El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) creó el Equipo Multidisciplinario Especializado (EME), una instancia destinada a fortalecer la lucha contra los delitos ambientales y las infracciones administrativas. La creación de este organismo quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 2 del 29 de diciembre de 2025.
Según el documento publicado en la Gaceta Oficial, firmado por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro y el presidente de la República, José Raúl Mulino, el EME Ambiental tendrá funciones en materia de prevención, detección, investigación y control de las faltas administrativas ambientales, entre otras disposiciones.
Su base legal se sustenta en el artículo 10 de la Ley 8 del 25 de marzo de 2015, mediante la cual se creó el Ministerio de Ambiente.
El EME operará bajo la dirección de MiAmbiente y estará integrado por diversas instituciones de seguridad del Estado, entre ellas la Policía Nacional, el Ministerio Público y los servicios fronterizos, con el objetivo de fortalecer la investigación, detección y prevención de los daños al ambiente.
Entre las principales atribuciones de esta unidad se encuentran el apoyo investigativo y técnico en materia ambiental, que incluye la coordinación con el Ministerio Público en casos de presuntos delitos ambientales y de ordenamiento territorial; el respaldo técnico a MiAmbiente en inspecciones y procedimientos administrativos sancionadores; y el acompañamiento en la presentación de denuncias y en la realización de diligencias relacionadas con posibles delitos ambientales.
Asimismo, el EME será responsable de la elaboración de informes técnicos para procesos administrativos y penales, la emisión de reportes periódicos de seguimiento y resultados, el apoyo en investigaciones internas por presuntas faltas administrativas o disciplinarias, así como el cumplimiento de otras funciones que le asigne el ministro de Ambiente.
El decreto también detalla la estructura organizativa del equipo, establece un comité de coordinación y define las responsabilidades legales específicas que serán compartidas entre las autoridades ambientales y las instituciones de seguridad pública.
