Un fin de semana de mayo pasado, un grupo de funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) se trasladó a la provincia de Darién para atender solicitudes de la comunidad respecto a los trabajos del Minsa- Capsi de Santa Fe y la construcción del Hospital General de Metetí, pero cuatro meses después ambas obras todavía no están funcionando.
La Dirección de Infraestructura de Salud del Minsa informó que en el Minsa-Capsi de Santa Fe se han estado realizando tareas de limpieza y trabajos de impermeabilización en distintas secciones del edificio donde había goteras
También detalló que han realizado un inventario de los equipos médicos, no médicos y administrativos y que una vez culminen los trabajos y trámites legales se iniciará la gestión para poner en funcionamiento dicha instalación.
Este proyecto de $8.5 millones comenzó en 2010, pero la empresa a cargo enfrentó problemas financieros para terminarlo.
Mientras, el Hospital de Metetí forma parte, junto con los hospitales de Bugaba en Chiriquí; Amador Guerrero en Colón; y Anita Moreno en La Villa de Los Santos, del acuerdo transaccional negociado con IBT Group S.A. para la cesión y reactivación de las obras.
Este proyecto fue adjudicado por la suma de $36.5 millones, informó el Minsa.
Al respecto, la Dirección de Infraestructura de Salud informó que la aseguradora presentó al consorcio con el que finalizarán la ejecución de la obra. “Estamos trabajando en la verificación de costo entre el Minsa, la Contraloría General de la República, por lo que esta obra no estar lista este año”, indicó.
Estatus de otros Minsa-Capsi
Otros Minsa-Capsi paralizados por arbitraje internacional son el de Puerto Caimito, en la provincia de Panamá Oeste, que registra un 84.95% de avance; el de Río Sereno, en la provincia de Chiriquí, con 65.33% de avance; y el de Llano Cartí, en la comarca Guna Yala, con 54.43%.
Desde 2011, los tres proyectos están a cargo del Consorcio Omega Engineering, con el cual el Estado panameño mantiene una disputa legal desde 2016.
La representación legal del Estado en dicho proceso está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.
El consorcio reclama al menos $80 millones por supuestos daños y perjuicios causados por el Gobierno, pero la cifra podría ser superior, ya que solicita, además, el pago de intereses.
Tanto el Gobierno panameño como la empresa estiman que, sumados los intereses, la cantidad podría superar los $100 millones.
