso. Las sanciones van desde amonestaciones escritas hasta la inhabilitación por cinco años para integrar cualquier asociación de padres de familia.
Por su parte, Ariel Hughes, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anpafa), advirtió que la Ley 544 abre un debate sobre su constitucionalidad al ampliar el destino de los fondos administrados por estas organizaciones.
A juicio de Hughes, el artículo 44 permite que los recursos se utilicen para financiar seguros colectivos, infraestructura, equipamiento escolar, comedores, tutorías y otros servicios que, según la Constitución, deberían ser responsabilidad del Estado.
Hughes sostuvo que el principal cuestionamiento no radica en las medidas de transparencia y rendición de cuentas incorporadas por la ley, sino en la posibilidad de trasladar progresivamente a los padres de familia responsabilidades que corresponden al Estado. A su juicio, esta situación podría generar desigualdades entre los centros educativos.
El dirigente consideró que las leyes deben ampliar derechos y no generar dudas sobre su compatibilidad con la Constitución. Agregó que, si existen fundamentos para considerar que la Ley 544 excede los límites establecidos por la Carta Magna y otras normas de protección de la niñez y los derechos humanos, esos argumentos deberán ser analizados por la jurisdicción constitucional.
