La directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Antonia Cárdenas, confirmó que en la última semana se registraron dos episodios graves dentro de un albergue estatal, protagonizados por un grupo minoritario de adolescentes que incurrieron en actos violentos y delictivos, lo que ha encendido las alarmas sobre las condiciones y el modelo de atención en estos centros.
El primer incidente se registró el pasado 24 de marzo en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde 15 menores se evadieron de las instalaciones tras provocar varios disturbios. De este grupo, la entidad reportó que cinco menores ya han sido ubicados.
El segundo episodio se registró el 30 de marzo, cuando nuevamente se produjeron desórdenes protagonizados por un grupo de adolescentes, que incluso comprometieron la seguridad e integridad de niños, niñas, adolescentes y del personal administrativo.
Ante este panorama, la directora de la Senniaf aseguró que los involucrados en los hechos mencionados “han cruzado todas las líneas… han vandalizado oficinas, han atrincherado al personal, han hurtado, han dañado propiedad del Estado, han amenazado con incendiar a sus compañeros vivos dentro de sus casitas y han introducido sustancias ilícitas”.
La funcionaria reconoció que estas acciones, protagonizadas por una población minoritaria, contaminan al resto y atentan contra la misión de la institución de proteger a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Tras estos incidentes, se activaron los protocolos de emergencia con la participación de la Policía Nacional, que intervino como observadora para restablecer el orden y permitió rescatar a los grupos más vulnerables dentro del albergue, incluidos menores con discapacidad y una madre con su bebé. “Nos tomó hasta la madrugada poder sacarlos y conseguir espacios donde nos los aceptaran; nadie quería recibirlos a esa hora”, relató Cárdenas.
Este nuevo episodio se suma a una serie de cuestionamientos que, en los últimos años, han rodeado el sistema de albergues bajo tutela del Estado, particularmente tras denuncias de deficiencias estructurales, falta de personal especializado y debilidades en la supervisión.
En ese contexto, la directora advirtió que la convivencia de jóvenes con diferentes problemáticas dentro de un mismo centro representa un riesgo.
“No somos un centro correccional; somos un albergue que protege a niños vulnerados. Hay conductas que no pueden tratarse dentro de estos espacios”, subrayó.
Como parte de las medidas inmediatas, la Senniaf evalúa reubicar a ciertos menores que requieren atención especializada y fortalecer la articulación con otras instituciones.
Además, Cárdenas reconoció fallas internas, como la ausencia de rutinas estructuradas. “No hay un cronograma de actividades. Los niños se levantan a la hora que quieren; no hay disciplina. Eso tenemos que corregirlo”, indicó.
En esa línea, la directora anunció la implementación de un plan integral que incluye horarios definidos para actividades diarias, asistencia escolar y recreación, con el objetivo de recuperar el enfoque formativo y de protección.
También hizo un llamado a la sociedad y a otras entidades a involucrarse en la solución. “Estos son los hijos de Panamá… todos somos responsables. Corregir también es amor”, expresó.
La directora insistió en que el reto no solo pasa por recursos, sino por una atención diferenciada según cada caso. “No es negarles el acceso, es entender que necesitan tratamientos distintos y ubicarlos donde realmente puedan recibir la ayuda adecuada”, afirmó.
