El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su desacuerdo con una propuesta de ley que busca imponer el uso obligatorio de sillas de retención para niños.
Según el mandatario, la ley no tiene sentido, ya que los autobuses escolares son los principales medios de transporte donde los niños, muchos de ellos menores de siete años, se movilizan sin el uso de cinturones de seguridad.
“Los buses colegiales son donde verdaderamente transitan niños de distintas edades, más o menos de siete años, sin cinturón. No tiene sentido imponer esta ley”, afirmó Mulino durante su intervención.
El presidente también indicó que, por el momento, no aprobaría dicha ley y que probablemente optará por vetarla. “Le he pedido al abogado que me analice las leyes, que las revise bien, porque lo más seguro es que esta ley sea vetada por inconveniente”, añadió Mulino.
Mulino reiteró la importancia de evaluar cuidadosamente las leyes antes de su promulgación para garantizar que no generen inconvenientes innecesarios.
De hecho, la diputada Yarelis Rodríguez, de la coalición Vamos, quien propuso el proyecto de Ley 52, “que regula el uso obligatorio de las sillas de retención infantil” para niños cuya altura sea menor a 135 centímetros, solicitó la tarde de este miércoles 2 de abril, en el pleno de la Asamblea Nacional, al presidente de la República, que no firme la ley.
Rodríguez, durante el periodo de incidencia en el pleno legislativo, indicó que han escuchado diversas opiniones sobre el proyecto de Ley 52, el cual fue aprobado el pasado 26 de marzo. Señaló que “cuando el pueblo habla, debemos escuchar, y escuchar también es legislar”, por lo que, debido a la situación económica, que no es sostenible según lo manifestado por el pueblo panameño, solicitó al mandatario que no firme el proyecto de ley.
La diputada manifestó que la intención del proyecto de ley era garantizar la seguridad de los niños. “Hemos escuchado a muchos padres dar su testimonio de haber perdido a sus hijos en accidentes o, peor aún, quedar afectados de por vida. Esa era la intención del proyecto de ley, al igual que el uso del cinturón de seguridad”.
Tras esta breve intervención, de un minuto, que es el tiempo asignado a cada diputado en el periodo de incidencia, Rodríguez reiteró su petición al presidente Mulino para que no promulgue el proyecto de Ley 52, que obligaría a los panameños a adquirir sillas de retención para los automóviles particulares.
La nueva legislación establece sanciones estrictas para los conductores que no cumplan con sus disposiciones. Aquellos que sean sorprendidos transportando a un niño sin la silla de retención adecuada deberán pagar una multa de $100.00, perderán 5 puntos en su licencia de conducir y estarán obligados a asistir a un curso intensivo sobre seguridad vial y el uso correcto de las sillas de retención infantil, impartido por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
El documento aprobado también establece que, si el conductor reincide y es sorprendido nuevamente transportando a un niño sin la silla de retención adecuada, la multa ascenderá a $200.00, se le restarán otros 5 puntos de su licencia y deberá asistir a una segunda capacitación obligatoria. Además, en este caso, su licencia será suspendida por un período de dos meses.
En caso de que el conductor cometa una tercera infracción o más, la multa aumentará a $500.00, con la correspondiente pérdida de 5 puntos en su licencia por cada nueva infracción. Además, deberá asistir a un curso intensivo sobre seguridad vial y el uso adecuado de las sillas de retención infantil, y su licencia será suspendida por tres meses.
