El anteproyecto de ley que se encuentra actualmente en la Asamblea Nacional, con el objetivo de tipificar de manera específica el homicidio culposo y las lesiones derivadas de la mala prestación de servicios de salud en Panamá, ha generado oposición de los gremios médicos del país.
La iniciativa contempla sanciones proporcionales que incluyen privación de libertad e inhabilitación profesional para quienes incurran en negligencia médica.
El Colegio Médico de Panamá ha expresado su rechazo, argumentando que la propuesta criminaliza el acto médico y contradice los principios fundamentales de la profesión: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.
Según el gremio, la iniciativa trata a los médicos como posibles criminales, sin diferenciar entre eventos adversos inevitables de la práctica clínica y casos reales de negligencia, impericia o inobservancia de normas, ya contemplados en la legislación vigente.
En una carta enviada el 24 de septiembre de 2025 al presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, Edwin Vergara, la presidenta del Colegio Médico, Raquel Gutiérrez de Mock, señaló que no han tenido comunicación con la diputada independiente Yamireliz Chong, proponente de la iniciativa, lo que genera preocupación por la falta de diálogo previo con los profesionales afectados.
Asimismo, Gutiérrez de Mock solicitó a Chong copias de las notas enviadas al gremio sobre el tema de mala praxis y le extendió una invitación a sumarse a un diálogo constructivo en torno al proyecto de seguridad del paciente y calidad de la atención, que el Colegio Médico tiene previsto presentar próximamente a la Asamblea Nacional.
La presidenta del gremio advirtió que la aprobación del anteproyecto podría generar un ambiente hostil en los servicios de salud, desmotivar a los profesionales a continuar ejerciendo en el país y poner en riesgo la confianza de la población en la atención médica.
“El efecto sería devastador para la relación médico-paciente y podría derivar en una fuga de talento que afecte directamente la calidad del sistema sanitario”, enfatizó Gutiérrez de Mock.
Chong respalda iniciativa
Por su parte, la diputada independiente Yamireliz Chong defiende la iniciativa como un mecanismo necesario para proteger la vida, la dignidad y los derechos de los pacientes. “Hoy nos convertimos en puente de las voces de ciudadanos que han sufrido pérdidas irreparables debido a errores evitables en la atención médica. Esta iniciativa busca garantizar justicia y seguridad en los servicios de salud”, afirmó Chong.
La diputada aclaró que el Código Penal panameño contempla delitos culposos de manera general, pero carece de una tipificación específica para los casos de mala prestación de servicios de salud. Este vacío legal, señaló, dificulta la sanción justa de conductas negligentes y genera inseguridad jurídica tanto para pacientes como para sus familias.
Chong enfatizó que la ley no busca responsabilizar a un médico por la falta de equipo o recursos en un hospital. “Si un médico actúa dentro de la Lex Artis Médica, no debe ser castigado. La iniciativa solo pretende sancionar a quienes incurrieron en negligencia, impericia o descuido evitable”, explicó.
Destacó que la mala prestación de servicios de salud tiene consecuencias graves e irreparables: pérdida de vidas humanas, lesiones permanentes y un deterioro significativo de la confianza ciudadana en el sistema sanitario. Por ello, considera necesaria una norma específica que reconozca la gravedad de los daños ocasionados por negligencia médica y que establezca sanciones proporcionales, incluyendo la inhabilitación profesional durante el mismo término de la pena.
Actualmente, el Código Penal sanciona de manera general los delitos de homicidio culposo y lesiones personales, sin distinguir entre hechos de distinta naturaleza y trascendencia social. Este enfoque, según Chong, genera impunidad y dificulta acreditar la responsabilidad penal de profesionales o instituciones de salud.
El anteproyecto también busca ofrecer un marco normativo más claro y seguro para la atención de pacientes, promoviendo una cultura de seguridad y ética profesional.
En este contexto, Chong presentó cifras que evidencian la magnitud del problema: en 2023 se registraron 54 casos de mala praxis, mientras que en 2024 se realizaron 62 reuniones para evaluar denuncias ante el Consejo Médico Forense. Del total de afectados, un 55% eran mujeres y un 34% adultos jóvenes.
La propuesta ha generado un intenso debate en los ámbitos académico y profesional, enfrentando dos visiones: la de los gremios médicos, que advierten sobre un posible impacto negativo en la motivación y ejercicio de la profesión, y la de quienes defienden el proyecto como un paso necesario para garantizar la protección de los pacientes y la justicia frente a errores evitables.
Chong sostiene que aprobar la iniciativa sería un avance para consolidar un sistema de salud más seguro, ético y responsable, asegurando sanciones proporcionales y justas para quienes violen normas de atención médica.
Al mismo tiempo, busca reforzar la confianza ciudadana en el sistema sanitario y en la justicia penal, enviando un mensaje claro: la vida y la salud son bienes jurídicos supremos cuya protección requiere medidas concretas frente a conductas culposas.
Este medio consultó a Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares, quien señaló que “no podemos opinar sobre algo que desconocemos, ya que no hemos sido invitados a participar, escuchar ni aportar, pese a ser quienes hemos denunciado estos hechos desde 1996, comenzando por el caso de mi nieto. Durante todos estos años, hemos brindado orientación y formación a quienes han acudido a nuestra organización sin fines de lucro, además de apoyar a quienes se han formado en este ámbito”.
Barés agregó “dejamos claro de antemano que no creemos que nadie estudie medicina ni atienda pacientes con la intención de poner en riesgo sus vidas por irresponsabilidad. Es fundamental leer el anteproyecto y no convertirlo en una cacería de brujas, porque eso sería totalmente injusto”.
