El proceso de integración de los servicios de salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) comenzó a generar reacciones entre los médicos especialistas del Hospital Santo Tomás, quienes advierten que no debe permitirse el uso del dinero de los cotizantes para financiar la atención de personas no aseguradas.
Los señalamientos de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst) llevaron a que ambas entidades —Minsa y CSS— defendieran la integración, subrayando la necesidad de modernizar el sistema y evitar la duplicación de servicios en instalaciones que, en muchos casos, se encuentran a escasos metros unas de otras.
Según ambas instituciones, la fragmentación histórica ha drenado recursos, ha limitado la capacidad de respuesta del sistema público y ha perpetuado inequidades en el acceso a la atención.
La posición de la CSS
Para la CSS, avanzar hacia la integración no es únicamente una decisión administrativa, sino una respuesta a décadas de ineficiencia.
La entidad enfatiza que la coexistencia de servicios duplicados en centros separados por una calle ha provocado un uso irracional del presupuesto y una sobrecarga en los procesos de contratación y compras.
Citó como ejemplo que, mientras un centro tenía laboratorios funcionando, el edificio ubicado justo enfrente debía contratar personal adicional, adquirir equipos y replicar procesos que ya existían. Esto no solo representaba un gasto innecesario, sino que dejaba capacidad instalada sin utilizar.
Según la CSS, esa falta de articulación ha impedido atender a miles de pacientes que pudieron beneficiarse de una planificación más coordinada.
“Si un servicio ya existe y tiene espacio disponible en una instalación, no tiene sentido construirlo de nuevo en la de enfrente”, reiteró la CSS, comparando el escenario con “tener dos salones donde solo uno tiene maestra de dibujo; lo responsable es compartirla, no contratar otra para enseñar exactamente lo mismo”. Con esta metáfora, la institución procura ilustrar la lógica detrás de la integración y la necesidad de racionalizar los recursos.
La CSS sostiene que la integración permitirá mejorar la calidad de la atención, reducir costos repetidos, maximizar la capacidad instalada y llevar especialistas a zonas donde son escasos.
También recalcó que todo el proceso se desarrollará dentro del marco de la Ley 462, que garantiza la protección del patrimonio de los asegurados y la autonomía institucional.
La Ley 462, aprobada en marzo de 2025, establece en su artículo 142 la obligación de que la CSS y el Minsa planifiquen, coordinen e integren funcionalmente los servicios de salud, incluyendo la compensación de costos. La norma indica que las acciones conjuntas deben ejecutarse en un plazo no mayor a seis meses desde la entrada en vigencia de la reforma, lo que ha acelerado la puesta en marcha de este proceso.
Como parte de esos mandatos, el Órgano Ejecutivo oficializó la creación de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, un organismo adscrito al Minsa encargado de coordinar, vigilar y dar seguimiento a la ejecución de la integración.
Según el Decreto Ejecutivo No. 26 del 26 de noviembre de 2025, la Comisión estará integrada por cinco representantes: uno del Ministerio de Salud, quien la presidirá; uno del Ministerio de la Presidencia; uno del Ministerio de Economía y Finanzas; uno de la CSS; y un representante de los patronatos. Cada miembro tendrá un suplente, y el organismo podrá disponer de una Secretaría Ejecutiva para apoyo técnico y administrativo.
Sin embargo, ninguno de los comunicados emitidos por la CSS y el Minsa mencionó la creación de esta Comisión ni detalló quiénes la conforman. Esta ausencia llamó la atención, pues se trata de un elemento clave para comprender cómo se coordinará el proceso.
Además, la estructura no contempla la participación de representantes de pacientes, asegurados, gremios médicos ni actores independientes, lo que ha generado inquietudes sobre la transparencia y la capacidad del organismo para incorporar diversas perspectivas.
La postura del Minsa
El Minsa también respondió a una de las inquietudes más frecuentes: si la atención de personas no aseguradas recaerá sobre el presupuesto de la CSS. La institución fue enfática en señalar que no.
Explicó que, dentro del esquema de integración, cada entidad asumirá los costos de los pacientes que atienda, sin importar si el servicio se presta en sus instalaciones o en las de la otra institución.
Esto significa que la responsabilidad presupuestaria de la atención a no asegurados seguirá recayendo en el Minsa. “La integración tiene como objetivo optimizar los recursos del sistema público, eliminando servicios duplicados y garantizando un uso más eficiente de la infraestructura, el personal y la capacidad instalada”, indicó la entidad. Asimismo, aseguró que ningún paciente perderá acceso ni verá afectada su atención.
Para ambos organismos, la integración representa un paso de Estado necesario para corregir fallas estructurales, ordenar la oferta de servicios y construir un sistema más equitativo. Coinciden en que el objetivo final es desarrollar un modelo más coherente, eficiente y humano, centrado en las necesidades del paciente, independientemente de si es o no asegurado.
La discusión continuará en los próximos meses, especialmente a medida que la Comisión avance en las primeras fases de implementación. Las autoridades aseguran que el proceso se mantendrá dentro de un marco técnico, financiero y legal que permita consolidar un sistema más sostenible para el país.
En esa línea, el presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitó al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y al director de la CSS, Dino Mon, agilizar esta integración para cumplir con los plazos establecidos y responder a las demandas de un sistema de salud históricamente fragmentado.
