El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó este jueves en su conferencia semanal que vetará el proyecto de ley, que busca permitir hasta 60 días de huelga a los docentes panameños.
La propuesta, actualmente en análisis por una subcomisión de la Asamblea Nacional, ha generado polémica por su posible impacto en el sistema educativo.
“Es inconstitucional, así que será vetado”, sentenció el mandatario, quien reconoció que la legislación vigente —la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación— está desfasada, pero dejó claro que, en su opinión, la solución no pasa por ampliar el derecho a huelga.
“La piedad que imploran son los mismos que casi acaban con el sistema educativo hace unos meses. La educación no se resuelve con huelgas pagadas, se resuelve trabajando, actualizando procesos y formando buenos alumnos”, agregó.
Los docentes separados tenemos dignidad, y nadie a pedido piedad y menos a una persona que no respeta las leyes. pic.twitter.com/1KzTMvTUoX
— ASOPROF (@ASOPROF30) October 9, 2025
El proyecto de ley, presentado por el diputado Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), propone modificar el artículo 204 de la Ley 47 para garantizar el pago de salario a los docentes durante huelgas de hasta 60 días, así como el respeto a sus vacaciones y la posibilidad de reintegrarse a sus funciones en el mismo año lectivo.
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional designó una subcomisión para analizar el proyecto, integrada por los diputados Miguel Ángel Campos (Vamos), Nixon Andrade (Partido Revolucionario Democrático ) y Lilia Batista (Realizando Metas). La propuesta surge a raíz de las recientes protestas del sector educativo, que incluyeron una huelga prolongada en la que más de mil docentes vieron suspendido su salario, mientras que otros fueron reemplazados y quedaron cesantes.
Aunque el presidente Mulino admitió que el marco legal actual requiere actualización, considera que legalizar huelgas extendidas con goce de salario representa un retroceso.
Su postura refleja una línea dura frente a futuras paralizaciones en el sector público, especialmente en un contexto en el que la recuperación del sistema educativo sigue siendo una prioridad nacional tras los efectos de las protestas recientes.
