El Ministerio de Ambiente (Miambiente) se opuso formalmente a la posible reapertura del centro penitenciario en la isla Coiba, al considerar que la propuesta es “ilegal, improcedente y contraria al interés del Estado”, en medio de decisiones recientes vinculadas al uso del área para fines de seguridad.
La posición quedó establecida en una carta fechada el 10 de junio de 2026, enviada por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. En el documento se exponen fundamentos jurídicos, técnicos y ambientales que, según la entidad, hacen inviable cualquier intento de reactivar un centro penitenciario en la isla.
Miambiente recordó que el Parque Nacional Coiba fue creado mediante la Ley 44 de julio de 2004 y se encuentra bajo un régimen de protección especial que limita el uso del territorio exclusivamente a actividades compatibles con su conservación.
La normativa prioriza la protección de los ecosistemas terrestres y marinos, así como la preservación de la biodiversidad, y restringe cualquier intervención que implique infraestructura intensiva o impactos ambientales significativos.
La entidad también citó el Plan de Manejo del Parque Nacional Coiba como instrumento técnico vinculante que regula la gestión del área bajo principios de conservación, investigación científica, educación ambiental y ecoturismo.
Dicho plan establece zonas de protección absoluta donde solo se permiten actividades de muy bajo impacto. En ese sentido, Miambiente concluyó que la eventual reapertura de un centro penitenciario resulta “técnica y jurídicamente incompatible” con la zonificación vigente.
El ministerio recordó además que Coiba forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) desde 2005, condición que obliga al Estado panameño a garantizar la protección de su Valor Universal Excepcional.
El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en la inclusión del sitio en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro, advirtió la entidad.
En consecuencia, Miambiente concluyó que no existe viabilidad jurídica para reabrir un centro penitenciario en la isla.
En paralelo: traslado de 29 reclusos a Coiba
En medio de este escenario institucional, el Ministerio de Seguridad informó el traslado de 29 privados de libertad catalogados como de alta peligrosidad hacia el centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en la isla Coiba.
La operación se realizó de forma escalonada y bajo estrictas medidas de seguridad, en coordinación entre la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Según la entidad, la medida responde a una estrategia para limitar la capacidad operativa de organizaciones criminales, tras detectarse vulnerabilidades en el centro de detención de Punta Coco, desde donde algunos privados de libertad coordinaban actividades ilícitas.
El centro ubicado en Coiba está bajo administración del Senan y cuenta con unidades especializadas en seguridad y tecnología para el control de actividades delictivas.
Las posiciones contrapuestas entre Miambiente, Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad reabren el debate sobre el uso de la isla Coiba, un territorio bajo estricta protección ambiental y con estatus de Patrimonio Mundial.
Mientras una entidad advierte que no existe viabilidad jurídica para reactivar un centro penitenciario, la otra avanza en el traslado de privados de libertad hacia la isla, lo que evidencia enfoques distintos dentro del Estado sobre la gestión de un mismo territorio estratégico.
