El Ministerio de Salud (Minsa) realizó este martes 23 de junio una consulta pública con el objetivo de avanzar en la reglamentación de la Ley 514 del 1 de abril de 2026, una normativa que busca prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos, así como promover su aprovechamiento eficiente en todo el país.
La directora de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, Anais Vargas, explicó que la legislación establece un marco legal orientado a impulsar el reaprovechamiento responsable de los alimentos, priorizando su utilización para el consumo humano y promoviendo una cultura de solidaridad, sostenibilidad y eficiencia a lo largo de toda la cadena alimentaria.
Durante la jornada, Vargas destacó que el proceso de consulta permitirá recopilar aportes, experiencias y recomendaciones de los distintos sectores involucrados para fortalecer el reglamento y garantizar su adecuada implementación.
“Hoy iniciamos formalmente esta consulta pública, que nos permite recoger aportes y experiencias para fortalecer este instrumento y asegurar que su aplicación beneficie al país”, señaló la funcionaria.
La Ley 514 establece las condiciones que deberán cumplir las donaciones de alimentos. Entre ellas, que los productos cuenten con registro sanitario vigente; que el personal encargado de su manipulación posea los carnés de salud correspondientes; y que los centros de almacenamiento cumplan con las normas sanitarias establecidas por el Minsa.
La normativa también designa a la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria como la autoridad sanitaria responsable de coordinar técnicamente la implementación de la ley y garantizar la inocuidad de los alimentos destinados a la donación.
Entre los principales objetivos de la legislación se encuentran la reducción del desperdicio de alimentos mediante prácticas responsables a lo largo de toda la cadena de suministro; la facilitación de las donaciones de productos aptos para el consumo humano que anteriormente eran descartados; y el fortalecimiento de los controles para asegurar la trazabilidad y la calidad de los alimentos entregados a la población.
En la consulta pública participaron representantes del Minsa, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), la Autoridad Nacional de Aduanas y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).
Además del Banco de Alimentos de Panamá, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.
