Manejo de fondos y aulas rancho, retos en educación

A pesar de que las escuelas cuentan con fondos para mejoras y que suman más de $140 millones, aún no se utilizan. Directores y docentes señalan que la plataforma de cotizaciones es engorrosa.

Manejo de fondos y aulas rancho, retos en educación
Representantes del sector educativo deben tratar la próxima semana los acuerdos alcanzados en la mesa única a propósito de mejorar la educación que reciben los estudiantes. Archivo

El manejo y uso eficiente de los fondos que se asignan a las escuelas oficiales, así como la erradicación de las aulas rancho son dos desafíos que enfrenta el sistema educativo.

Estos dos temas fueron parte de los acuerdos que se alcanzaron en la mesa única. Como parte de ello, se acordó modificar el Decreto Ejecutivo 439 de 2020, que regula la Ley de Contrataciones Públicas, en el sentido de brindar la opción de “exceptuar” el uso de la plataforma de cotizaciones en línea a las compras, para agilizarlas.

Además, erradicar las mil 200 aulas rancho que existen en la geografía nacional, y construir escuelas dignas.

Ricardo Sánchez, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Educación (Meduca), subrayó que en el caso del Decreto 439, lo que se busca es que los administradores de las escuelas puedan llevar a cabo compras menores de $10 mil, sin tener que publicarlas en el portal Panamá Compra.

Según Sánchez actualmente los centros educativos manejan recursos provenientes de tres tipos de fondos: Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), fondos agropecuarios y los que emanan de la autogestión de las escuelas.

En total, estos recursos suman $140 millones, no obstante, no son utilizados. El principal argumento de los gremios magisteriales es lo “complejo” que resulta llevar a cabo esas compras.

En ese contexto, subrayó Sánchez, ahora estas compras menores de $10 mil se harían a través del mecanismo de cotizaciones, y serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación, de manera que se haga buen uso de los recursos en temas como reparaciones o compra de materiales.

También dejó claro que esto será una medida “temporal” y que irá de la mano con una capacitación sobre el uso del portal Panamá Compra, para que los directores y administradores de las escuelas puedan usar mejor la plataforma en línea.

Se espera que las modificaciones al decreto sean presentadas por la Dirección de Contrataciones Públicas el próximo sábado 13 de agosto, cuando se instale una mesa con los actores del sector educativo.

Tarea pendiente

La erradicación del 100% de las escuelas y aulas rancho no será posible durante esta administración gubernamental (2019-2024).

Ya lo dijo en marzo pasado el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, cuando señaló que no podía “mentirle” al país diciendo que tendrá listas más de 900 “aulas rancho” en la comarca Ngäbe Buglé.

Sus palabras fueron: “tenemos personal en la comarca. El compromiso que he adquirido es de erradicar un 70% de esas aulas rancho. No es fácil, la accesibilidad es complicada en esas áreas”, puntualizó.

El viceministro de Infraestructura explicó que en el país hay unas 900 aulas rancho de las mil 200 que encontraron cuando ingresó la administración. “Se reemplazará un 70% de las 900 con el compromiso que las comunidades indígenas y rurales no sigan construyendo más de estas infraestructuras”, detalló.

Una de las soluciones para este tema y que están implementando en algunas zonas es el uso de aulas modulares, ya que son menos costosas.

De acuerdo con Sánchez, el principal problema que enfrentan para realizar estas obras es que en varias de esas escuelas no hay caminos de acceso para llegar y eso dificulta movilizar el material. “Se trata de un asunto complejo y costoso, aunque en lo que va de administración hemos erradicado unas 300 aulas de este tipo”, acotó.

Los tres gobiernos previos al de Cortizo intentaron eliminar este tipo de estructuras en áreas de difícil acceso donde se imparten clases, pero no pudieron. La mayoría de las aulas rancho están en las comarca Ngäbe Buglé y regiones rurales del país como Capira, en Panamá Oeste, y también en las provincias de Darién y Veraguas.


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