Tras su primer informe a la nación al inicio de la segunda legislatura del primer período ordinario de sesiones, el presidente José Raúl Mulino generó una reacción negativa por parte de la Federación Nacional de Personas con Discapacidad (Fenapedi). En un comunicado oficial, la organización expresó su “profunda preocupación y tristeza” al escuchar los comentarios del mandatario sobre la plantilla estatal.
La Fenapedi rechazó las declaraciones de Mulino, señalando que las personas con discapacidad, ya sea auditiva, visual, de movilidad u otro tipo, “son panameños con derecho al trabajo tanto en el sector público como privado”. Afirmaron que, al referirse a ellos como una “carga” para el Estado o las empresas, se estaba incurriendo en una forma de exclusión “perversa”.
En su misiva, la Fenapedi recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que forma parte de la legislación panameña, establece principios fundamentales como el respeto a la dignidad, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el derecho de las personas con discapacidad a acceder a entornos laborales inclusivos.
En este contexto, la Fenapedi exigió una “aclaración pública” de parte del presidente Mulino, solicitando que se reafirme el compromiso del gobierno con los derechos humanos y con la integración laboral de las personas con discapacidad, en línea con los compromisos internacionales asumidos por Panamá.
